“¡No más violencia ni minas antipersona!”

Desde el cielo, a lo largo de una calle destapada en Riosucio (Chocó) se observan decenas de indígenas y afros cargando bastones de mando. Sus rostros miran con descontento a la aeronave que acaba de llegar con la comisión encabezada por el gobernador del Chocó, Jhoany Carlos Palacios, y el senador Luis Evelis Andrade. Cuando se acercaban a la multitud, los visitantes son sorprendidos por hombres y mujeres de la guardia indígena quienes les rodean en un círculo con sus bastones y los conducen a pie hasta el salón parroquial. Es el quinto día de la Minga Interétnica por la Defensa del Bajo Atrato; una protesta pacífica donde las comunidades le reclaman al Estado por la paz y el desarrollo de sus territorios. La Minga reúne a comunidades embera dóbida y katío agrupadas en la Asociación de Cabildos del Bajo Atrato (CAMIZBA) a los indígenas del Pueblo Wounaan de ASOWOUNDACH y a las comunidades afro de ASCOBA.

La comitiva pasa por el frente de la casa de Seferino Pérez; al hombre la vejez le está robando la vista. Sentado en el portón, este riosuceño se lamenta por no poder acompañar a la multitud. Recuerda en voz alta como en 1997 lo perdió todo, la finca, el sustento que se vio obligado a abandonar por la violencia que azotó a la región cuando llegaron por primera vez los paramilitares. A pesar del temor, de las muertes y de los desplazamientos, Pérez y sus hijos permanecieron en Riosucio: “Nunca pude recuperarme económicamente para volver al campo, uno necesita algo de plata para meterle a la tierra, nos tocó quedarnos aquí en el pueblo, vivimos de lo que podemos”.

En el recinto, los primeros en hablar son los líderes comunitarios, entre ellos, Milton Velázquez Mosquera, representante de la asociación étnico-territorial del bajo Atrato. Con voz firme y pleno conocimiento de la situación que atraviesa su municipio, explica uno a uno los quince puntos del pliego de peticiones que hace la Minga Interétnica a los gobiernos nacional y departamental. En primer lugar, exigen acabar con los grupos al margen de la ley en el territorio y, con mayor prioridad, realizar desminado militar y humanitario por la grave situación que afecta, principalmente, a las cuencas del Curvaradó y Truandó.

“El despliegue del Clan del Golfo de Cacarica a Truandó ha generado un conflicto con el ELN, que también quiere el control de la zona”, afirma un alto mando militar de la comisión que acompaña al gobernador. Esta disputa está generando combates entre los grupos, así como un confinamiento de la población civil en el área rural, que ya no va a sus fincas por temor a ser víctimas de una mina antipersona. Así, lo denuncia el líder indígena Hernando Carpio, quien exige a la mesa darle una solución a este problema. “Hace dos meses no podemos salir al campo para recoger los productos que consumimos y con los que sostenemos a nuestras familias; necesitamos reanudar nuestras actividades diarias y que se nos garantice nuestra vida”.
Milton Velázquez explica en este punto del pliego que en los últimos dos meses un menor indígena y un soldado fueron víctimas de minas antipersona lo que demuestra que “no hay garantías de un regreso digno para las comunidades, por eso, muchas personas están todavía desplazadas en el casco urbano”. El agua remueve las minas de la tierra lo que expone mucho más fácil a la población, cierra Velázquez.

Las minas antipersona también afectan a programas rurales como la Escuela Agropecuaria Antonio María Claret, desarrollada por misioneros claretianos que una semana al mes enseñan en las comunidades Costa de Oro y Nueva Luz a jóvenes y adultos de veredas remotas; algunos estudiantes deben caminar hasta seis horas para asistir a clases. “Ahora sienten temor de realizar caminatas largas porque pueden caer en una mina”, alerta el vicario de la parroquia de Riosucio, Dagoberto Ayala, quien ha venido gestionando proyectos similares de educación para las comunidades más apartadas del casco urbano.

Ríos bloqueados

Betsy Chiucarama Cabezó es una lideresa de la vereda Marcial. Con el poco español que habla, Chiucarama relata la tragedia que significa salir de comunidad cuando el río está seco. Una gran cantidad de palos bloquean las aguas impidiendo la navegación en muchas zonas de los ríos Atrato, Riosucio, Salaquí o Truandó, así como en los ríos menores que albergan hasta 10 comunidades en sus orillas. “Nos toma casi 12 horas para llegar a Riosucio”. En respuesta al pliego de peticiones, la gobernación del Chocó se comprometió a agilizar el proyecto de limpieza y destronque de las cuencas hídricas del Bajo Atrato.

En cuanto al tema económico, la principal fuente de sustento de los riosuceños se centra en la agricultura. Las comunidades viven de cultivar maíz, plátano, arroz, yuca, fríjoles, ajonjolí, ñame, así como de la actividad pecuaria. Para estas comunidades, el campo se convierte en su única oportunidad de sostenimiento. Celdina Velázquez Valencia piensa que, para que la historia de violencia no se repita, el gobierno regional deberá invertir en el campo y en proyectos productivos y agrícolas; propuesta que también fue recibida por el gobernador Palacios en la mesa de conversación de la Minga Interétnica.

Otros temas como el fortalecimiento del pie de fuerza pública, una rápida reparación a las víctimas, la construcción de un hospital, un centro educativo, licencia para la emisora comunitaria, la electrificación rural, programas educativos, fortalecimiento étnico, protección a líderes y lideresas, entre otros, hacen parte de las reclamaciones de las comunidades indígenas y afros reunidos en la Minga Interétnica.

La educación es un tema de mucha importancia para las comunidades étnico-territoriales. Apolinar Mosquera y su hijo Javier se consideran especialistas en Ley 70 de pueblos afro. Su conocimiento lo han adquirido a través de los años en talleres de formación, charlas, libros y documentos que diversas organizaciones han ofrecido a las comunidades étnico-territoriales de Riosucio. Javier Mosquera ya tiene 48 años y quería estudiar Derecho pero no pudo, hoy dos de sus hijas toman clases en universidades de Antioquia.

Así como la familia Mosquera y el resto de líderes y lideresas indígenas y afros del Bajo Atrato, el conocer la historia de sus comunidades, sus derechos constitucionales y su identidad ha sido determinante para generar la movilización de las comunidades riosuceñas para prepararse cada vez mejor en la lucha por la defensa de sus derechos y sus territorios, como sucedió con esta Minga Interétnica reunida desde el 2 de mayo.

La inactividad del Gobierno desde que se lanzaron las primeras alertas ha forzado a las comunidades a desplazarse a la cabecera municipal para esta Minga en un esfuerzo que la Defensoría del Pueblo reconoce y apoya en un comunicado en el que recuerda que «ha enviado numerosos informes y cerca de 27 oficios en donde advierte que el municipio de Riosucio se mantiene el riesgo de desplazamiento forzado y otras posibles afectaciones a la población». Entre enero y marzo de 2017, en plena implementación de los acuerdos de paz de La Habana, se han reportado 1.206 personas desplazadas y 815 familias en situación de confinamiento. En el comunicado, fechado el 5 de mayo, la Defensoría «reitera la necesidad de concertar y adelantar acciones urgentes para la protección de la vida, libertad e integridad de las comunidades y líderes, la atención humanitaria integral con enfoque diferencial a la población desplazada y confinada a través de la oportuna entrega de alimentos, garantías de seguridad para la permanencia en el territorio, la urgencia del desminado humanitario, la sostenibilidad de los retornos, así mismo [la Defensoría] insta al gobierno Nacional a atender las peticiones de las comunidades y respetar sus derechos fundamentales a la autonomía y autodeterminación».