“Las fuerzas del bien están un poco ausentes… no sé a qué están esperando”

– ¿Cómo definiría el momento por el que está pasando el país?

– El país está pasando por un momento crítico. Por un ‘tipping point’ (punto de inflexión)

Y a partir de aquí una hora de directa conversación en la que Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, no elude preguntas y, sobre todo, no elude respuestas. Frases directas y claras, en ocasiones, y largas explicaciones derivadas de su forma de expresarse en español en otras, para ofrecer una visión muy pragmática de las necesidades del proceso de paz, necesidades que requieren de acción y de pequeños puentes para tender con los ciudadanos de a pié y con la sociedad civil . “La gente quiere ser parte de la solución y eso no está bien facilitado”. Para Howland, de nada sirve la política si no está acompañada de gestos. Hay que actuar y hay que implicar a la sociedad. “Todo el mundo está esperando algo, cuando en realidad lo que se necesita es una explosión de esfuerzos de la sociedad [por la paz]”. La “frustración” con el Estado y su actitud en la implementación y el miedo por la vulnerabilidad a la que se enfrenta la población civil se repiten en las palabras de Howland.

Este jurista estadounidense con 30 años de experiencia profesional en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario llegó a Colombia hace casi cinco años. Un tiempo en el que no ha dudado en exponer con claridad su visión de la realidad desde una posición siempre desde las víctimas y la sociedad. Tal vez por ello, ante los rumores de su salida, 280 organizaciones pedían hace unas semanas su permanencia en el país y unos 6.000 tuits respaldaban su trabajo (#ToddHowlandNoSeVa). En noviembre de 2016, su discurso ante el Congreso impactó por la crudeza de sus afirmaciones lejos del lenguaje diplomático de las grandes organizaciones internacionales.

“Hoy estoy aquí para comunicarles mi miedo. Mi miedo por su país. Tengo un miedo muy grande de que la esperanza del Acuerdo de Paz con las FARC no va a producir la No Repetición de las violaciones de derechos humanos, para la gente que vive y ha vivido por décadas afectada por el conflicto, porque la realidad de la gente que vive en las áreas de influencias de las FARC, ya está cambiando, y no es para mejor”, decía ante el Congreso hace cuatro meses. Hoy sus temores no han disminuido. “Tengo miedo por los millones de personas que vivieron en estas zonas de conflicto porque están sufriendo la política de Colombia”, vuelve a repetir un 29 de marzo de 2017.

“Estamos llegando a ese punto crítico en el que lo potencial no se está realizando, pero todavía se puede regresar”. Cuando Howland habla de un momento crítico, de inflexión, para el país habla de la necesidad de actuar ya y advierte de que si el proceso de paz no empieza a cambiar la vida de la gente, la vida real, su economía y su situación social, éste no va a servir para nada. “Las FARC salieron de los territorios y la gente de allá está esperando otras llegadas diferentes a las del ELN o los paramilitares, está esperando gente que haga negocios con ellos y que se creen otras dinámicas positivas”.

Cree que “tal vez no fue lo mejor” que las FARC salieran de su zona de influencia sin haber abordado antes la transformación y transición necesaria en esos territorios, la sustitución de los cultivos ilícitos o la minería ilegal, que ahora está provocando al entrada de otros grupos armados que buscan ese negocio; eso “está generando violencia y un problema con la inclusión económica, política y social” de los ciudadanos en esos territorios. Por eso insiste en que hay cosas que se deben hacer en este momento para “reforzar la posibilidad de ir hacia el lado bueno” y facilitar la creación de nuevos socios para la paz, movimientos sociales y empresarios, iglesias y academia, porque la paz está pensada para cambiar también mentes y culturas y se extraña de la “poca solidaridad real”, de la falta de empuje a iniciativas que puedan cambiar la vida de las personas que viven en estas zonas. Dónde está la interacción con los consumidores -que demanden productos de esos territorios-, de los empresarios cuyo 50% dice apoyar el proceso, o del propio Estado para “alinear su presupuesto” con contratos en estos lugares, se pregunta. “Las FARC salieron y ellos [la población] están esperando algo nuevo”.

«Tal vez no fue lo mejor que las FARC salieran de sus zona de influencia sin haber abordado antes la transformación  necesaria en esos territorios»

– Estamos hablando de mucha gente…

De mucha gente que vive en esas áreas, que son más de las 26 veredas [en referencia a las ZVTN]. Es allí donde vive la gente afectada por el conflicto, ahí no hay restricciones [para que llegue el Estado, las empresas, etcétera], por eso es raro que no haya iniciativas creando esas nuevas relaciones. Todo el mundo está esperando algo, cuando en realidad lo que se necesita es una explosión de esfuerzos de la sociedad. Campesinos, indígenas comunidades afrocolombianas en zonas rurales… no tienen contacto con la gente. No sé por qué hay tanto miedo al contacto humano, es como estar en otro plantea y que la Nasa tenga que hacer una misión para llegar allí cuando en realidad no es tan difícil.

-¿Cree que es casual o no que el Estado no haya puesto en marcha su maquinaria a funcionar, aunque solo sea en lugares ejemplares?

El Estado tiene muchos problemas y enredos, y sus propias maneras de contratar son increíbles. Ellos contratan empresas, con gastos bastante altos para llevar comida a las zonas veredales y muchas veces ¡lo compran en Bogotá…! Se compran 12 huevos y llegan dos porque han de viajar por tierra, por lancha y por caminos muy malos…

Howland se queja de que “los enredos burocráticos se están anteponiendo al espíritu de los acuerdos” y tira de pragmatismo para cuestionarse por qué no se utilizan movimientos sociales en el territorio para facilitar las compras en esas zonas -compras en el terreno que las FARC hicieron durante años- e, incluso, superar algunas exigencias de licitación y contratación que sirven en Bogotá pero que no valen para la realidad de las áreas rurales. “Yo creo que va a ser la primera vez que un inspector sanitario llega a Vidrí”, ironiza para lamentar que el Estado no tenga capacidad de adaptarse a la realidad a favor del proceso de paz.

Por ello, reconoce que se siente “frustrado” con el Estado por la implementación y con otros sectores porque podrían ser más dinámicos y no entiende porque no lo es. “Estoy sorprendido de que las fuerzas del bien están un poco ausentes… no sé a qué están esperando”.

-¿Qué tiene que pasar para que un Estado que ha sido incapaz, al menos durante los últimos 60 años, de llevar servicios básicos a buena parte del país, lo haga ahora según se recoge en los acuerdos?

– Eso es fácil, tiene que priorizar los derechos de las personas que viven en esas lugares por encima de las rentas de las personas que tienen algunos contratos. Un ejemplo. Hay casi 500.000 mujeres y hombres en la fuerza pública, eso es mucha comida. Claro que son licitaciones muy jugosas. Pero si estamos hablando de una oportunidad única para cambiar la economía en estos lugares, para crear inclusión, tienen que poner un 30% de esas compras en los territorios para facilitar esta inclusión. Tienen que sacrificar unos años estos contratos jugosos que tenían por tanto tiempo. Ésta es la realidad del país. No solo es en Colombia, es en todas partes. Los políticos que ganan favorecen a algunas personas con contratos y cuando ganan otros, favorecen a otros. Pero estamos en un proceso de paz y hay una oportunidad única para facilitar la inclusión… bueno, pues utiliza sus propios recursos [los de la gente en los territorios]. Hoy en día, cuando dicen que no hay dinero para implementar el proceso de paz… no, en realidad tienen mucho dinero, es simplemente que esto va a ser un sacrificio, porque la gente que durante muchos años ganó estos contratos va a sufrir. Hay que cambiar, van a perder un negocio. El problema es que nadie quiere pagar por nada, pero ésta es una obligación preexistente de Estado, tiene que maximizar sus recursos para mejorar la situación de los derechos humanos. Puede ser que antes fuera imposible porque las FARC estaban allí, pero ahora las FARC no están. Se puede llegar a estas veredas, se pueden sustituir las compras y… sí se puede cambiar la situación. Se trata simplemente de alinear los presupuestos. La paz no es gratuita, pero en este caso hablamos de derechos y esta es una obligación preexistente del Estado que es más importante que los contratos. Y, además, tampoco tendrían que cambiarlo todo. Claro que va a tener oposición política a este cambio, pero tampoco tanto, porque estamos hablando de que la mayoría de los contratos quedan como están, son solo un 30 o 35% los que deben cambiar.

«El problema es que nadie quiere pagar por nada pero, cuidar de los derechos humanos es una obligación preexistente del Estado»

En la receta de Howland para este momento de implementación uno de los ingredientes pasa porque una parte de la torta de los contratos llegue a la gente que ha sufrido el conflicto para cambiar sus vidas; incentivar la demanda de los consumidores para que reclamen estos productos allí cultivados; y no entiende la falta de iniciativas en este sentido cuando en el mundo hay ejemplos a los que mirar. Quizá esto ocurre por el abismo que, detecta Howland, hay entre la Colombia urbana y la rural y porque hay mucha gente que no se siente afectada por el conflicto; “piensan en visitar Disneyland pero no van a Putumayo o al Chocó”.

– ¿Cuánto hay de desidia y cuanto de intencionalidad en esta situación? Hay aún entre 6 y 8 millones de hectáreas de tierra por restituir…

– En política es mucho más fácil bloquear que hacer. Es lo mismo en todos los países. Y aquí hay muchos intereses. Los productos para crear la coca… gasolina, cemento… son productos legales…; hay también mucho dinero de lavado en este país relacionado con la coca y ayuda mucho a la construcción…. Hay mucho miedo de que esto pueda cambiar y hay gente que resiste porque teme que estos cambios les afecten de manera negativa. Hay mucho de eso, pero estoy diciendo que estoy sorprendido de que las fuerzas del bien están un poco ausentes, no se a qué están esperando… ¿el próximo juego de la selección…? Están tan acostumbrados a que esta parte de Colombia no existe… Mucha de la gente en la zona roja nunca pensó en crear nada, pero ahora llegó la paz y… ‘umm, yo no voy a hacer nada’.
No se puede votar en favor de la paz y que la paz llegue. Es una obligación del Estado para crear una situación de paz y un mejor respeto de los derechos, pero como este es un país de enredos legales pensaron que tenemos que hacer un referéndum para facilitar cómo va entrar en vigor legal… pero después hubo confusión…. Todo el mundo tiene dificultad, porque hay mucho entusiasmo, en las universidades, en algunas iglesias, pero canalizarlo…

– ¿Y la paz ha llegado a Colombia?

– No, no. Paz es una construcción de la mente de cada uno, de la interacción. Claro que los procesos de paz con las FARC son importantísimos, son una parte de esta construcción, pero la paz está relacionada con respetar los derechos de uno y de otro y en esto estamos bastante lejos, lejos de transformar la ejecución de derechos en buena parte del país. El acuerdo de paz da una oportunidad para crear la transformación que puede llevar a la paz. Pero pueden entrar otros grupos y crear la misma violencia, o peor, y eso no es paz. Paz es la relación con la inclusión de la gente y esto no se puede hacer firmando un papel. Claro que sacar a un actor de la violencia siempre es útil, pero en este caso pueden ser tantos actores… que se debería pensar en los tiempos y cómo van a sacarlos en plazos que permitan superar los factores estructurales.

Esta ha sido una denuncia reiterada por parte de las Naciones Unidas, y de otros colectivos de derechos humanos, la cooptación por parte de paramilitares y del propio ELN de los territorios que dejaron las FARC, sin que el Estado haya tomado medidas o prevenido el riesgo, y el miedo y el acoso a las poblaciones. Cuando a Todd Howland se le pregunta entonces por qué nadie pensó en los riesgos de que las FARC salieran sin haberse solucionado algunos problemas, si se les olvidó a todos, incluidas las FARC, el representante del Alto Comisionado mantiene una pausa y esboza una leve sonrisa “No, no… esto está relacionado un poco con que los políticos siempre tienen dificultad de aceptar su propio márquetin. Creen que su versión de la realidad es la realidad”. En su opinión, el Gobierno vio a las FARC durante mucho tiempo como el problema principal del desarrollo de estos lugares y pensó que al sacarlos de allí las cosas iban a cambiar “como algo mágico”. “En su entusiasmo para llegar al acuerdo”, ni las FARC ni el Estado se plantearon los tiempos en temas como la sustitución de los cultivos ilícitos o la minería ilegal y a ello se une, aunque suene “un poco raro”, que las FARC -que son “un poco …estalinistas”- tienen “una gran confianza en el Estado y quieren ser parte del Estado y que las cosas funcionen”.

«La paz está relacionada con respetar los derechos de uno y de otro y en esto estamos bastante lejos»

El Alto Comisionado reconoce la peculiaridad de que ahora las Asociaciones de Cocaleros sean las que empujen al Estado para que haga la sustitución o la complicación del Estado con la conversión de las FARC en partido político y las reticencias de algunos sectores del Gobierno, pero no deja margen a las escusas: “Estamos priorizando de nuevo las políticas por encima de los derechos de las personas y no me importa quién vaya a trabajar en una zona determinada, el Estado tiene que trabajar, tiene que utilizar todos los recursos posibles, de todos los socios posibles, para crear la transformación. Ahora no está priorizando los derechos y eso tiene que cambiar”.

– ¿Puede haber un punto de no retorno? Situaciones como la del Chocó con los desplazamientos y los enfrentamientos entre ELN y paramilitares… ¿Se puede ir todo de las manos? ¿Hay un plazo para que esto no ocurra?

– Sí… ya va a ser difícil sacar de la ilegalidad a algunos grupos y la perjudicada es la gente.

– ¿Y si se llega a un acuerdo con el ELN y esta guerrilla sale del territorio…?

– Eso no va a ser así.

– ¿Por qué?

– Porque el ELN tiene un concepto distinto. Ellos están mirado ahora el proceso con las FARC y yo creo que van a priorizar la protección de los líderes en su territorio y la trasformación de la economía en su conjunto antes de salir de la zona. Luego de un proceso de cese bilateral se puede imaginar la forma de crear estos cambios. Va a ser distinto porque tienen que aprender de las FARC y es factible porque si van a estar ahí y quieren cambiar la economía, es mas fácil. Se puede crear una colaboración con el Estado y la sociedad para abordar estos cambios. Además, el ELN está en menos territorio y es más fácil.

– ¿Cómo entendemos las detenciones de líderes por parte de la Fiscalía y sus acusaciones de que están vinculados al ELN?

– Es complicado. La fiscal exageró al decir que la Cumbre Agraria es un peligro. Es inapropiado y está totalmente fuera del marco legal colombiano e internacional. Hay necesidad de rectificar. No creo que sea una reflexión de la política del estado colombiano, pero si esto va as ser muy complejo.

Dada la fuerte organización social que el ELN tiene en aquellos territorios donde ha actuado y su forma de actuar con menos distancia que la FARC hacia sus movimientos sociales afines, Howland teme una judicialización masiva de estos líderes. Sin embargo, planeta utilizar este problema como una oportunidad para redoblar los esfuerzos en la mesa de negociación de Quito y lograr “zonas de respeto de los derechos” donde guerrilla y Gobierno trabajen juntos y se pongan los derechos en primera fila. “Tienen que pensar un poco más que los dos están hablando de derechos y ponerlo en práctica”. El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos plantea empezar por algunas comunidades y después de que funcionen ponerlas como ejemplo para extenderlo a otros lugares. “Veo mucha oportunidad pero siempre está el peligro de que [en Quito] pierdan la visión de que están hablando de la misma cosa”.

«La fiscal exageró al decir que la Cumbre Agraria es un peligro. Es inapropiado»

– ¿Cómo se reconstruye la confianza de la movimientos sociales, campesino, afros o indígenas, si el Gobierno sigue negando paramilitarismo y crímenes de estado?

– Yo creo que regresando a acciones concretas. Hay mucho que se puede hacer y ya está pasando en varios lugares, aunque tiene que aumentar y crear más confianza por medio de más acciones y más cooperación y no con más reuniones… hay que trabajar sobre un objetivo común, crear una nueva relación que no es fácil pero no es imposible. Hay más objetivos comunes que cosas que separan…

Uno de los ejemplos que pone Todd Howland es el de la Guardia Indígena y el importante papel que están jugando en la protección de líderes sociales en colaboración con la Policía y la Fiscalía a pesar de los años de fricciones, y en este contexto aboga por un nuevo papel de la Policía que recupere su función de garante de la seguridad pública que en buena parte del territorio asumieron las Fuerzas Militares en las últimas décadas.

– ¿Hay que hacer un cambio en la doctrina militar para devolverle a la Policía ese papel?

– Creo que no hay una única acción necesaria. En nuestro informe [ONU sobre derechos humanos en Colombia en 2016] hablábamos de la importancia de que la Policía recupere su papel en la seguridad ciudadana. Y sí, es parte del proceso, pero al final son interacciones humanas con nuevas ideas. La Doctrina Militar es importante, pero éste es un país de muchas leyes y muchas de ellas de protección de derechos… pero es mas importante que haya cosas y acciones concretas, poner en práctica lo que existe.

– ¿Hace falta más presión de la comunidad internacional o tiene que ser un trabajo desde dentro?

(Hay una larga pausa antes de la respuesta) La comunidad internacional tiene dificultad para entender Colombia.

El Alto Comisionado tampoco pone paños calientes a la hora de hablar de esa comunidad en la que, de alguna manera, también podría incluirse a las propias Naciones Unidas. Advierte de un entusiasmo general, de una comunidad internacional en un “modo paz” que se olvida de la razón por la que ha habido un conflicto que ha durado 50 años. Es bueno ese entusiasmo, cree, pero advierte que la reconstrucción va a ser difícil, como es difícil entender la complejidad de las economías ilícitas o cómo se relacionan con la paz sostenible. Habla de esa OCDE que pinta un país desarrollado cuando no ha visitado la Costa Pacífica “para ver que hay otra realidad” y advierte de “muchos intereses que crean obstáculos” y de la “falta de flexibilidad” para situaciones como las de Colombia. “Es difícil [de entender] por parte de la comunidad internacional que tiene dos minutos para Colombia. Y Colombia necesita dos días, o dos años, para entender cómo se puede ser útil”.

– ¿La Cooperación Internacional debería tener también su propia comisión de la verdad y revisa lo que ha hecho?

– Sería interesante. Podríamos aprende mucho de las intervenciones. Ver que ha ayudado y que no. No solo para su propia ayuda en el futuro, sino para otros países.

Fotos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia