La Jurisdicción de Paz arranca en un país que sigue en las trincheras

No fue un día de fiesta en el Congreso de la República. No hubo celebraciones por la aprobación del elemento central de los acuerdos de paz de La Habana. No se trató de un solemne ritual de instalación del modelo diseñado para ajustar cuentas con la historia y aportar a la verdad, la justicia y la reparación de los delitos de guerra acumulados en estas últimas décadas. El último debate sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no fue tan bronco como el del pasado 8 de marzo, pero el Senado volvió a parecerse más a un ring de boxeo que a la sede para un elegante -y necesario- debate político.

Ya hay JEP aunque, tal y como se han desarrollado los cuatro debates en el Senado de la República, habrá que esperar a su reglamentación para que todos sus elementos sean claros. Anoche, tras más de siete horas de tenso debate, se aprobó la JEP por el mecanismo del fast track por 61 votos a favor y dos en contra (los de Antonio Navarro y Claudia López). El resto del Senado se salió justo tras la intervención de Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior que recordó, antes de la votación, que el Gobierno ha aceptado un total de 83 proposiciones de los congresistas que han modificado “casi todo” el articulado de esta iniciativa.

La JEP, probablemente la piedra angular del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, ejercerá funciones judiciales y hará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Mediante la JEP, se podrá investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado, como un mecanismo de justicia transicional. Dos de los ‘matices’ importantes introducidos ayer en su último debate es que los civiles (empresarios, funcionarios, terceros…) que no hayan cometido delitos de lesa humanidad no podrán ser obligados a comparecer ante los tribunales de paz y que en su reglamentación se insistirá en que el narcotráfico no entra en genérico entre los delitos tratables por la justicia transicional. El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, que fue crítico en su intervención de ayer con muchos aspectos de la JEP, fue enfático en el tema del narcotráfico.

Las trincheras políticas

Hubo ayer varios debates. El televisado en directo por el ruidoso canal del Senado, el de las gradas, donde miembros del Movice y algunos de organizaciones de víctimas de las FARC contrarios a los acuerdos compartían con tenso respeto el espacio, el de las pequeñas manifestaciones a las puertas del Congreso, el que mantuvo ausente a la mayoría del país…

Dentro, la responsabilidad en la cadena de mando, la impunidad y la independencia de la JEP centraron la mayor parte del debate con posiciones radicalmente enfrentadas que no se aproximaron ni un ápice. Desde el esto no es la JEP sino la JEF (Justicia Especial de las FARC) del senador de Cambio Democrático Iván Duque, al asistimos a un momento histórico de Iván Cepeda, portavoz del Polo Democrático, quien aseguró que la JEP es “la más formidable herramienta de verdad, justicia y reparación que nunca ha tenido el país”, pasando por el temor de Cambio Radical a que se siente en los tribunales a los empresarios, hasta el “ahora resulta que en todo el mundo están equivocados y los únicos que tienen razón son los señores de la guerra, el uribismo” de Pablo Cruz, vocero del colectivo Voces de Paz. En las barras, y en el exterior del senado, las víctimas de crímenes de Estado reclamaban celeridad en un proceso que se ha ido dilatando con debates y ausencias, y el fin a la impunidad. “La responsabilidad con el país de concretar este Acuerdo está en sus manos, señores y señoras congresistas”, le replicaron los integrantes del Movice a los senadores que de nuevo en la plenaria de este lunes tardaron casi una hora en completar el quórum necesario para iniciar la sesión, después de que el pasado viernes se suspendiera la cuarta votación sobre la JEP por falta de senadores en la sala.

En la primera votación únicamente había 57 senadores del total de 102 que completan la Cámara. “No vamos a permitir que con propósitos partidistas y egoístas busquen desestabilizar lo logrado y dilatar la implementación de lo acordado. La falta de quórum y el ausentismo no pueden arrebatarnos nuestro derecho a la paz”, insistieron las víctimas de crímenes de Estado.

El Movice también insistió este lunes en que el tratamiento especial de la Fuerza Pública incluido en el Acuerdo de La Habana -en el que se suprime la mención del Estatuto de Roma en la definición de la responsabilidad por cadena de mando- “es una clara violación al principio de bilateralidad”. Por ello demanda “el control del poder civil sobre el militar y no ceder a las presiones que están ejerciendo algunos sectores de las Fuerzas Armadas para lograr que los crímenes de Estado permanezcan en la impunidad”.

Dentro de la sala discursos y debates que ya se han escuchado en días anteriores, en la propia Cámara, en las tertulias de televisión y en los medios escritos. Afirmaciones de lo uno y de lo diametralmente contrario. “Que dejen de mentir”, pidió Iván Cepeda a la bancada uribista que, como en debates anteriores, abandonó la plenaria una vez que intervino su portavoz.

Para Cepeda, la de este lunes era una sesión histórica porque se abre el camino para romper “el ciclo de eterna impunidad que ha habido en Colombia, genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra perpetrados por agentes del Estado, grupos insurgentes y paramilitares con el apoyo y financiación de empresas y particulares”. Para el senador del Polo, esta será la primera vez que Colombia tenga la posibilidad de ir al fondo de la verdad histórica jurídica y penal de lo ocurrido. Por ello, pidió a las uribistas que dejen de mentir porque no es cierto que los magistrados de la JEP vayan a ser elegidos por las FARC, “es una mentira indecente y cínica”, tal y como denunció en la plenaria el senador uribista Jaime Amín. “Lo que molesta y suscita pánico [al Centro Democrático] es que vaya a haber juristas independientes”.

Un ‘No’ rotundo a Claudia López

Como ejemplo de ese enfrentamiento este último debate del acto legislativo que da salida a la JEP arrancó con la votación de la ponencia presentada por la senadora del Partido Verde, Claudia López. El ‘no’ mayoritario se preveía (42 frente a 11 síes) tras el debate del pasado 9 de marzo. Su propuesta era similar a la mayoritaria salvo en algunos puntos sobre la responsabilidad de la cadena de mando en las Fuerzas Armadas y en las FARC. La senadora planteaba la posible inconstitucionalidad del acuerdo de La Habana que aplica el derecho internacional y el Tratado de Roma en el caso de las FARC pero no a los mandos militares y de policía, con el consiguiente riesgo de impunidad. Además, su propuesta extendía el régimen de responsabilidad de mando de la fuerza pública a aquellos civiles que ejercen mando. En el caso de la guerrilla, reclamaba que se incluyera, con tratamiento diferencial, a los máximos comandantes de las FARC por crímenes de lesa humanidad que hubieran podido cometer los miembros de la guerrilla que hayan estado bajo su mando.

Asimismo, la propuesta buscaba que la Procuraduría General de la Nación tuviera participación en los casos que deba resolver la JEP, acompañando a las víctimas del conflicto armado. Y sobre la reparación a las víctimas pedía eliminar las limitaciones incluidas en el Acuerdo de Paz y establecer que el Estado concurra subsidiariamente a la reparación cuando quienes causaron los daños no tengan recursos, con las fuentes de financiación para que no existan obstáculos para las víctimas. Todo fue rechazado.

El senador Roosvelt Rodríguez, del Partido de la U, fue el encargado de defender el texto oficial de la JEP y aseguró que tanto ésta como el sistema de reparación “son coherentes y no le tienen miedo al pasado”. Tras afirmar en que los acuerdos de La Habana y la JEP “no son una opción, son un compromiso que debe cumplirse” para acabar con el conflicto armado, insistió en que la JEP aplica los tratados internacionales sobre investigación, juzgamiento y sanción, si bien planteó algunas matizaciones como que la Corte Penal Internacional tiene un carácter complementario y solo se intervendría en el caso colombiano si por parte de los Estado no hay investigación y juicio de crímenes de lesa humanidad o de guerra; que el Estatuto de Roma lo que dice es que es el deber de cada Estado investigar y juzgar a los autores de los crímenes de guerra, y finalmente, que ningún país firma un tratado para que se ocupen de sus asuntos internos.

Sobre la responsabilidad o no de la cadena de mando en el caso las Fuerzas Militares, Rodríguez insistió en que a los militares y policías se les va a aplicar el Código Penal colombiano y el Derecho Internacional Humanitario y apuntó que la responsabilidad del mando de las FFMM no puede fundarse solo en el mando superior. En este sentido, planteó otros apuntes sobre cuándo se puede o no aplicar esa cadena de mando e indicó que debe demostrarse que el superior tenía “una capacidad material o directa para evitar o reprimir las conductas delictivas del subordinado” o que las FFMM tenían capacidad legal y material de emitir órdenes. Para Cepeda, no se busca el debilitamiento de la responsabilidad ni de las militares ni de la guerrilla, pero es necesario que se clarifique la cadena de mando. Y en este sentido también presentó una moción para que la Comisión de la Verdad pueda tener acceso a todas las fuentes y archivos documentales.

Los argumentos del uribismo

Los senadores del Centro Democrático que intervinieron en el debate combinando provocación con vehemencia. Iván Duque, que sostuvo la intervención más larga, aseguró que “en nombre de la paz y de la mal llamada rebelión se está dando un golpe irreparable a la institucionalidad”. Duque detalló los 13 reparos del uribismo frente a la Jurisdicción Especial de Paz, a la que denominó JEF: “Jurisdicción Especial para la Paz” porque, según el Centro Democrático, “son los victimarios más sanguinarios los que imponen una justicia a la medida de su impunidad”.

Sus argumentos estuvieron plagados de juegos de palabras. La justicia transicional es, para ellos, justicia transaccional, la autonomía judicial se convierte en dictadura judicial, el sistema de cortes (de Justicia) se debilita por una supracorte (la de la JEP)… pero además, aseguró que se convierte en anecdótica la figura del Ministerio Público, se institucionaliza la impunidad, se crea una fiscalía paralela (con la Unidad Especial para el desmonte del paramilitarismo), se homologan terroristas a Fuerzas Militares y se abre la puerta a “la mayor operación de lavado de activos [del narcotráfico] de la historia del país”.

La estrategia de Duque, investigado en el caso de Odebrecht, fue la de equiparar la corrupción a los delitos de guerra… “¿O acaso masacrar, secuestrar, violar sistemáticamente a mujeres o narcotraficar no es corrupción?”. “Nosotros”, refiriéndose al Centro Democrático, “seguiremos construyendo la paz, pero sobre la derrota de los criminales”.

Las modificaciones

Al final del tenso debate, el Ejecutivo decidió avalar varias modificaciones en la redacción del proyecto de la Jurisdicción Especial de Paz. Así lo informaron los ministros del Gobierno que ajustaron el texto mientras terminaba de hablar el Fiscal General. La inclusión en la JEP de civiles condenados por pertenencia a las FARC; cierto blindaje para civiles (empresarios y funcionarios) para que no estén obligados a comparecer ante la JEP; que el Tribunal de Paz pueda inhabilitar políticamente a miembros de las FARC; que se contemple la jurisdicción indígena; incluir un enfoque diferencial, territorial y de género en el sistema de verdad, justicia y reparación, o el tratamiento diferenciado a la erradicación de cultivos ilícitos y al narcotráfico y la revisión de cuándo estos temas son asunto de la JEP y cuando de la justicia ordinaria… Las negociaciones se dieron en medio de la plenaria y a última hora, pero eran fundamentales para que los socios del propio Gobierno votaran a favor de la JEP.

Participación de las víctimas

A este último debate se llegaba ya con la ponencia que pedía la participación de las víctimas rechazada. Sin embargo, en el exterior del Senado el Movice volvió a echar en cara al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que no haya dado espacios a las víctimas de Estado para participar en el proceso. “Exigimos un trato simétrico y equitativo en la participación del proceso de implementación, y en el respeto y garantía de nuestros derechos en todos los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. Asimismo, volvió hoy a reclamar la urgencia de la puesta en marcha de la Unidad de Investigación para el Desmantelamiento del Paramilitarismo y sus redes de apoyo como garantía de no repetición y advirtieron que mientras dilatan la implementación de un Acuerdo que les garantiza medidas de protección se sigue asesinando a líderes sociales. “Su irresponsabilidad también nos está matando”. De estas peticiones, ni una palabra en la plenaria, ni una alusión de Cristo desde el estrado.