Las comunidades del sur del Chocó han estado sometidas a intensos ataques armados contra la Fuerza Pública que han puesto en riesgo la integridad y la tranquilidad de la población civil. Según informa la Gobernación del Chocó ha sido, al menos, 11 ataques entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. La Coordinación Regional del Pacífico y el Centro de Estudios Étnicos, en un comunicado fechado el 4 de octubre alertan en especial sobre la subregión del San Juan y, en concreto, sobre la situación de Condoto, Nóvita y Río Iró.
Aunque las autoridades han atribuido, a priori, estos ataques al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las entidades civiles señalan que en la zona hay disputas territoriales de esta guerrilla con los paramilitares del Clan del Golfo-Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y que el tipo de acciones está modificándose con el uso de drones. Se reportan cuatro personas muertas en Nóvita, un uniformado herido en Condoto y un ataque a la estación de la Policía en Río Iró. Según la Defensoría del Pueblo, “en Nóvita, las acciones armadas ocurrieron mientras se celebraba una misa con motivo del cierre de las festividades patronales. Uno de los explosivos impactó una vivienda aledaña a la estación de Policía y, ante las detonaciones y ráfagas de fusil, los feligreses y habitantes del sector tuvieron que resguardarse”.
La situación no es nueva, sobre el 23 de agosto ya se denunciaba la afectación de los choques entre el ELN y el Clan del Golfo en Sipí donde, según el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) y la Defensoría del Pueblo, 2cerca de 3000 personas (652 familias) están en situación de confinamiento y 90 familias más se desplazaron hacia otros municipios por estos hechos”. En ese momento, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, informó que un equipo de la Defensoría había visitado la zona y constató daños graves en viviendas y bienes colectivos, ocasionados por explosivos y ráfagas de fuego, así como afectaciones psicológicas importantes en la población.
De hecho, Chocó ya era el departamento del país con el mayor número de personas afectadas por confinamiento durante los primeros ocho meses de 2026. De acuerdo con el Boletín Mensual de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de agosto de 2026, en lo que va de año 15.9641 personas se han visto confinadas en los municipios de Alto Baudó, Atrato, Bajo Baudó, El Carmen de Atrato, El Litoral del San Juan, Nuquí, Quibdó, Río Iró y Tadó. El desplazamiento forzado en el departamento ha afectado a, al menos, 1.719 personas. La mayoría de las personas víctimas pertenecen a comunidades étnicas.
Mientras la respuesta oficial ha sido prometer reforzar el pie de fuerza en la zona, la Defensoría ha pedido medidas preventivas y “adoptar las medidas necesarias para reducir la exposición de las comunidades”.
La Coordinadora Regional del Pacífico y el Centro de Estudios Étnicos son más contundentes al recordar que “cada ataque contra una estación de Policía puede convertirse en una amenaza para todo el entorno comunitario. Cada enfrentamiento puede provocar desplazamientos y confinamientos. Cada explosionarlas puede paralizar el transporte, suspender las actividades educativas, impedir el acceso humanitario y profundizar el miedo”. Por eso exigen a los actores armados que cesen “toda acción que afecte a la población civil”, que respeten el Derecho Internacional Humanitario y que detengan “el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, las amenazas a líderes, las restricciones a la movilidad y el confinamiento”. Pero también advierte al estado que su respuesta “no puede medirse únicamente por el número de operaciones militares, capturas, incautaciones,”.
“La paz del Pacífico no puede construirse sobre el miedo. La seguridad no puede significar solamente ausencia de ataques. Y la presencia del Estado no puede limitarse a la respuesta armada”, concluyen.
