(nota en desarrollo)
No hay espacio para la especulación. Tampoco para más silencios estatales. La inteligencia militar colombiana fue la responsable de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio político entre el año 1985 y 1993.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha hecho público el Auto SUB I – L 002 de 2026, firmado el 10 de noviembre, en el que señala directamente a miembros del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano (BINCI), del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), de la Brigada XX y de la Dirección de Inteligencia del Ejército Nacional (DINTE), en crímenes atroces “contra la Unión Patriótica (UP) y sus miembros, así como en contra de miembros de grupos insurgentes ( M-19, el EPL y las FARC)”.
Los hechos investigados ocurrieron entre 1985 y 1993 y el auto es el resultado de la decisión de la Sala de Reconocimiento de adelantar instrucción conjunta en los Macrocasos 06 “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica” y 08, “Crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”. Se trata del conocido como Subcaso Inteligencia Militar.
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La Sala ha logrado demostrar que “algunos integrantes de la Compañía de Operaciones Especiales (COE) adscrita al COICI y luego a la Brigada XX, condujeron operaciones clandestinas e ilegales en contra de dirigentes y militantes de la Unión Patriótica y de integrantes de grupos guerrilleros en Bogotá, entre los años 1985 y 1993. En el curso de estas ‘operaciones especiales’, clandestinas e ilegales, la COE detuvo arbitrariamente personas que luego fueron interrogadas y torturadas, desaparecidas forzadamente y/o ejecutadas extrajudicialmente. La Sala investigó a profundidad la Compañía de Operaciones Especiales, así como las redes, grupos organizados por ‘blancos’, agencias, fachadas y mecanismos de coordinación que hicieron posible la búsqueda, el análisis y el uso operativo de la información”.
En este auto de 692 páginas se identifican con claridad dos patrones. Uno es el de “la estigmatización, vigilancia, seguimiento, señalamiento, amenazas y asesinatos de dirigentes y militantes de la UP”. La Sala asocia a este patrón, al menos, 14 hechos con 18 víctimas. El segundo patrón macrocriminal comprende las “detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos” de integrantes de organizaciones guerrilleras en Bogotá, entre 1985 y 1993. A este patrón adscribe, al menos, 13 hechos con 15 víctimas.
Además de los centenares de testimonios, informes, expedientes de la justicia ordinaria y respuestas del Ministerio de Defensa, la Sala tuvo acceso, por primera vez, al archivo oficial de la extinta Brigada XX. Además, entre febrero de 2021 y mayo de 2026, la JEO escuchó a 23 comparecientes que pertenecieron a la BINCI, el COICI, la Brigada XX y la DINTE.
Todo contra la UP
Cuando la JEP aborda el primer macropatrón criminal —“estigmatización, vigilancia, seguimiento, señalamiento, amenazas y asesinatos de dirigentes y militantes de la Unión Patriótica (UP) en Bogotá por parte de miembros del COICI, luego Brigada XX, con el conocimiento de la DINTE, entre 1985 y 1993, con el propósito de destruir al partido político y contener un levantamiento insurreccional”— la Sala constata que las Fuerzas Militares relacionaban de manera directa a la Unión Patriótica como brazo político de las FARC, a pesar de que era un partido político legal. En ese marco, la DINTE “elaboró el listado denominado ‘UP-FARC’, con 2.624 nombres. La Sala estableció que, entre 163 dirigentes y militantes registrados allí y residentes en Bogotá, 18 habían sido victimizados antes del 11 de agosto de 1994”.
Para la estigmatización de la UP, la inteligencia estratégica militar “cumplió un papel central al producir, consolidar y circular información; al reforzar públicamente el señalamiento; y, en determinados hechos, al participar directamente en la selección, ubicación y victimización de integrantes del partido”. Pero la JEP también demuestra la participación en la persecución de grupos paramilitares, integrantes del DAS, miembros de la Policía y otras unidades militares.
La Sala estudia los casos de la detención, tortura, asesinato y desaparición forzada de Bertil Prieto, Francisco Luis Tobón, Víctor Manuel Nieto y José Alfredo Ávila en 1987, los seguimientos, señalamientos y asesinato de José Miller Chacón, en 1993, y las vigilancias y amenazas contra Aída Avella, presidenta de la UP, intensificadas en 1993 y relacionadas con posteriores ataques y con su exilio. Y concluye que hubo un “tránsito de la estigmatización genérica al señalamiento individual y de este a la violencia. También revelan que el ataque perseguía efectos que excedían a cada víctima: eliminar liderazgos, debilitar las estructuras organizativas, restringir la participación electoral, sembrar terror entre militantes y simpatizantes y reducir la capacidad del partido para actuar en la vida pública. Además de los asesinatos y las desapariciones forzadas, las amenazas y el exilio forzado fueron mecanismos eficaces para producir esos resultados”.
El patrón contra M-19, del EPL y de las FARC
El auto detalla la estrategia criminal de los agentes del estado contra víctimas que pertenecían a grupos guerrilleros y que “fueron detenidas fuera de combate, sin orden judicial, desarmadas y en sus casas, luego fueron internadas en instalaciones militares oficiales o clandestinas, interrogadas con torturas, desaparecidas forzadamente, y finalmente ejecutadas en estado de indefensión. Algunas permanecen desaparecidas”.
Los militares procedían a secuestrar a los y las militantes del M-19, del EPL y de las FARC en operaciones que denominaban como “levantamientos” y que, por supuesto “carecían de orden judicial, no se registraban y eran ejecutadas por personal que actuaba de civil y empleaba vehículos, identidades y métodos encubiertos”.
Una vez “levantadas”, las víctimas eran llevadas a instalaciones militares o a centros clandestinos donde eran interrogadas “mediante tortura física y psicológica”. La Sala encontró bases suficientes para entender que, al menos en un caso —el de Nydia Erika Bautista—, “la violencia sexual también fue empleada como forma de tortura, castigo, dominación y terror, con impactos diferenciados sobre las mujeres y sus familias”.
En la mayoría de los casos, concluye la JEP; el interrogatorio culminó con el asesinato y la desaparición del cuerpo.
Algunos casos que han servido para determinar el patrón son los deloa integrantes del M-19 Guillermo Antonio Marín Martínez, Cristóbal Triana Bergaño, Nydia Erika Bautista Arellana, Jorge Luis González Orozco, y José del Carmen Cuesta Novoa; los de los integrantes del EPL como Carlos Enrique Uribe Restrepo, Amparo del Carmen Tordecilla y Oscar William Calvo, y los de los miembros de las FARC-EP, como Luis Enrique Prieto, comandante del frente XV de las FARC-EP, y otras víctimas individualizadas en la providencia.
Las consecuencias
La Sala se concentra en detallar las consecuencias de estas brutales actividades de los agentes del Estado sobre las víctimas y sus familias. Además de la estigmatización, el exilio o las secuelas físicas y emocionales, la JEP señala que “la desaparición forzada generó una incertidumbre prolongada que impidió elaborar el duelo y obligó a las familias a reorganizar su vida alrededor de la búsqueda. La falta de respuesta institucional, la fragmentación de la información y el riesgo asumido por quienes investigaban, profundizaron los sentimientos de injusticia, indefensión y abandono. En los casos en que las víctimas permanecen desaparecidas, el daño se renueva mientras no se establezcan la suerte y el paradero de la persona”.
En el caso de la UP se describe como la estrategia militar destrozó las estructuras territoriales y políticas de la formación y como el ataque contra este partido lanzó un mensaje para “a militantes, simpatizantes y ciudadanía, restringió el pluralismo y asoció la participación política legal con un riesgo letal”.
Así, se hizo un daño irreparable a personas y organizaciones, pero —indica la Sala de Reconocimiento— también a toda la sociedad colombiana porque se produjeron “daños al ejercicio ciudadano de la democracia y a la legitimidad institucional. La persecución debilitó la libertad de expresión, asociación y oposición, frustró iniciativas de paz y redujo las alternativas políticas disponibles. La participación de agentes estatales en prácticas clandestinas e ilegales quebrantó la confianza en instituciones obligadas a proteger derechos y agravó la percepción de impunidad y desprotección”.
La responsabilidad
Lo que hace el auto es tipificar los delitos cometidos y, con base en el Derecho Internacional Humanitario, los califica como crímenes de guerra; también califica los hechos individualizados, como crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, violación, desaparición forzada y deportación. Finalmente, los homicidios, las desapariciones forzadas, los seguimientos intimidatorios y las amenazas contra miembros de la UP constituyen actos de genocidio contra un grupo político.
La providencia de la Sala ha individualizado responsabilidades en el caso de ocho comparecientes (Luis Guillermo Hernández González, Mauricio Angarita, Julio Roberto Ortega Araque, Bernardo Alfonso Garzón Garzón, Carlos Armando Mejía Lobo, Camilo Pulecio Tovar, Óscar Diego Sánchez Vélez y Álvaro Hernán Velandia Hurtado), quienes ahora deberán manifiesten si reconocen o no responsabilidad por los hechos, la modalidad de participación y la calificación jurídica que les fueron atribuidos.
A modo de ejemplo, destacamos como el auto dedica tiempo a explicar el papel de Álvaro Hernán Velandia Hurtado, quien fuera comandante de la Brigada XX y que, a pesar de negar su participación directa en los crímenes, «conocía los hechos que dieron lugar a la configuración del patrón macrocriminal (esto es, las torturas, los asesinatos y las desapariciones forzadas) y quiso su realización». Además, explica como Velandia Hurtado presionó a Bernardo Garzón garzón, cuyo testimonio en 1990 fue clave para encontrar los restos de Nydia Erika Bautista, para que se retractara (algo que hizo en 1996). Así, la Sala considera a Velandia «como COAUTOR por el crimen de guerra de homicidio y por los crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada y deportación, de acuerdo con el Derecho Internacional, así como por el crimen de genocidio, tal como se encuentra previsto en el artículo 101 del Código Penal colombiano».
Además, remite el caso del general retirado Iván Ramírez Quintero a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para que decida si hay mérito o no para acusarlo formalmente.
Finalmente, la Sala “adopta medidas para impulsar la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas. Prevé la articulación institucional mediante una mesa técnica, un plan de trabajo y participación efectiva de las víctimas; solicita consolidar información sobre lugares de inhumación, personas no identificadas, muestras genéticas y registros forenses; y pone los hechos, conductas y pruebas a disposición de comparecientes y víctimas. Estas medidas vinculan la determinación judicial con la obligación de responder a la continuidad del daño y con la centralidad de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
El análisis
La justicia transicional concluye, después de su prolija investigación, que ni la nueva Constitución de 1991, ni los acuerdos de paz con algunas guerrillas (como con el M-19, el Quintín Lame, el EPL o el PRT) ni el fin de la Guerra Fría permearon en los militares colombianos. «La Sala identifica tensiones persistentes entre las políticas civiles de paz y control institucional y la expectativa de algunos sectores militares de recuperar mayores márgenes de autonomía. En ese contexto se consolidaron mecanismos clandestinos e ilegales que permitían ejecutar operaciones, proteger fuentes y métodos, disminuir la trazabilidad de las decisiones y dificultar el control externo».
De hecho, los magistrados concluyen que si había alguna posibilidad «de vincular a las guerrillas que se marginaron del proceso político [de la Asamblea Constituyente]», estas se cerraron «definitivamente cuando las Fuerzas Militares lanzaron una operación militar contra Casa Verde, campamento central de las FARC-EP, el día en que se celebraban las elecciones para elegir a los constituyentes (9 de diciembre de 1990». La hipótesis de la Sala es que los militares reforzaron su apuesta por la «deriva clandestina de su estrategia contrainsurgente» ante las nuevas regulaciones e instituciones que emanaron de de la Constitución Política de 1991 y que bebían de la lógica de los derechos humanos, que las Fuerzas Militares entendieron como «limitaciones operativas». De hecho, un iforme de la Brigada XX fechado en 1994 ya hablaba de las nuevas leyes de derechos humanos como una estrategia «político-jurídica» de la “izquierda-subversión que continuará con la manipulación política de los derechos humanos”. «Esta apreciación de la inteligencia militar sobre los derechos humanos permite comprender por qué el espectro de estigmatización también se extendió a las organizaciones de derechos humanos y por qué no cesó con la Constitución Política de 1991», concluye el auto.
Ante la importancia y el interés del auto, reproducimos algunas de las principales decisiones de la Sala de Reconocimiento:
Primero – DETERMINAR que los asesinatos de las siguientes personas, perpetrados entre los años 1985 y 1993, constituyen crímenes de guerra de homicidio, así como crímenes de lesa humanidad de asesinato, según se explicó en las secciones F.1 y F.1.2. de esta providencia: Oscar William Calvo Ocampo, Ángela María Trujillo, Sofonías Alejandro Cossio, Antonio Emiliano Hernández Niño, Víctor Manuel Nieto, Bertil Prieto Carvajal, Francisco Luis Tobón, José Alfredo Ávila, Cristóbal Triana Bergaño, Nydia Erika Bautista Arellana, Luis Enrique Prieto, Amparo del Carmen Tordecilla Trujillo, Pedro Julio Movilla Galarcio, José Miller Chacón; así como Guillermo Antonio Marín (en grado de tentativa), Urias Antonio Oyaga Sánchez (en grado de tentativa), Alfonso Cardozo Cardozo (en grado de tentativa), María Elena Upegui Galvis (en grado de tentativa) y Luis Jairo Ramírez Hernández (en grado de tentativa).
Segundo – DETERMINAR que las siguientes personas fueron víctimas de tortura como crimen de guerra y como crimen de lesa humanidad según se explicó en las secciones F.1.2 y F.1.2.1 de esta providencia: Guillermo Antonio Marín, Antonio Emiliano Hernández, Cristóbal Triana Bergaño, Nydia Erika Bautista, Luis Enrique Prieto, José del Carmen Cuesta Novoa, Amparo del Carmen Tordecilla y Carlos Enrique Uribe Restrepo.
Tercero – DETERMINAR que Nydia Erika Bautista Arellana fue víctima de violación como crimen de guerra y como crimen de lesa humanidad, según se explicó en la sección F.1.2.1 de esta decisión.
Cuarto – DETERMINAR que las siguientes personas fueron víctimas del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada, según se explicó en las secciones F.1.2 y F.1.2.1. de esta providencia: Jorge Luis González Orozco, Guillermo Antonio Marín, Antonio Emiliano Hernández Niño, Víctor Manuel Nieto, Bertil Prieto Carvajal, Francisco Luis Tobón, José Alfredo Ávila, Cristóbal Triana Bergaño, Nydia Erika Bautista, Luis Enrique Prieto, José del Carmen Cuesta Novoa, Amparo del Carmen Tordecilla, Carlos Enrique Uribe Restrepo, Alcides Forero Hernández y Pedro Julio Movilla Galarcio.
Quinto – DETERMINAR que los exilios de las siguientes personas constituyen el crimen de lesa humanidad de deportación, según se explicó en las secciones F.1.2 y F.1.2.1. de esta providencia: Guillermo Antonio Marín, Amparo Restrepo Vélez, Fabiola Calvo, Nubia Serrano Wittinghan, Iván Motta Motta, Orceny Montañez y María Cepeda.
Sexto – DETERMINAR que los homicidios de Víctor Manuel Nieto, Bertil Prieto Carvajal, Francisco Luis Tobón, José Alfredo Ávila, y José Miller Chacón, los atentados en contra de Urias Antonio Oyaga Sánchez, Alfonso Cardozo Cardozo, María Elena Upegui Galvis, la desaparición de Alcides Forero Hernández, así como las amenazas sufridas por Mario Upegui Hurtado, Nubia Serrano Wittinghan, Iván Motta Motta, Luis Jairo Ramírez Hernández, Orceny Montañez, María Cepeda, Hernán Motta Motta, Manuel Cepeda Vargas y Aída Avella Esquivel, debido a su condición de militantes de la Unión Patriótica, constituyen actos de genocidio contra ese partido político, según se explicó en la sección F.2. de esta providencia.
Séptimo – LLAMAR a los siguientes comparecientes, para que manifiesten si reconocen
responsabilidad o no en los términos expuestos en la Sección G de esta providencia, así:
Como máximos responsables del Ejército Nacional:
Máximos responsables de la Brigada XX:
- Al SM (r) LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ a título de COAUTOR, por crímenes de guerra de homicidio, tortura y violación, así como por crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, violación, deportación y desaparición forzada, en los términos expuestos en la sección G. de esta providencia.
- Al SM (r) MAURICIO ANGARITA a título de COAUTOR, por crímenes de guerra de homicidio, tortura y violación, así como por crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, violación, deportación y desaparición forzada, en los términos expuestos en la sección G. de esta providencia.
- Al SVP (r) JULIO ROBERTO ORTEGA ARAQUE a título de COAUTOR, por crímenes de guerra de homicidio y tortura, así como por crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, deportación y desaparición forzada, en los términos expuestos en la sección G. de esta providencia.
- Al SVP (r) BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN a título de COAUTOR, por crímenes de guerra de homicidio y tortura, así como por crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, deportación y desaparición forzada, según lo explicado en la calificación jurídica que se realizó en la sección G. de esta providencia.
- Al CR. (r) CARLOS ARMANDO MEJÍA LOBO a título de COAUTOR por crímenes de guerra de homicidio y tortura, así como por crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, deportación y desaparición forzada, en los términos expuestos en la sección G. de esta providencia.
- Al TC. (r) CAMILO PULECIO TOVAR a título de COAUTOR, por crímenes de guerra de homicidio (uno en grado de tentativa) y tortura, así como por crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, deportación y desaparición forzada, según lo explicado en la calificación jurídica que se realizó en la sección G. de esta providencia.
- Al CR. (r) ÓSCAR DIEGO SÁNCHEZ VÉLEZ a título de COAUTOR por los crímenes de guerra de homicidio y tortura, conductas que al mismo tiempo constituyen crímenes de lesa humanidad; también por los crímenes de lesa humanidad de deportación y desaparición forzada y por el crimen de genocidio, en los términos expuestos en la Sección G. de esta providencia.
- Al BG. (r) ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO a título de COAUTOR por los crímenes de guerra de homicidio y tortura, conductas que al mismo tiempo constituyen crímenes de lesa humanidad; también por los crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada y deportación, así como por el crimen de genocidio, en los términos expuestos en la Sección G. de esta providencia.
Octavo – REMITIR a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, para lo de su competencia, la causa adelantada en el marco del Subcaso de Inteligencia Militar Estratégica de los Casos 06 (“Genocidio contra el partido político Unión Patriótica”) y 08 (“Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”) en contra del compareciente Mayor General (r) IVÁN RAMÍREZ QUINTERO, según se explicó en la sección H.1. de esta providencia.
Décimo Cuarto– OTORGAR a los comparecientes individualizados en la sección G el plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta decisión, con el fin de que manifiesten ante la Sala de Reconocimiento si aceptan o no la responsabilidad que se les imputa en la presente decisión. Igualmente, dentro de este mismo término, podrán pronunciarse y aportar pruebas respecto de los hechos y conductas determinados en esta providencia, así como sobre su participación individual en estos.
Décimo Noveno – INSTAR a la Unidad de Búsqueda de Personadas Dadas por Desaparecidas (UBPD) en el contexto y en razón del conflicto armado, para que conforme una Mesa Técnica con la participación del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación, y Entrega de personas desaparecidas, adscrito a la Fiscalía General de la Nación (GRUBE), del Grupo de Apoyo Técnico Forense, adscrito a la UIA-JEP (GATEF), del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-CF) de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que tienen trabajo y experticia en el tema de Desaparición Forzada en Bogotá y sus alrededores, para que, de acuerdo con el Plan Integral de Identificación se realicen, entre otras, acciones destinadas a:
- Estructurar la base de datos con las víctimas de homicidio determinadas en este Auto reportadas en Bogotá que siguen desaparecidas o cuyos cuerpos no han sido entregados a sus familias.
- Estructurar una metodología de la búsqueda de las víctimas de homicidio determinadas en este Auto que siguen desaparecidos.
- Diseñar un Plan de Intervención Técnico Forense en los lugares de interés forense, que permita realizar el diagnóstico de los PNI y los CINR, las exhumaciones e identificaciones de las posibles víctimas de desaparición forzada.
- Diseñar la metodología para la toma de muestra genética a los familiares de las víctimas de homicidio determinadas en este Auto y que continúan desaparecidas.
