Las madres comunitarias no se rinden
Las madres comunitarias del país, unas 69.000, se sienten ofendidas y maltratadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por su directora, Cristina Plazas Michelsen. “Las mujeres nos estamos muriendo, estamos enfermas, trabajando en sillas de ruedas o con enfermedades terminales… ¿se imaginan cómo se puede trabajar así? (…) Y Bienestar Familiar nos ha ido echando sin pensión ni nada… la mayoría son sacadas por viejas, gordas, ciegas… porque sufrimos de azúcar o de presión alta… pero este programa lleva 30 años a las costillas de las madres comunitarias. No entiendo cómo nos trata el Estado”. Olinda García es la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de las Infancia y la Adolescencia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi) y hoy grita como una más a la entrada del Palacio de Justicia de Bogotá. Aquí hay madres del Casanare, de Santander, de Córdoba, Antioquia o Boyacá. Representan a las miles de mujeres que están en paro indefinido desde el 22 de marzo y hoy esperan la decisión de la Corte Constitucional, que debe revisar a petición del ICBF la sentencia que concedía pensión a las madres comunitarias que se hayan desempeñado desde hace 30 años en esa labor.
Caridad Vásquez es de Medellín y tiene 60 años; 28 de ellos como madre comunitaria. “28 generaciones han pasado por mi casa”. Vásquez imagina qué hubiera pasado con esos niños si no la hubieran tenido. “Hubieran estado en peligro, o desnutridos por falta de recursos económicos”. Según el ICBF, cada año, las madres comunitarias cuidan y alimentan a 1 millón 77 mil niños y niñas. “El Gobierno tiene una deuda social con las madres comunitarias que hemos entregado todo a este programa”, insiste Vásquez para la que con la normativa actual no tienen derecho siquiera a enfermarse.
Es de tal dimensión el trabajo de las Madres Comunitarias que, quizá por eso, hoy Daniel Marín piensa que puede ser el día más importante de su carrera. Es uno de los abogados que acompaña a las mujeres –y algunos hombres- de Sintracihobi y si la corte se ratifica en su decisión cree que “se habrán ganado unos derechos que durante 30 años se le han negado a estas mujeres”. Marín está seguro que detrás de la negativa del ICBF y del Gobierno a reconocer los derechos laborales y pensionales de las madres hay un patrón de exclusión hacia las mujeres y su tarea como amas de casa. “¿Qué hacen las madres comunitarias? Se quedan en casa y cuidan de los chinos… eso es lo que hacen las mujeres en Colombia y eso no se les reconoce”.
El abogado Marín cree que gracias al programa de Madres Comunitarias el ICBF “funciona y tiene vida”. “Si a los niños de 0 a 5 años no se les cuida bien, no tienen sentido el resto de políticas sociales”. El argumento del ICBF de que la sentencia de la Corte arruinaría a la institución le parece “demagógico” a Marín . “Las pensiones no van a salir del bolsillo del ICBF, sino del Estado”. Bienestar Familiar cifra 1,4 billones de pesos el desembolso necesario para cumplir la sentencia sobre pensiones. El abogado de las madres cree que la cifra real estaría entre 250 mil y 300 mil millones.
En los cánticos de las madres comunitarias aparece de manera reiterada el nombre de Cristina Plazas a la que echan la culpa de la situación crítica actual que, de hecho, tiene a más de un millones de menores sin atención de las madres comunitarias desde hace 7 días. Olinda García recuerda, por ejemplo, como Plazas incumplió un acuerdo firmado el 14 de abril de 2016 sobre la contratación directa de estas mujeres por parte del ICBF. La realidad es que se sigue tercerizando esa contratación a través de ONG. “Estamos peor que antes de ese acuerdo… hay regiones donde no se asiste a los niños. Ella sólo contrata con ‘sus’ oneges”. “Cristina es indolente, inhumanitaria y tiene falta de profesionalidad”, concluye Caridad Vásquez.
