La misión internacional concluye que el Estado colombiano ha cometido delitos de lesa humanidad contra la población civil
Han sido día de relatos duros, de encuentros con las víctimas, de visitas atravesadas por el dolor. La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos llegada a Colombia el pasado 25 de mayo ha hecho público un informe preliminar que muestra cómo el Estado “ha desplegado sobre la población civil indefensa prácticas inscriptas en la lógica bélica”, cómo ha considerado “como enemigo interior a la mayoría de su pueblo”, y cómo “sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares habrían desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores” de la población.
El duro informe de 19 páginas desgrana las tácticas utilizadas por el Estado para limitar el derecho a la protesta y recoge testimonios de víctimas en algunos de los principales focos de violencia estatal desde que el paro comenzara, el pasado 28 de abril.
La Misión, conformada por organizaciones de derechos humanos de América Latina, ha estado en Cali, Medellín, Pereira, Siloé, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá (Usme, Ciudad Bolívar, Portal de las Américas, Barrio Kennedy, Engativá, Suba), Teusaquillo, La Caldera, y Portal Norte en Usaquén, y Soacha, Facatativá y Madrid (Cundinamarca).
Explican los observadores de derechos humanos que los testimonios recogidos son abrumadores y que demuestran que “tanto la Policía Nacional en general y en especial el ESCUADRON MOVIL ANTIDISTURBIOS (ESMAD) de consuno con el Ejército, descargan en las manifestaciones y sus adyacencias una combinación de conductas y arsenal sofisticado, con severas consecuencias en el cuerpo y la psiquis de sus víctimas. Un auténtico escenario que combina fuego, humo, gas y estampida (entre otros recursos letales) es retratado por los numerosos testimonios recogidos”.
El informe destaca los ataques contra las misiones médicas, la conversión de los CAI y de las URI en centros de detención, las violaciones a la libertad de prensa y “el criterio abusivo y arbitrario de las facultades para detener, el trato cruel dispensado a los detenidos que incluye tormentos, el particular abuso con connotaciones sexuales sobre las mujeres y disidencias sexuales retenidas, [que] constituyen especiales y repudiables violaciones no sólo a los derechos sino primordialmente a la condición humana”. También dan por “acreditada la participación de civiles armados ya sea desde las mismas líneas de las fuerzas de seguridad o contando con su aquiescencia”.
Para elaborar este informe, la Misión, explica, se ha reunido con víctimas en hogares, en organizaciones e, incluso en hospitales y destaca cómo hay suficientes testimonios que hablan de un patrón de detención-desaparición y de desaparición forzada en la estrategia represora de la protesta. Pero, además, constatan que la comunidad percibe que “–más allá de excepciones- las diversas instituciones gubernamentales no asumen el compromiso que requiere el cese de esas violaciones, las investigaciones pertinentes y la efectiva vigencia de esos derechos”.
El listado de delitos cometidos por fuerzas estatales o civiles en alianza con éstas es largo, pero las principales que constata la Misión son: Desaparición Forzada de Personas, contra la vida (homicidios), contra la integridad física (lesiones oculares, lesiones varias), contra la integridad sexual (abuso sexual), contra la libertad (privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias, tortura), contra la libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta, o contra la propiedad.
La Misión lista, ciudad a ciudad, los casos documentados y el relato es estremecedor. En sus conclusiones considera que el Estado colombiano debe ser investigado por delitos de lesa humanidad y por haber tratado a una importante porción de la población civil como si se hubiera tratado de un enemigo interno.
