Los 16 años de despojo en Santa Lucía

La historia de la finca Santa Lucía es la historia de Colombia. Desaparición forzada, desplazamientos, despojo de tierras, abusos administrativos, justicia lenta y a veces ciega... y también es la historia de la resistencia y la lucha por los derechos.

Regresar a la Finca Santa Lucía después de tres desplazamientos forzados, de un hermano desaparecido,de más de 160 acciones judiciales en contra del abuso del Derecho como acción de despojo por parte del gobierno local, despachos judiciales y fuerza pública, de alianzas entre paramilitares, esmeralderos y empresas palmicultoras por usurpar la tierra de la familia Cruz Castro…. Para ellos volver después de 16 años a donde crecieron, es restituir no sólo la tierra sino la dignidad. Una disputa aún inacabada.

Son las cinco de la mañana, la sala de la casa está invadida de maletas de viaje, colchonetas y comida empacada en cajas. Tres mujeres sirven caldo de costilla con arepas. El comedor de ocho puestos no es suficiente, así que el que termina de desayunar cede su puesto. En una de las habitaciones llora Guillermo, de 4 años, porque su mamá olvidó empacar las botas pantaneras. Todos en la familia desfilan con ellas porque “fijo la finca debe estar un lodazal”, dice Cristina que viajó desde Medellín para ir a la conmemoración, el 27 de julio de 2018, del regreso a la tierra pérdida de sus abuelos.

De un matrimonio en 1938, en Acacias, se fundó la familia Cruz Castro. Y de él nacieron catorce hijos, el mayor falleció al año de vida, y los hijos siguientes que ya cuentan con entre los 50 y los 74 años de edad. Ahora, en total, la familia cuenta con 134 personas aproximadamente en la línea que va de padres a tataranietos.

Casa original de la finca

La última vez que se encontraron cuatro generaciones fue en el cumpleaños de Sinaí Cruz, el abuelo, quien celebró su centenario de vida cargando con un hijo desaparecido y el despojo de su tierra. En el año 2012 falleció y seis años después hermanos, nietos y bisnietos se reencuentran para celebrar con miedo el regreso a la finca, a la sombra de viejos árboles de algarrobo y pomarrosa que tal vez sembró Sinaí para sus herederos.

Es una finca que recibe su nombre por veneración católica a Santa Lucia, patrona de los ciegos. Así como esta mujer siciliana, que se convirtió en santa por el acto mítico de arrancarse los ojos y a pesar de ello seguir viendo, fue perseguida y torturada en su época, así ha sido la consagración de las tierras de los Cruz Castro, que han visto la desidia de las instituciones transcurrir por muchos años y los han convertido en víctimas de despojo material y jurídico.

Tras un cúmulo de hechos arbitrarios, en el año 2015 la familia interpuso una demanda para la solicitud de restitución de tierras ante el Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio y tres años después, con Sentencia de Tribunal Superior de Bogotá, su petición fue concedida. Esta es la historia de su lucha con la justicia.

El primer destierro de Santa Lucía

La finca está ubicada en la vereda Giramena del municipio de San Carlos de Guaroa (Meta) a una hora y media aproximadamente de Acacias. Se encuentra rodeada de empresas palmicultoras y de pozos petroleros.

En el año 1968 Sinaí Cruz ya tenía escritura pública y en 1992 el antiguo Incora, mediante resolución, “reconoció a Sinaí Cruz y Cecilia Castro la ocupación que por más de 27 años venía realizando del predio” de 205 hectáreas que se identifican en su cédula catastral.

La finca palmera La Ucrania es una de las vecinas de Santa Lucía, aunque en Ucrania, el país de Europa del Este en mayo del 2018 haya prohibido el uso de aceite de palma en la producción de alimentos, en Colombia crecen grandes extensiones. Trabajadores de la finca palmera en pleno acto de restitución de tierras a final de julio de este año estaban limitando el acceso de funcionarios públicos a Santa Lucía.

Para el año 2002, la finca Himalaya de Hugo Schmidt Santana, de la sociedad Palmeras Los Araguatos Ltda., invadió el espacio de la vía que comunica por el costado occidental de Santa Lucía a la carretera principal entre Acacias y San Carlos, abriendo hoyos para la siembra de palma. José Antonio Cruz, quien es uno de los penúltimos hijos de Sinaí, se opuso a los huecos de la palmera en vía pública por lo cual recibió advertencias y era interceptado en la vía por hombres desconocidos que le impelieron: “que dejara trabajar”.

El 16 de julio de 2002, José Antonio viajó a Santa Lucía porque le habían reportado la pérdida de un toro reproductor y fue la última fecha que sus hermanos supieron de él. En esa época, hacían presencia en la región los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare. La familia Cruz Castro denunció ante varias entidades la desaparición forzada y una de las respuestas recibidas “de la Policía y el DAS de Acacias y del Meta era que debía contactar a un comandante paramilitar y preguntarle por José Antonio”, relata uno de sus hermanos.

Ver línea del tiempo con la historia de la finca Santa Lucía

A partir de la desaparición de José Antonio, en la finca se incrementó el robo de ganado y los hostigamientos por trabajadores y propietarios de empresas palmeras. “Éramos interceptados por hombres armados y motorizados a la salida del pueblo, en medio de los cultivos de palma y a la entrada de la finca, manifestando que no teníamos nada que hacer por allá, que si queríamos correr con la misma suerte de José”, explicó en su declaración juramentada Esther, una de las hermanas del desaparecido ante la Unidad de Restitución de Tierras. Las amenazas limitaron el acceso de los hermanos Cruz Castro a la propiedad y decidieron arrendar partes de la finca para cultivos de arroz y patilla.

En la demanda se afirma que “la única decisión que se ha proferido en todas las investigaciones ante la desaparición de José es el archivo de una investigación por secuestro que adelantaba la Fiscalía, de las varias existentes”. Es por ello que la sentencia traslada una orden a la Comisión de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para que “participen del evento conmemorativo por la desaparición forzada de José (…)” que se dio en el marco de la entrega material de restitución del predio. Esa nueva institución fruto de los acuerdos de paz no se hizo presente. “Lamentablemente, se informó, se comunicó, hasta última hora y no hubo pronunciamiento de esta entidad”, afirmó Luis Carlos Ortega, Juez Especializado en Restitución de Tierras del Meta.

El juez Luis Carlos Ortega en el acto de restitución realizado en Santa Lucía.

Yo no doy por muerto a José Antonio, hasta que la Fiscalía condene a los responsables y me digan lo contrario, para mi sigue vivo… un ser, romántico, soñador y trabajador”, afirma Olga, la hermana menor de la familia, quien además solicitó al Juez que el Palacio de Justicia de Villavicencio llevará el nombre de su hermano.

Despojo administrativo: de finca a basurero municipal

En el año 2007, el entonces alcalde de San Carlos de Guaroa, Hernando Beltrán Mendieta, junto a su asesor jurídico, visitaron en varias ocasiones durante tres meses a Sinaí Cruz en horas de la mañana cuando se encontraba sólo en su casa de Acacias, con el objeto de adquirir para el municipio 15 hectáreas de la finca para el montaje de una planta procesadora de residuos sólidos. La Familia Cruz Castro hizo una contrapropuesta económica a la oferta del municipio, el cual desistió.

En noviembre del 2007 mediante la expedición de una resolución la Alcaldía notificó la expropiación de la finca argumentando motivos de utilidad pública e interés social. “Al respecto, llama la atención que en la motivación del acto administrativo se indicaba que sólo se requerían 15 hectáreas. Sin embargo, en la parte resolutiva se transcribieron los linderos de la totalidad de la finca, omitiendo identificar la fracción sobre la que se realizaría la construcción de la estructura, circunstancia que induce a concluir que el acto expropiatorio se verificó sobre la totalidad del inmueble”, indica el magistrado ponente del Tribunal Superior Judicial de Bogotá.

Así fue que parte de Santa Lucía se utilizó para establecer un botadero de basuras a cielo abierto sin licencia ambiental operado por la empresa de servicios públicos EDESA S.A. Al año siguiente, la familia interpuso una acción de nulidad y en el año 2011 el Tribunal Administrativo del Meta le otorgó la razón a la familia y ordenó el pago de indemnización de perjuicios, por vía incidental, al igual que la suspensión inmediata de la operación del botadero de basuras.

Tras el fallo, la Alcaldía eludió su cumplimiento argumentando que la expropiación no había sido inscrita en la matrícula inmobiliaria y que no “contaba con recursos suficientes disponibles para el pago de indemnizaciones”. Así, el botadero funcionó hasta el 2014. Generó graves “alteraciones del suelo, afectó la calidad del agua superficial, y cambio la cantidad de la biomasa”, describe Nelcy Lozano, ingeniera ambiental. Actualmente, de manera silvestre, crecen papayas y otros frutales en medio de residuos sólidos en descomposición.

En el material probatorio de la Sentencia, los magistrados señalan que el alcalde durante su período electo perteneció a la Junta de accionistas de EDESA y por tanto reconoce que el municipio “incurrió en un despojo material por su renuencia a cumplir a cabalidad con las órdenes dictadas por el Tribunal del Meta y (…) como sujeto propiciador del despojo”. En la sentencia, además, se ordena al Instituto de Derechos Ambientales de la Universidad Nacional y el Instituto Alexander Von Humboldt presentar una propuesta de recuperación de suelos que el Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras deberá financiar.

El nuevo dueño de Santa Lucía: de mendigo a esmeraldero

En abril de 2011, Esther Castro encontró dos hombres desconocidos en la finca, quienes “manifestaron llevar allí más de 48 horas” y sus vecinos le advirtieron: Esa gente son de los esmeralderos duros de [Víctor] Carranza, que había que tenerles miedo porque son de los Paras duros”. Al mes, la familia presentó una querella policiva y las personas que estaban ocupando la finca fueron identificadas como provenientes de Muzo (Boyacá). La Inspectora de Policía ordenó su desalojo en un plazo de 24 horas, tiempo que estos incumplieron “alegando que sólo desocuparían cuando su patrón (el abogado Heber Villamil) les pagara las sumas adeudadas” (mención en los fundamentos de hecho que recopila la Sentencia). En el mes de junio del 2011 se dio nulidad a la acción de desalojo.

En este mismo período de tiempo apareció el abogado Rómulo Molina, comerciante de esmeraldas con vínculos con Gilberto Molina, uno de los primeros socios de Víctor Carranza. Molina aseguró ser el dueño de Santa Lucia a través de “un contrato de compra de mejoras y posesión suscrito el 5 de diciembre de 2010 con Guillermo Pérez, quien, según se dijo, detentaba la posesión desde el año 2004”. Así se justificó Molina en una declaración juramentada.

Durante un año el proceso policial se suspendió por dilación de distintas instituciones gubernamentales, la familia recibió nuevamente amenazas y Molina presentó demanda civil de pertenencia agraria sobre el predio. Olga Cruz, el 21 de julio de 2011, reclamó la inscripción de la finca en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente pero no fue hasta el 24 de noviembre de 2014 que la Unidad de Restitución de Tierras acogió su solicitud.

Durante el proceso de indagación que realizó el juez de tierras identificó que Guillermo Pérez es un habitante de calle y tiene registros de ingresos a Centros de Acogida en Bogotá operados por Integración Social del Distrito. Los magistrados señalan que Molina “actuó de mala fe” y su demanda era improcedente y la Sentencia ordena que está se archive.

La lucha por la justicia y la dignidad

Olga Lucía Cruz lleva incrustado en su registro de nacimiento el nombre de la finca porque su madre estaba en proceso de gestación al momento de llegar a esta tierra prometida. Es la hija menor entre 13 hermanos y ” ha sido una de las mujeres emblemáticas en éste país que han hecho del dolor una potencia política que puede demostrar la perversidad del Estado y la decisión institucional del despojo”, afirma Gloria Cuartas, defensora de Derechos Humanos.

Olga Cruz

Olga, junto a sus hermanos, durante 16 años han “sumado más de 160 hechos que han logrado llevar a diferentes operadores de justicia para que tuvieran un trámite”, explica Cuartas, que conoció este caso desde su trabajo en la Contraloría en 2014.

En el año 2012 por las diferentes amenazas y vulneración en contra de su vida, Olga fue vinculada temporalmente al programa de protección a líderes de restitución de tierras.

Durante el momento de conmemoración a su hermano desaparecido entregó los diplomas “por la dignidad anticorrupción” resaltando los actos de búsqueda por la justicia de cada uno de sus familiares y vulneración en diligencias judiciales. “A mi hermana Inés le han tocado cosas duras en este camino, cuando nos desparecieron a José (…) en la Fiscalía los funcionarios del momento (2012) me la citaron para que se hiciera una ampliación de la denuncia y eso fue en medio de un cuarto lleno de armas, luego fue una persecución laboral”, relata Olga. También Karen Tatiana, hija de Olga, recibió su diploma “por haber tenido que sufrir desde muy bebé, la desaparición de su tío, de pronto con las tristezas y ausentismo de su mamá por está buscando justicia”, conmemora Olga.

“Me siento muy bien porque recuperamos la tierra”, dice Pablito, de 8 años, quien pertenece a la tercera generación de los Cruz Castro y juega a palear la tierra durante la diligencia de restitución. El niño abre un hueco cerca del árbol que sembró Sinaí donde reunía a sus hijos cuando estaban pequeños.

En el recorrido por la finca el juez encontró cultivos de maracuyá, yuca, plátano, cambuches y una retroexcavadora enterrada. “Si bien hubo el acompañamiento por parte de la Policía Nacional no se actuó de manera contundente frente a todas las personas que estaban haciendo tenencia y uso del bien”, explicaba el abogado de la familia.

Fue un camino bravo y aún falta…”, menciona Olga. Al iniciar el protocolo de entrega material de la finca, el enlace de retornos y reubicaciones de la Unidad de Victimas, Arles Mora, explicó que aún se encuentra en planeación el plan de retorno para familias del municipio. El alcalde ordenó a la Policía Nacional “visitas periódicas al predio” y la buena noticia en el día de la entrega dada por el juez de restitución fue “que el Ejército se queda acá hasta el lunes”. Es decir, el Ejército tuvo presencia hasta el 6 de agosto.

“El sábado entraron 4 tipos a saquear la platanera y la Policía en cambio de hacer efectivo la encarcelación los soltaron”, afirma Olga quien denuncia que esa actitud va en contravía de las medidas de protección y seguridad indicadas por el juez, el alcalde y el procurador delegado.

Aunque la familia Cruz Castro ha regresado a Santa Lucía, todavía hay un camino que falta por recorrer ante las instituciones en garantía de su dignidad y seguridad.