“Ni Nicaragua, ni Colombia tienen derecho a estar peleando algo que no es de ellos»
Hace cuatro años Colombia perdió soberanía legal sobre el 40% del territorio marítimo que tenía en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Corte Internacional de la Haya así lo determinó luego de un proceso que inició en el 2001 producto de una demanda interpuesta por Nicaragua. Pero preguntarse sobre la legitimidad de la soberanía colombiana destapa un velo que no deja ver con claridad los huecos de una historia llena de disputas.
“Si seguimos así, con una Colombia que no quiere reconocernos frente a estos litigios, de que Colombia va y firma convenios, sin consultarnos, sin hablar con nosotros, no sé en realidad que va a pasar. Nosotros no hemos perdido, el que ha perdido es Colombia, porque nuestros territorios ancestrales nunca los podemos perder”, afirma Ofelia Livingston, lideresa raizal integrante de la Autoridad Raizal Transitoria, que con la voz firme enfatiza en que “ni Nicaragua, ni Colombia tienen derecho a estar peleando algo que no es de ellos. Ninguno de los dos tiene derecho a pelear algo que nuestros ancestros nos dejaron”.
En esta disputa quienes suelen argumentar las razones de cada país ante la La Haya, son voceros que llegan desde Managua y Bogotá, dejando a un lado los pueblos que han ocupado ancestralmente el territorio en litigio. Aquellos que parecieran no tener derecho a opinar. Mientras que el impacto de las determinaciones jurídicas internacionales ha generado perjuicios directos sobre la comunidad raizal. La vocación productiva de los raizales está basada en la pesca y la agricultura y el fallo de La Haya afectó sobre todo al sector pesquero.
“Nuestras artes de pesca son diferentes a las de Nicaragua. Nosotros llevamos un proceso de preservación de estas áreas marítimas, con el fin de que los recursos naturales, lo que es la pesca de langosta queremos que perdure a través de los tiempos para las futuras generaciones”, explica Germán Celis Gordon, miembro de la organización raizal AMEN SD. “Nosotros pescamos con artes más sanas, Nicaragua pesca con buzos y son más depredadores. Ellos se apoderaron de esa parte del mar y están acabando con todo lo que nosotros ya habíamos preservado”.
La demanda que interpuso Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya reclamó la soberanía sobre 60 mil millas de aguas territoriales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el 2012 la Corte favoreció a Nicaragua frente a esta disputa histórica. Y frente a la pérdida del litigio la reacción del Estado colombiano fue en varias líneas que buscaban, ante los ojos del estado nicaragüense, mantener la soberanía colombiana sobre el área marítima pérdida y así desconocer el fallo de la Corte de La Haya. Pero, ninguno de los dos gobiernos ha surtido un proceso de consulta a los pueblos raizales sobre el destino que prefieren para su territorio incluyendo la zona marítima.
«Si Colombia no menciona al pueblo raizal, entonces La Haya no se va a enterar, no va a saber nunca que hay un pueblo indígena, tribal, que lleva más de 400 años en este territorio», argumenta Celis Gordon. El pueblo raizal de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina posee como lengua materna el Creole, una lengua criolla de léxico predominantemente angloparlante; su cultura es producto de un híbrido de expresiones afrodescendientes, anglosajonas y antillanas, y poseen prácticas espirituales basadas en la creencia Bautista. De hecho, las configuraciones culturales y familiares del pueblo raizal son compartidas con los pueblos “creole” que viven en las costas del mar Caribe en Nicaragua. “El pueblo raizal y el pueblo creole fueron divididos por las dos naciones, Colombia y Nicaragua. En sí, el pueblo creole del lado de Nicaragua, pesca de manera artesanal también, y eso va de acuerdo con nuestras artes de pesca. Lo que pasa es que el Gobierno de Nicaragua entrega concesiones a multinacionales y ellos vienen con sus métodos depredadores”.
Problemas locales
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene además múltiples problemáticas por resolver. El tema de la sobrepoblación es uno de los más críticos para los raizales, como lo sustenta Germán: «Hay muchas personas viviendo hacinadas en la isla de San Andrés. Eso trae condiciones sanitarias muy graves, trae un deterioro al ecosistema, toda vez que esta es una isla frágil y urge que el gobierno atienda esta problemática».
Los raizales alertan un riesgo de posible exterminio frente a la reducción progresiva de su población, pues luego de ser la población mayoritaria, en el Censo poblacional del 2005 realizado por el DANE, la población raizal registró 30.118 personas de las 76.442 personas que habitan en las islas, lo que corresponde a solo el 39.4% de la población total. «A mí lo que más me preocupa es que nuestra identidad como pueblo se está perdiendo, porque la cultura de las otras personas que han llegado a San Andrés se está apoderando lentamente y en la parte de la educación que es generalizada porque nuestros hijos tienen que aprender el idioma español a las buenas o a las malas y nuestro idioma nativo no se está enseñando», añade Livingston.
Old Providence Island / Foto: Rossih Amira
Desde Bogotá, el gobierno colombiano demandó ante la Corte Constitucional la Ley 37 de 1961 que hacía efectivo el Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. Ese Pacto le daba jurisdicción a la Corte de La Haya sobre la problemática territorial. Pero la Corte Constitucional en el 2014 emitió la sentencia C-269/14 en donde declaró que, según la Constitución Política colombiana, los límites del Estado no son posibles de establecer sin la existencia de un tratado internacional.
El Estado de Colombia se retiró del Pacto de Bogotá y definió que el fallo de La Haya no era aplicable hasta que no existiera un tratado limítrofe entre Nicaragua y Colombia. Así lo planteó en 2013 la Presidencia de la República al sostener que: “el fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable –y no será aplicable– hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución”.
Así mismo, el Gobierno central declaró una “Zona Contigua Integral” para ejercer control sobre el archipiélago, con una estrategia de seguridad que afianza el ejercicio de la soberanía territorial del Estado colombiano. Lo que también disgustó a los nicaragüenses. Esto provocó la demanda presentada el 25 de noviembre de 2013 por el gobierno de Nicaragua alegando incumplimiento del fallo por parte de Colombia.
Pero en donde menos se ha concentrado la prensa colombiana, ha sido en el otro planteamiento de la Corte Constitucional, que también exige la consulta al pueblo raizal en el caso en el que se decida establecer un Tratado Internacional.
Este jueves 17 de noviembre, el Estado colombiano presentó la defensa o contramemoria en el proceso contra Nicaragua por las «Supuestas Violaciones de sus Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe» y la Cancillería anunció que: «El Gobierno Nacional continúa defendiendo con firmeza la integridad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los derechos de Colombia en el mar Caribe». Todavía falta responder a otro proceso, en donde Nicaragua pretende obtener la soberanía sobre toda la plataforma continental, lo que involucraría a toda la zona insular que hoy le pertenece a Colombia. La comunidad raizal convoca a una movilización este sábado 19 de noviembre de 2016, cuando se cumplen cuatro años después del primer fallo de La Haya en esta disputa.
El sábado volverán a resonar las voces raizales para exigir la satisfacción de varias necesidades porque, como lo expone Germán Celis, hay que «recordar el dolor y el sufrimiento que pasamos cuando se nos cercenó y dividió el territorio, [y] lo otro es el proceso del Estatuto Raizal«. Frente a esta última reclamación, Ofelia Livingston explica que «lo principal es el Estatuto Raizal, un estatuto autonómico sobre el que durante más de 20 años hemos estado hablando. El pueblo raizal tiene derecho a la autodeterminación y en estos momentos parece que el Gobierno Nacional no tiene interés en que nos sentemos en una mesa a negociar el tema del Estatuto porque el principal tema de ese estatuto es el territorio«.
Convocatoria a raizales en la página www.raizalunity.com
La estrategia de defensa colombiana ante La Haya, esta vez trajo otro matiz. Por primera vez en la historia de esta disputa, el Estado colombiano definió tener en su equipo de trabajo a varios miembros del pueblo raizal, aunque aún existen algunas críticas: “El Gobierno de Colombia lo que ha hecho es contratar a unos tres o cuatro raizales, los tiene ahí, los escucha, pero no utiliza sus argumentos para la defensa” explica Germán Celis.
La población raizal convoca a una movilización pacífica este sábado, no sólo para pedir cuentas sobre cómo se desenvuelve el Gobierno colombiano en el litigio contra Nicaragua, sino para decirle a la opinión pública colombiana que «la comunidad está hastiada del colonialismo, porque aunque Colombia no quiere reconocer que nos está tratando como a una colonia, ¡esa es la verdad!». Palabra de Ofelia Livingston. That da that.
