A los congresistas no les interesa ni la paz ni la vida de los líderes sociales

Cuando se firmó el acuerdo final de paz con las FARC, en noviembre de 2016, algunos políticos nacionales corrieron a proponer que solucionado el tema de la guerra, era el tiempo de pasar página y concentrarse en otros asuntos políticos. Parece que esa agenda caló en el congreso. La Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que está jugando un papel en la veeduría de los poderes públicos, ha realizado su segunda encuesta de opinión a los miembros del Congreso. Ésta ha sido realizada entre septiembre y octubre de 2017 y en ella ha participado el 75% de los integrantes de ambas cámaras. ¿Qué le preocupa a los y las congresistas?

Llama la atención cómo la lista de prioridades en la agenda política del Congreso poco tiene que ver con la paz y mucho con lo que tiene que ver con el poder. Para los encuestados el problema político más grave del país es la corrupción (35%), seguido por la politización de la justicia y otros órganos de control (19%) y el desequilibrio en las ramas del poder público (11%). Sin embargo, la lenta implementación del proceso de paz sólo ocupa el quinto lugar en el listado de sus preocupaciones (7%), la violación de derechos humanos y el asesinato de líderes sociales sólo pesa un 3% en esa agenda y otros asuntos capitales en la democracia, como la participación de la mujer en la política (2%) o la participación de las minorías en la política nacional (2%) son totalmente marginales.

De hecho, cuando se le pregunta a los congresistas por su grado de acuerdo con algunos de los temas claves de la implementación de los acuerdos de paz, la división y la inconformidad es evidente. El denominado por algunos como “Congreso de la paz” no parece coincidir con el rumbo de la misma. Al 65% de los congresistas no les ha gustado la transformación de las Zonas Veredales en lugares de asentamiento indefinido de los desarmados; un 57,5% se muestra disconforme con que los partidos políticos registrados no puedan presentar candidatos en las circunscripciones especiales de paz; de hecho, la mitad de los encuestados no quieren esas 16 circunscripciones para las elecciones de 2018 y 2022, y un 64% están en desacuerdo con los recursos que recibirán las FARC para ejercer la política, entre otros asuntos.

Sin embargo, hay un acuerdo generalizado en que el Gobierno debe seguir negociando con el ELN en Quito hasta conseguir un acuerdo de paz e, incluso, verían con buenos ojos que el Ejecutivo conversara con otros grupos ilegales.

Un congreso conservador

La mayoría de los congresistas, por otra parte, creen que el Gobierno está fracasando en asuntos claves para el país. Se nota, de hecho, un empeoramiento de la percepción respecto a la anterior encuesta hecha por el MOE en 2015. Si entonces, el 50% de los congresistas creían que el Ejecutivo había fracasado en el objetivo de reducir la brecha entre ricos y pobres en el país, ahora es el 70% el que considera que nada se avanza en este asunto. El 60% considera que no se ha integrado al sector agropecuario en la agenda económica del país.

La encuesta revela el carácter fundamentalmente conservador del Congreso en asuntos sociales, inclinándose al inmovilismo más las mujeres que los hombres. De hecho, mientras un 51% de los hombres podrían estar de acuerdo con el matrimonio civil de personas del mismo sexo, sólo el 36% de las mujeres ve con buenos ojos esa medida. Igual pasa con la adopción de niños o niñas por parejas homosexuales, aunque acá la brecha es menor: el 79% de las mujeres está en desacuerdo frente al 75% de los hombres. Respecto a la ampliación de los supuestos en los que no está penalizado el aborto, el 79% de las mujeres no quiere cambios frente al 60% de los hombres.

Eso sí, entre los encuestados, el 64% considera que su salario, el de congresista, es justo. Para quien no lo recuerde, los congresistas colombianos están en el top 5 latinoamericano de mejores salarios y cobran casi 30 millones de pesos al mes (95 veces más que el nuevo salario mínimo de 781 mil pesos mensuales).

La reforma electoral

Los congresistas encuestados, la inmensa mayoría, sí están plenamente de acuerdo en la necesidad de una reforma del código electoral en Colombia y hay bastante coincidencia en algunos asuntos relacionados con esa mudanza: financiación totalmente pública de las campañas o la creación de un órgano judicial especializado en procesar a los altos dignatarios.

Sin embargo, los congresistas tiene la opinión muy dividida frente a temas que están sobre la mesa de la reforma electoral, como el hacer obligatorio el voto de manera temporal o permanente, limitar la posibilidad de reelección de miembros de corporaciones públicas de elección popular, la conformación de movimientos políticos a través del registro de un número significativo de afiliados, o la inclusión de listas cremallera, entre otros.

La encuesta hace énfasis en asuntos electorales, con cierta lógica ante el calendario que enfrenta el país en los próximos meses. Los congresistas reconocen en sus territorios delitos electorales relacionados con la compra de votos, la intervención ilegal de funcionarios públicos en campaña, y la alteración de resultados electorales, pero parece de gravedad que un número significativo (algo más del 50%) no consideran confiable el sistema de elección de jurados electorales ni creen en la credibilidad del censo electoral.