Un centenar de firmas pide al Gobierno y al ELN el cese al fuego

La sociedad civil condena el atentado de Bogotá y exige garantías para los líderes sociales. El ELN justifica sus acciones violentas en el hostigamiento al que está sometida la guerrilla.

46 organizaciones de la sociedad civil colombiana y medio centenar de personas han respaldado una carta en la reclaman al Gobierno y al ELN que se llegue “en un corto plazo” a una declaración de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo que se mantenga hasta la firma del acuerdo. Condenan el atentado en La Macarena (Bogota), reivindicado por el ELN, y exigen garantías para los líderes sociales y defensores de derechos humanos y que se esclarezcan los actos violentos y los asesinatos contra ellas.

La carta, bajo el lema “ni una vida más para la guerra” y #CeseBilateralYa, está firmada entre otras asociaciones por el Movice; la Coordianción Colombia-Europa-Estados Unidos, Afrodes, el Cinep, Corporación Humanas o el Congreso de los Pueblos, a los que se suman firmas individuales como la de los senadores Alirio Uribe, Angela María Robledo o Iván Cepeda; el jesuíta Francisco de Roux; el profesor Víctor de Currea y los activistas Xiomara Ramírez, José Aristizabal o el gestor de paz Carlos Arturo Velandia. En la misiva pública advierten de que las acciones militares de las partes “desestimulan la participación de la sociedad” en un momento que requiere de garantías para que todos se vinculen al proceso, “por ello la urgencia de un alto el fuego bilateral”.

La pasada semana varios senadores del Polo Democrático se trasladaron a Quito para plantearle a la mesa de negociación posibles salidas para ese desescalamiento de la violencia y la firma de un cese bilateral. Ahora lo hacen este centenar de organizaciones y ciudadanos apenas unas horas después de que el ELN asumiera la autoría del atentado de Bogotá que le costó la vida a un policía nacional y dejó varios heridos.

Para las organizaciones y ciudadanos que firman la carta, otros procesos han demostrado que desescalar el conflicto armado ha permitido avanzar en la concreción de un acuerdo de paz final. Insisten, y lo exigen “como imperativo ético”, que la población civil no siga siendo víctima de los ataques en medio de la guerra y por ello rechazan los “asesinatos, secuestros, atentados y todo tipo de actos violentos en contra de colombianos y colombianas que anhelan vivir en paz”.

La situación de los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos también centra la preocupación de los firmantes de la carta, quienes dicen sumarse a un clamor y una preocupación nacional que “se ha cobrado cientos de vidas”.

En cualquier caso, felicitan al Gobierno Nacional y al ELN por los avances en los diálogos de paz y esperan que “continúen las buenas noticias para lograr el fin del conflicto armado en Colombia y la construcción de una paz completa, estable y duradera”. Insisten en que realizarán una veeduría ciudadana del proceso y llaman a las partes a que no se levanten de la mesa “hasta conseguir el mejor acuerdo posible”.

En su comunicado de reivindicación del atentado de La Macarena, el ELN insiste en “la urgencia de pactar un cese al fuego bilateral para crear un ambiente favorable al proceso de paz” y aliviar asi la vida y condiciones humanitarias de los habitantes de los territorios donde se asientan las fuerzas guerrilleras. Según el ELN, fue el Gobierno el que rechazó tal planteamiento e impuso la condición de “dialogar en medio del conflicto” argumentando que “un cese al fuego beneficia a la insurgencia y desmoraliza a las Fuerzas Armadas quienes están ganando la guerra”.

El ELN asegura que todos los territorios donde opera “están saturados por gigantescos operativos militares” y denuncia que “la guerra sucia y el terrorismo de Estado contra los líderes sociales y organizaciones populares va en aumento”. Con estos argumentos justifica “su accionar armado contra las fuerzas atacantes para defenderse”.

Las propuestas del Polo Democrático a la mesa de Quito, según publica Blu Radio, pasan por la atención humanitaria a los integrantes del ELN detenidos en reclusorios del país y la disminución de los atentados de esta guerrilla.