La fuerza pública se ensaña con el movimiento estudiantil

Desde el inicio del paro nacional en defensa de la educación pública, estudiantes instalaron campamentos, muchos de ellos al interior de las universidades públicas. Las últimas semanas han vivido intimidaciones de todo tipo por parte de la Fuerza Pública. Mientras, el ESMAD, con el uso desmedido de la fuerza, ha puesto en riesgo la integridad física de las y los estudiantes.

A pocos días de cumplir un mes de permanencia el campamento estudiantil de la Universidad Distrital, sede Macarena en Bogotá, el domingo 11 de noviembre al medio día, mientras los estudiantes estaban realizando una escuela de padres y madres, hicieron presencia a la salida de la universidad 3 camionetas del CTI de la Unidad Antiexplosivos, con una orden de inspección.

“Dos de las camionetas estaban plenamente identificadas con insignias del CTI, pero me llamó la atención un tercer vehículo sin distintivos de la institución, sin placas oficiales… puede ser que esa camioneta esté en comiso, sin embargo en principio dude de la legalidad del procedimiento», explica Jefersson Tunjano, abogado defensor de derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Una de las estudiantes se acercó a la reja de la universidad para registrar con fotografías la presencia del CTI, siendo grabada e intimidada por varios funcionarios. “Desconocemos si el celular con el que se tomaron las imágenes de la estudiante es un celular proporcionado por la institución, de uso oficial, o si fue registrada con un celular de uso personal, si es lo último el funcionario hizo algo irregular. Ellos tienen todo el derecho de grabar los procedimientos, pero éste ni siquiera había iniciado”, afirma Tunjano.

La hipótesis es que la inspección de la Fiscalía a través del CTI se debía a “que la semana anterior sonó un explosivo fuera de la universidad en horas de la noche o también hay un video en redes circulando donde se dice que aquí hay células guerrilleras y seguramente creen que hay explosivos”, comenta una estudiante integrante del campamento.

Aunque el CTI no pudo ingresar dado que no se encontraba ninguna autoridad administrativa de la universidad, preocupa que el «modus operandi de la Fiscalía en situaciones de estas características sea sumar “elementos materiales probatorios”, incluso obtenidos de forma irregular, para después presentar un caso ante la opinión pública mostrando resultados de su eficacia, todo guiado a deslegitimar las exigencias de los estudiantes, justificar el uso excesivo de la fuerza y vincularlos posteriormente a procesos judiciales», concluye Tunjano.

«Nos pasó hace unos años…hicieron un allanamiento a las 11:00 PM en fin de semana a la oficina que utilizábamos para guardar materiales del movimiento estudiantil, nos rompieron los vidrios, dejaron popó humano y dijeron que habían encontrado heroína, éxtasis y otras cosas para incriminarnos. Ahora ese es un lugar deshabitado”, recordó la estudiante del campamento.

Antes de retirase el CTI de la universidad “dijeron con un tono amenázate que iban a regresar pero esta vez con una orden de allanamiento”, menciona otra estudiante. Desde ese domingo, la seguridad privada de la universidad hace recorridos con perros alrededor de la universidad y al interior del campamento.

Foto: A.X. Gómez

Inspección, allanamiento y desalojo

La inspección la expide un fiscal mediante una orden a la policía judicial para buscar elementos útiles en una indagación penal, que fue el caso que se dio en la Universidad Distrital, sede Macarena.

El allanamiento es una orden que faculta para ingresar a un predio, recaudar medios materiales o evidencias físicas para aportar a una indagación o investigación y puede tener fines de captura. Sólo lo pueden hacer funcionarios con competencias de Policía Judicial plenamente identificados.

La orden debe contener datos específicos: dirección, linderos, cédula catastral, descripción concreta del lugar que se va allanar, entre otras características.

Posterior al allanamiento se debe hacer una audiencia con un juez de control de garantías, quien verifica si la diligencia se desarrolló como ordena la norma y sin violar ningún derecho fundamental.

Una orden de desalojo tiene como objetivo sacar a quienes estén ocupando un bien inmueble de manera ilegal -«Un campamento estudiantil no se podría equiparar a una ocupación», afirma Tunjano-. Pero el 9 de noviembre a la 1:00 AM se instalaron dos patrullas y tres policías motorizados en la entrada de la sede tecnológica de la Universidad Distrital en Bogotá: “Lo único que nosotros vamos hacer es desalojo de la universidad”, explicaba un agente en la interlocución con los estudiantes al tiempo que defendía que no debía mostrar ninguna orden.

Un fiscal no es competente para emitir una orden de desalojo, para el caso de las universidades quien tiene esta facultad es el rector.

«Se evidencia un comportamiento sistemático de la Fuerza Pública para amedrentar a los estudiantes que legítimamente están haciendo uso de su derecho a protestar. Los estudiantes han sido víctimas de múltiples intimidaciones y el objetivo que persiguen es el desalojo de la facultad aun cuando no medie ninguna orden. Buscan implantar el miedo», explica Tunjano.

Impactos irremediables

Los elementos disuasivos que utiliza el ESMAD son clasificados como armas no letales (ANL), entre estos están las granadas de mano con proyección de perdigones de goma. El Decreto 2535 de 1993, por el cuál se expide normas sobre armas, municiones y explosivos define que las armas son “todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona”, concepto contradictorio con la tipifación de las ANL según un manual de procedimiento de la Policía Nacional.

El 8 de noviembre, Kairy Movilla participaba de la movilización estudiantil por la séptima en el centro de Bogotá y fue víctima de una bola de goma del ESMAD que impactó su ojo izquierdo. “Ella lo que hace es gritar y se da vuelta para salir a correr y se desmaya por el impacto, cuando vuelve a recuperar el sentido ve que su ojo está sangrando y muy inflamado”, relata Pilar Lizcano, defensora de derechos humanos que acompaña el caso.

Keiry recibe primeros auxilios por una enfermera de la Universidad Distrital quien la remite al Hospital San José “porque la herida es muy grave”. Su atención médica se complejiza al no estar afiliada a ningún sistema de salud.

Es hospitalizada en el Hospital Simón Bolívar, allí determinan que su iris se deformó por el golpe y requiere de una cirugía en el párpado y globo ocular. El 9 de noviembre le dan de alta para esperar la desinflamación del ojo y hacer una intervención quirúrgica. “El sábado me decía que aún no veía a pesar de que su ojo ya estaba menos inflamado y sólo distinguía sombras”, cuenta Pilar. Keiry será atendida, en principio, hacia la tercera semana de éste mes y “se deberá esperar para comprobar si tras la intervención puede volver a ver”, afirma Pilar.

Organizaciones de derechos humanos han señalado la extralimitación del ESMAD y “no es adecuado sugerir que las ANL son preferibles a las armas convencionales porque generalmente causan menos daño físico”, recomienda un estudiante en su tesis de especialización de Administración en Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada.

El 14 de noviembre se cumplió un mes del paro nacional, en esté día estudiantes de la Universidad Nacional sede Bogotá registraron que en horas de la noche el ESMAD “lanzó gases y aturdidoras hacia el campus de la universidad mientras se desarrollaba un plantón y pupitrazo pacífico”, afirma en Twitter la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior.

Al igual, en la sede Medellín de la Universidad Nacional el vicerrector Juan Camilo Restrepo a través de un comunicado aseguró que “agentes del ESMAD ingresaron sin autorización a la universidad y lanzaron gases lacrimógenos”

Algunos estudiantes mencionan que en diferentes universidades en las últimas semanas se han dado sobrevuelos nocturnos, patrullaje de la Policía en horas de la noche y la madrugada, fotografías panorámicas capturadas desde viviendas aledañas a los campamentos y el ingreso del ESMAD a las sedes universitarias sin autorización.