Memoria

Como tantos miles de muertos, fruto de la guerra interna colombiana, en el Pacífico se resisten al olvido. Entre ellos está Jorge Luis Mazo, sacerdote católico que en el momento de su asesinato era el párroco de Bojayá-Chocó, quien cayó al río Atrato con ocasión de un atentado cometido por los paramilitares al mando de Carlos Castaño Gil.

En este mismo hecho, del 18 de noviembre de 1999, también fue asesinado Íñigo Egiluz Tellería, cooperante vasco, quien a sus 24 años de edad estaba compartiendo su vida y sus sueños con las comunidades, organizaciones y víctimas del medio y bajo Atrato. Esta semana hemos conmemorado los 17 años de este lamentable y repudiable acontecimiento.

La verdad no se ha sabido, pues si bien es cierto que hubo una condena contra los autores materiales, nunca se ha llegado a identificar los responsables directos, los que dieron la orden de este doble asesinato, ni mucho menos se conoce oficialmente por qué el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- , responsable de recoger diariamente la lista de quienes se hospedaban en los hoteles de Quibdó, al constatar que allí, en el hospedaje que estaba enfrente de la curia episcopal, se encontraba un prófugo de la justicia y no lo retuvieron, persona ésta que terminó siendo uno de los asesinos de estos dos invaluables seres humanos.

Hoy, a ocho días de haberse firmado el Nuevo Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, cuyo centro se supone son las víctimas, no puede dejar de sorprender que el presidente de la República no haya sido claro en el paso a seguir para la refrendación y el comienzo de la implementación. A Juan Manuel Santos se le ha escuchado decir, desde la asamblea de la OEA y en su alocución del día 19 de noviembre de 2016, que la implementación es urgente.

Sin embargo, el país está en vilo, pues la institucionalidad no da razón del camino a seguir, todavía los mismos congresistas no se atreven a hacer la refrendación en espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, se sigue diciendo de la posibilidad de un nuevo plebiscito o la realización de ‘Cabildos Abiertos.

Las víctimas se han expresado de múltiples maneras pidiendo la refrendación inmediata, argumentando que el Congreso de la República es el espacio más ágil para dicho proceso, que es necesario detener la ola de violencia que se ha desatado contra los líderes y lideresas sociales en distintas partes del país, al igual indicando que el cese al fuego se está poniendo a prueba con los dos guerrilleros muertos en el Sur de Bolívar.

En memoria de todas las víctimas, en particular Jorge Luis e Iñigo, y con ellos los centenares de asesinados, los miles y miles de desplazados del departamento de Chocó, y de toda Colombia, se exige que se avance con la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el pasado 12 de noviembre. Se requiere que se ponga en marcha el sistema de justicia para que afloren las verdades, para que las víctimas puedan avanzar hacia la realización de todos sus derechos y recuperen su condición de sujetos sociales, de indígenas, afrocolombianos, mujeres, obreros, sindicalistas, campesinos, estudiantes, jueces, maestros y demás personas que han sido afectadas por el conflicto armado

La búsqueda de la verdad ha animado a las comunidades del Atrato a seguir su trabajo, pues ejemplos como el de Jorge Luis e Iñigo les impulsan en esta tarea con la esperanza de obtener justicia. Por eso urge poner en práctica el mencionado Nuevo Acuerdo, pues allí se afirma que habrá un Sistema de Justicia Especial para la Paz, el cual “…pretende ser integral, para que las medidas logren un máximo de justicia y de rendición de cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo del conflicto. La integralidad del Sistema contribuye también al esclarecimiento de la verdad del conflicto y la construcción de la memoria histórica. Entendemos que una respuesta amplia y genuina a los derechos de las víctimas -en el marco de la implementación de todos los demás acuerdos, que también garantizan derechos- es la base de la justicia.”

Hacer memoria además de recordar es dignificar a quienes, como Iñigo y Jorge Luis, ofrendaron su vida en la defensa de los Derechos Humanos y fortalecer la esperanza de quienes siguen buscando la verdad como base para la justicia y la construcción de una paz estable y duradera.

*Antropólogo, teólogo y doctor en Antropología. Exdirectivo de la UNICLARETIANA. Acompañante por más de 25 años a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en el Pacífico. En la actualidad Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y miembro del Comité Coordinador de la Coordinación Regional del Pacífico