La ONU alerta del intento paramilitar de ocupar espacios de las FARC

Negar la evidencia no parece fácil cuando hay tantos ojos sobre el país. Hoy mismo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, era rotundo al afirmar que “en Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada”. Pero también hoy mismo, cuando la Misión de Naciones Unidas en Colombia presenta su primer informe trimestral ante el Consejo de Seguridad, la comunidad internacional podrá leer, de puño y letra del Secretario General de la ONU, António Guterres, que “un ejemplo concreto de los problemas a los que se enfrenta el país en su transición hacia la paz es que algunos grupos armados, paramilitares o de otro tipo se mueven hacia zonas abandonadas por las FARC-EP, donde quizás puedan intentar establecer violentamente su control”.

La ONU alerta así de los retos a los que se enfrenta el país y señala la urgencia “del establecimiento de una comisión nacional de garantías de seguridad y la importancia del funcionamiento eficaz de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General, entre otras disposiciones del acuerdo de paz”. El consejo de la Misión internacional contrasta con la salida esta semana de Alexandra Valencia como responsable de esa Unidad Especial, cargo que juró el pasado 13 de septiembre.

El informe de la Misión lo presenta hoy el Representante Especial del Secretario General y jefe de la Misión de Naciones Unidas en ese país, Jean Arnault. La Misión política de la ONU en Colombia fue establecida por el Consejo de Seguridad el 25 de enero de 2016 y forma parte, junto al Gobierno Nacional y las FARC, del Mecanismo de Monitoreo y Verificación refrendado por el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, firmado el 24 de noviembre pasado en Bogotá.

Dificultades iniciales

El tono del informe es optimista, a pesar de señalar problemas logísticos y de denotar que se están montando los protocolos sobre la marcha, incluido el de los costos de la Misión (“los gastos relacionados con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación han de compartirse por igual con el Gobierno. La Misión, en coordinación con las sedes y el Gobierno, está elaborando métodos para recopilar y reembolsar esos gastos. Próximamente el Gobierno reembolsará parte de los gastos que figuran en una presentación inicial de gastos”).

(Descargar el Informe Misión de la ONU en Colombia completo)

La Misión reconoce la buena voluntad de Gobierno y FARC, pero no esquiva las “dificultades iniciales en la aplicación del protocolo de cese al fuego, entre ellas plazos incumplidos, fallas logísticas y grados insuficientes de cumplimiento. Dado que el proceso de aplicación empieza en serio, es fundamental que estos problemas se resuelvan y que el proceso de aplicación se impregne de un espíritu de cumplimiento detallado e inflexible de las obligaciones contraídas en La Habana, lo que también es importante para la credibilidad y el apoyo del proceso de paz a nivel nacional e internacional”.

En sus partes más analíticas este primer informe de la Misión -deberá entregar uno al Consejo de Seguridad cada 90 días- se centra en los asuntos estructurales y en la fragilidad de la paz en territorios azotados por la guerra desde hace décadas. “(…) la transición del conflicto a la paz en Colombia se enfrenta a dificultades singulares, entre ellas una situación constante de inseguridad en las zonas rurales desatendidas por las instituciones del Estado, una economía ilícita en pleno auge y unas profundas fracturas sociales, económicas y políticas heredadas de una larga historia de conflicto”. Por eso, la ONU insiste en que ninguna de las tareas de construcción de paz consignadas en el acuerdo (reforma rural, participación política, garantías de seguridad, solución a los cultivos de uso ilícito, víctimas…) debe quedar atrasada: “La transición tendrá éxito si no se hace por partes”.

Los últimos meses no han sido fáciles en el terreno y, según, la Misión, “ha sido un período de prolongada incertidumbre política, agravada al menos por dos problemas: la persistente violencia en las zonas de conflicto y la creciente agonía en la aplicación y vigilancia del protocolo de cese al fuego”. Incertidumbre agravada por la polarización política tras el plebiscito del 2 de octubre por lo que Guterres alienta a “que se hagan esfuerzos por establecer la unidad más amplia posible en torno a la aplicación del acuerdo de paz, en particular en las zonas rurales en que la polarización, combinada con el uso generalizado de la violencia, pueda tener efectos mortales”.

El informe, terminado el 23 de diciembre, no puede hacer referencia al incidente con los verificadores que participaron de la celebración del día 31 en una zona de preagrupamiento y que ha supuesto una pequeña crisis ante la opinión publicada del país.

Intervención ante el Consejo: el desarme en las próximas semanas

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Jean Arnault, jefe de la Misión en Colombia, explicó que se espera que el proceso de desarme de las FARC pueda empezar «en las próximas semanas» y que, pese a los retrasos iniciales, el proceso pueda completarse en los plazos previstos originalmente. «Con determinación de todas las partes, no es imposible lograr ese objetivo», dijo al Consejo.

Explicó que es factible revisar los calendarios y efectuar ciertos ajustes para cumplir con el periodo de 180 días establecido para la dejación de las armas y la desmovilización de la guerrilla. De acuerdo con la ONU, al no haberse podido completar antes del 1 de enero los 26 puntos de reagrupamiento, tampoco será posible completar para el 30 de enero la destrucción de munición inestable, tal y como estaba previsto.

Naciones Unidas mantiene el optimismo sobre el proceso de paz pese a las dificultades, sobre todo logísticas, que se han presentado.

La embajadora de Colombia ante la ONU, María Enma Mejía, resaltó el compromiso de todas las partes para cumplir con el plazo de 180 días para dejar las armas y apuntó que los esfuerzos deben centrarse ahora en la preparación de los campamentos de las FARC. Aseguró que se ha completado en un tercio de ellos, hay otro tercio en marcha y en el resto hay algunas dificultades.

En total, Naciones Unidas ha desplegado a unos 350 de los 450 observadores de su misión, a los que se sumarán 33 empleados civiles antes de fin de mes.