Las razones para tener ya un acuerdo humanitario en Chocó
Desde tempranas horas del pasado viernes se veían desfilar los chalecos de diferentes organizaciones internacionales; poco a poco fueron llegando grupos de indígenas y afro, líderes y lideresas sociales, representantes de organizaciones y medios de comunicación. Alrededor de las 10 a.m. el auditorio de la Fundación Universitaria Claretiana (Uniclaretiana) estaba totalmente lleno.
Por un momento, las miradas se fijaron en el joven indígena Sebastián Carpio quien llegó al recinto en una silla de ruedas, vestido con una sudadera azul remangada a la pantorrilla, una camiseta negra y una pantufla en su pie izquierdo. En lo que quedó de su pierna derecha, llamaba la atención el vendaje que todavía cubre la herida de la amputación que le causó una mina antipersonal. Hace menos de dos meses que Carpio fue herido por un dispositivo explosivo sembrado a pocos metros de su caserío en Riosucio (Chocó).
Le puede interesar La crisis humanitaria del Chocó llega a Quito
En el mismo municipio, tres meses antes de esa explosión que cercenó a Carpio, otro indígena de 14 años fue herido por una mina antipersonal cuando realizaba labores de pesca en la vereda Pinchindé. Hace menos de tres semanas, otra mina acabó con la vida de Milianito Domicó, un agricultor de 17 años de la vereda La Loma, en Quiparadó, cuenca del río Truandó. A esta muerte por mina antipersonal, se suma la del soldado profesional de 22 años, Gustavo Adolfo Raad, quien accidentalmente activó un artefacto en Nóvita, Chocó.
Como ellos, hay otras víctimas recientes por la disputa del control territorial entre grupos armados ilegales, sucesores/disidencias paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes además se enfrentan a la Fuerza Pública. Así lo describe el documento de Acuerdo Humanitario Ya, que será entregado a los negociadores en Quito en los próximos días: “En el marco de este contexto, también se evidencia una continua violación de los DDHH e infracción al Derecho Internacional Humanitario generando desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones de la libre movilidad en el territorio, tortura, asesinatos, amenazas a líderes y lideresas, secuestros, violencia basada en género, desaparición forzada, contaminación por armas (minas antipersonal, munición sin explotar), reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre otros”.
El documento del Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó recoge exigencias humanitarias de la sociedad civil como son el cese al fuego bilateral, el desmonte de estructural de los grupos armados ilegales, el respeto a la autonomía territorial, al derecho propio de las comunidades y a los lugares sagrados; desminado; la permanencia de ambas partes en la mesa de negociación hasta lograr una solución política al conflicto, no militar; la terminación del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; el fin de la violencia contra las mujeres y la comunidad LGTBI; el cese de los asesinatos, las desapariciones forzadas, los desplazamientos, los confinamientos o la restricción de la libre movilidad, y el cese de siembra de cultivos de uso ilícito y prácticas de minería. El Acuerdo propuesto contaría con un seguimiento y verificación por parte de la Misión de la OEA en Colombia (MAPP-OEA), Naciones Unidas y otras organizaciones e instituciones con presencia en el territorio.
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA) ve en este Acuerdo Humanitario una oportunidad de reivindicación de las comunidades, quienes deben empoderarse para que el documento no se quede en la mesa de negociación de Quito sino que haya una pedagogía que permita a las comunidades defenderlo y promoverlo.
Para Lino Membora, coordinador de la Mesa de diálogo y concertación de los pueblos indígenas del Chocó, “este Acuerdo nace del sentir de las comunidades víctimas de este conflicto”. Los representantes de las comunidades solicitan también estar presentes en la mesa de negociaciones en Quito. “El Chocó no puede ser excluido del proceso de Paz entre el ELN y el gobierno”, agrega Membora.
El evento trascurre sin inconvenientes. La mesa principal continúa intacta a pesar del calor y de las interrupciones de los actos culturales ofrecidos por niños, niñas y jóvenes de la comunidad indígena La Puria, cantaoras de alabaos, el grupo Alianza Urbana y la declamación de poesía al Acuerdo por Isnel Alessio Mosquera, conocido como el ‘Poeta del pueblo’.
«Exigimos al gobierno y ELN asumir el Acuerdo
con franqueza y voluntad.
Los pueblos afro e indios somos los más golpeados
por los distintos efectos del recio conflicto armado.
Situación que se nos hace cada día más pesada
porque hay a menudo gente muerta igual que desplazada.
Por esta y otras razones Colombia la Paz demanda
de una manera integral,
que se silencien las armas e impere equidad social».Poema de Isnel Alessio Mosquera
Las víctimas de minas
De acuerdo a un informe publicado a principios de este mes por la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal Descontamina Colombia, del Despacho de la Alta Consejería para el Posconflicto de la Presidencia de la República, desde 1990 al 31 de julio de este año se han registrado en el país 11.495 víctimas por minas antipersonal (MAP) y municiones sin explosionar (MUSE).
Solamente en 2017 se han presentado 20 víctimas en 11 municipios de 9 departamentos del país, siendo las poblaciones indígenas las más afectadas en términos relativos: 384 casos registrados en los últimos 27 años, de los cuales el 32% han fallecido.
En el Chocó las proporciones se invierten. Mientras en el país el 61% de las víctimas han sido miembros de la fuerza pública y el 39% corresponde a civiles, en Chocó las mayoría de los heridos y muertos son civiles (76 casos, un 52,4% de los casos) y el resto de caso son de miembros de la fuerza pública (69, un 47,6%).
Las organizaciones consideran que lo que sucede actualmente en Riosucio demuestra un incumplimiento de los compromisos de desminado adquiridos por la Fuerza Pública en la Minga Interétnica el pasado mes de mayo. La Asociación de Comunidades del Bajo Atrato (Ascoba) manifiesta que es falso que se esté realizando desminado militar en la zona. Aunque las comunidades han solicitado en varias ocasiones al Gobierno un desminado humanitario, incluso ante una comisión de DDHH que viajó a Riosucio el pasado mes de mayo, el Ejecutivo ha hecho caso omiso a esta solicitud. “No hay derecho que jóvenes inocentes queden amputados o mueran por culpa de estas minas que solo afectan a la población civil”, afirma una lideresa de la organización.
Le puede interesar ¡No más violencia ni minas antipersonal!
Aunque el Ejército Nacional manifestó al medio El Colombiano, en una publicación del 8 de agosto, haber desactivado alrededor de 15 campos minados en la cuenca del río Truandó, ningún incidente de desminado militar en la zona aparece registrado en el informe de Descontamina Colombia. Solamente en el Chocó van en lo corrido de este año 21 incidentes por MAP y MUSE, de los cuales 6 ocurrieron en el Bajo Baudó, uno en Carmen de Atrato, uno en Istmina, uno en Juradó, dos en Litoral del San Juan, uno en Quibdó, tres en San José del Palmar, dos en Sipí y cuatro Tadó. Sumado a estos incidentes registrados en la base de datos, han ocurrido otros cuatro accidentes, tres de ellos en Riosucio y otro en Nóvita.
De acuerdo a un comunicado de julio de Descontamina Colombia publicado en su página web, la Fundación Restrepo Barco estará encargada de implementar el modelo Educación en el Riesgo de Minas (ERM) en Emergencias en el municipio de Riosucio, con recursos del Gobierno del Reino de Noruega, coordinados por el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el posconflicto en Colombia.
Desplazados sin retorno
La visita el 9 de agosto al corregimiento de Carrá–Litoral del San Juan del Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, puso el foco en el abandono en que permanece la zona desde el pasado marzo, cuando fueron asesinados cinco campesinos por hombres que portaban insignias del ELN. Muchas de estas familias se refugian temporalmente en la cabecera Docordó y en Buenaventura.
Con la salida del las FARC de la zona se incrementó la presencia del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas en el litoral del Pacífico chocoano. Al igual que en el municipio Litoral del San Juan, en Riosucio todavía continúan desplazadas 2.500 personas, según denuncia la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. El defensor Negret anunció una visita humanitaria en noviembre a Riosucio.
“Uno de los puntos fundamentales del Acuerdo es el cese al fuego y de hostilidades para que disminuyan los asesinatos de líderes y lideresas en el departamento del Chocó”. Abid Manuel Romaña, coordinador FISH
Líderes y lideresas amenazados y asesinados
A los desplazamientos, confinamientos y al riesgo de explosiones se suma el asesinato de líderes y lideresas. Esta semana fue asesinado Manuel Ramírez Mosquera cerca de la comunidad de La Nevera, territorio colectivo de Truandó. Su muerte se suma a la Efrén Santo, líder riosuceño asesinado a principios de junio en zona rural de Belén de Bajirá y de Jeiler Chalá, miembro del Consejo Comunitario de Domingodó, asesinado por las AGC el pasado 4 abril en el territorio colectivo de Pedeguita y Mansilla, bajo Atrato.
Según un informe de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular radicado ante el Ministerio de Interior en año pasado, los municipios más afectados por asesinatos contra los DDHH en el Chocó son Quibdó, Tumaradó, Curvaradó, Belén de Bajirá, Truandó, Jiguaminadó, Pavarandó, Mutatá, Salaquí, Riosucio.
Dos homicidios ya prendieron las alarmas este año en la región del Bajo Atrato: Juan De la Cruz Mosquera y su hijo Moisés Mosquera fueron asesinados a golpes. Así lo dio a conocer Colombia Plural en una nota publicada en el mes de enero. Según la Asociación de Comunidades del Bajo Atrato desde 2015 han sido asesinados al menos cuatro líderes de los distintos Consejos Comunitarios que ocupan esa parte del Chocó.
Le puede interesar Dos nuevos asesinatos confirman la arremetida ‘para’ en el Bajo Atrato
Juan de la Cruz Mosquera era miembro del Consejo Comunitario de la Comunidad de Tamboral. Según un informe de la Unidad de Investigación de Indepaz, Mosquera y su hijo fueron asesinados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en la comunidad de Caño Seco, en el río Salaquí, municipio de Riosucio.
La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES- manifestó en un comunicado del 10 de enero que en 1997 Mosquera huyó a Panamá con su familia cuando cerca de 20 mil personas fueron desplazadas, desaparecidas, torturadas por la incursión paramilitar promovida por la operación Génesis del Ejército Nacional en esta zona. En esa oportunidad, Mosquera logró salvar su vida y la de su familia. Veinte años después, con la llegada nuevamente de paramilitares al bajo Atrato, Mosquera fue asesinado junto con su hijo.
El comunicado de AFRODES explica que “la violencia armada marcó la vida de la comunidad de Riosucio desde 1996 cuando bajo la Operación Génesis más de veinte mil personas fueron desplazadas, innumerables asesinatos y desaparecidos, parte de sus pobladores fueron despojados de sus tierras para facilitar la siembra de palma africana y muchos aún siguen viviendo fuera”.
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, dio a conocer hace tres semanas las cifras estadísticas de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, «tenemos 186 homicidios desde el 1 de enero de 2016 y este año son 52 homicidios y más o menos 500 amenazados», lo más preocupante según el defensor es que la gran mayoría de los homicidios y amenazas se han registrado en zonas donde antes estaban las FARC.
A la fecha, en la cuenca del Bajo Atrato continúan las amenazas, hostigamientos y asesinatos en contra de líderes comunitarios y defensores de Derechos Humanos. Es la denuncia que hace la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en su página web: “Las AGC se encuentran desarrollando un copamiento militar y social desde los cascos urbanos de Riosucio y Carmen del Darién en todo el bajo Atrato sin que existan resultados eficaces del desmonte de esta estructura armada y la protección debida a la vida y las libertades”.
Acompañantes
El Acuerdo Humanitario Ya del Chocó cuenta con el acompañamiento de PACIPAZ, CIDERPAZ, MAPP-OEA, ONU, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional Chocó, Diócesis de Quibdó, Diócesis de Istmina-Tadó y la Red Nacional Afro Urbana. Estas organizaciones, al igual que quienes suscriben el documento, serán las encargadas de realizar un seguimiento y verificación al proceso, así como alertar y denunciar sobre posibles violaciones a los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario.
Martín Santiago, coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia, manifestó en su intervención en el evento que las organizaciones de comunidades afro, indígenas y mestizas del departamento del Chocó no están solas; “Alzamos la voz junto con las comunidades haciendo un llamado urgente a todos los actores armados a cesar la violencia y permitir poner en marcha acciones humanitarias que pongan fin a las graves afectaciones que hoy continúan enfrentando niñas, niños, adolescentes, mujeres, comunidad LGBTI y el conjunto de las comunidades chocoanas”.
Para Roberto Meléndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), el Estado mismo y la sociedad civil, los medios de comunicación y hasta los organismos internacionales no han logrado una visión conjunta de este conflicto. “Hemos monitoreado patrones que nos indican que hay multiplicidad de víctimas, los líderes comunales desde nuestra perspectiva son los más vulnerados, y también hay diversidad de actores».
El Acuerdo Humanitario Ya está suscrito a la fecha de esta publicación por 26 organizaciones del Fondo Interétnico de Solidaridad Chocó, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó (Asorewa, Fedeorewa, Woundeko), la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, el movimiento Ruta Pacífica de Mujeres Regional Chocó, la Mesa Departamental de Víctimas, y la Alianza Interétnica del San Juan.
Al finalizar el evento, la Diócesis de Quibdó hizo un llamado a las organizaciones internacionales para que apoyen a los delegados de las organizaciones que impulsan el Acuerdo con gestiones que les permitan viajar hasta Quito para hacer la entrega documento a la mesa de negociación del gobierno y el ELN. La organización religiosa católica se siente satisfecha porque gracias a este trabajo de construcción del Acuerdo Humanitario Ya del Chocó, que tomó aproximadamente un año, territorios como Nariño, Cauca, Buenaventura, Arauca y Catatumbo se han inspirado en la creación un documento similar para exigir un acuerdo humanitario al gobierno y ELN que beneficie a sus comunidades.
