La cíclica promesa de luchar contra la corrupción

“El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis –como lo estamos sintiendo en estos días– y nos exige todavía más voluntad, más contundencia y mejor trabajo en equipo”. Así de contundente era el presidente de la República, Juan Manuel Santos, este 16 de enero durante la toma de posesión del nuevo Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Santos le pedía a éste que pusiera a la corrupción en el primer lugar de su agenda de prioridades y presumía de lo avanzado en los seis años y medio durante los que él ha sido presidente.

De hecho, la joya de su administración es la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA) que se puso en marcha en 2013 con el Conpes 167, por el que se planificaba invertir algo más de 250 mil millones de pesos en mejoras, herramientas, legislación y nuevas instituciones para frenar el flagelo. Antes, la Ley 1474 de 2011, conocida como Estatuto Anticorrupción, prometía lo mismo.

Pasados algo más de cinco años, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia anunciaba el pasado agosto algunos avances pero, ante todo, muchos problemas. Los avances se traducen en más procesos abiertos y más sanciones (1.850 por delitos contra la administración pública), pero los castigados no suelen pasar mucho apuro. El 50% no pagaron cárcel, el 25% penaron su culpa en casa y sólo un 25% estuvo entre rejas, aunque la media de la privación de libertad no superaba los 24 meses.

Entre 2008 y 2015, la Contraloría General de la República falló 784 procesos con responsabilidad fiscal, por una cantidad total de 2,7 billones de pesos, pero sólo el 31% de las multas fueron efectivamente pagadas (43.000 millones de pesos). Es decir, la impunidad sigue mandando aunque Santos insista en mostrarse como el líder qué más ha hecho por acabarla: “La lucha contra la corrupción ha sido un objetivo de mi gobierno desde el primer día. Ahí están los hechos para respaldar estas palabras”.

Los hechos son las evidencias. Y, si bien hay más herramientas técnicas para la transparencia y se han reducido trámites y laberintos burocráticos donde se pierde la plata (portal de compras públicas, la liquidación del INCO, el portal de transparencia…), la corrupción sigue siendo una sangría que, según la Sociedad Colombiana de Economistas  le cuesta al año al país unos 4 puntos del PIB, lo que en 2016 equivaldría a unos 11 billones de pesos, 4 billones más de lo que pretende recaudar el Gobierno de Santos con la reforma tributaria recientemente aprobada. La corrupción, en boca de casi todos los ciudadanos, deja a Colombia en el puesto 83 (de 168) de los países evaluados por Transparencia Internacional en cuanto a la confianza que generan en este aspecto de la vida política y económica.

Consulta ciudadana

La Alianza Verde no ve tantos éxitos en la lucha contra la corrupción de Santos y ha entrado con este tema ya en la larga precampaña electoral que espera al país de cara a las presidenciales de 2018. Su precandidata presidencial, Claudia López, una vez que ha dado por terminado el conflicto armado, está llamando a una especie de cruzada contra la corrupción y este 17 de enero han radicado en la Registraduría una propuesta de consulta ciudadana para forzar al Congreso a legislar para autoimponerse límites.

Todos están en contra de la corrupción y no hay campaña electoral que no incluya su muerte en el catálogo de seducción ni hay alto cargo público que no se le sume a la moda de prometer el fin de la corrupción. En agosto de 2016, al tomar posesión como nuevo Fiscal general, Néstor Humberto Martínez también se animaba a prometer el fin del mal: “Vamos a quebrarle el espinazo a la impunidad (…) necesitamos una política criminal eficaz”. “El Índice Global de Impunidad del 2015 nos ubica en el deshonroso tercer lugar mundial de impunidad, después de Filipinas y México”, insistía el Fiscal.

Sigue en la misma posición Colombia a pesar del empeño de Néstor Humberto Martínez, quien denunció públicamente no solo la corrupción pública, sino también la privada. Martínez señaló tres sectores especialmente sensibles: la salud (donde calculaba un desfalco por parte de la empresa privada a las arcas del Estado de 50 billones de pesos); los macroproyectos, como el de la Ruta del Sol que tiene ahora en problemas a Odebrecht, o la corrupción en proyectos regionales que operan como consorcios y uniones temporales, en los que el fiscal pensaba que había una pérdida de, al menos, “unos 8 billones de pesos”.

 Uribe contra la corrupción

Mucho antes, en 2002, el entonces flamante presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, presentaba muchas de sus medidas contra la corrupción en Cartagena (muchas de ellas cobijadas en algo llamado Misión Anticorrupción) y aseguraba: “Tengo que pedir a los colombianos que avancemos. El pueblo colombiano está llegando a un punto de madurez muy importante. Está rebelde contra la corrupción. Hay rebeldía contra el Estado derrochador y contra el Estado clientelista”. En 2014, el senador antioqueño volvía a la carga: “En Colombia lo que se necesita es acabar con la corrupción política que en época de elecciones se expresa con la mermelada y los anuncios oficiales”.

Hoy, Uribe se defiende de la posible vinculación directa de su gobierno con uno de los últimos casos de corrupción que ocupan a la opinión publicada, el de la brasileña Odebrecht, que ha llevado a prisión al que fuera su viceministro de Transporte, Gabriel García Morales. Hay, al menos, otra veintena de altos funcionarios de los gobiernos de Uribe condenados –o son investigados- por delitos contra la administración pública o por su relación con paramilitares. Algunos de los nombres más conocidos son los de Sabas Pretelt, Andrés Felipe Arias, Diego Palacio, Alberto Velásquez o José Obdulio Gaviria.

Sin embargo, ante las informaciones que relacionan a los hijos de Uribe con Odebrecht, esta fue la respuesta del ex presidente en su incontenible cuenta de twitter: “Santos: usted ocultó reunión con Odebrecht, ocurrida cuando ya se sabía del escándalo. La de mis hijos fue antes, conocida y no de negocios”.