Ni profesionales ni plata para identificar miles de cuerpos

Hay un largo pasillo con algunos computadores arrumbados contra la pared. Silencio. Alguna sala preparada para formación y despachos. Es la parte de atrás, la no pública, del edificio del Instituto de Medicina Legal en Bogotá. Está ubicado al pie del parque del Tercer Milenio, ese que trata de hacer olvidar al viejo Cartucho, como olvidados o, al menos, no encontrados permanecen miles de personas/cuerpos en Colombia. Desde este enclave se buscan y revelan las pistas para paliar ese olvido con más trabajo que personal, con más ganas que manos o presupuestos o voluntades políticas…

“Los antropólogos forenses somos los antropólogos más sociales porque brindamos al Estado elementos para los procesos de reparación en los casos de desapariciones y a las familias las ayudamos a terminar su proceso de duelo”. César Sanabria es miembro del Grupo de Investigación en Ciencias Forenses del Instituto de Medicina Legal y uno de los antropólogos forenses más veteranos y experimentados de Colombia. Es magíster en Antropología Física y Forense y PhD en Evolución Humana, Antropología Física y Forense, y profesor e investigador en la Universidad Antonio Nariño. Su tono es el de un técnico hablando de su trabajo, dice ser parte de ese escaso 0.1% de personas capaces de “estar en este cuento”, porque los seres humanos no están preparados para ver muertos. Sin embargo, admite que se ven cosas terribles. “Ver tejidos, restos óseos de un brazo con 50 marcas de machete es bastante fuerte, imaginarse el suceso, cómo ocurrió, pensar que aún estaba vivo…”.

Además de este edificio y del principal, donde sí hay un cierto trajín de personas y guardas de seguridad, Medicina Legal tiene otra área para custodiar algo más de un millar de cadáveres esqueletizados que ya está llena. Es parte de la narración de los retos que se avecinan con el postconflicto y de la nueva Unidad de Búsqueda, incluida en el Acuerdo de Paz de La Habana.

César Sanabria está tan convencido de la importancia de la antropología forense y de su papel como de que el país “no tiene capacidad” para abordar el reto de buscar e identificar a las miles de víctimas de desaparición forzada. No solo es cuestión de presupuestos, es que faltan profesionales. El último informe del Centro de Memoria Histórica habla de 60.630 desaparecidos, Sanabria reconoce que “todo el mundo lo sabe, hay que contratar más personal especializado. Más antropólogos forenses. Sí falta mucha gente”. Y es que en la actualidad, entre Policía, Fiscalía y Medicina Legal los expertos en antropología forense -unos con más formación que otros- suman únicamente 53. Un simple cruce de datos con el informe del Centro de Memoria y una división apunta a que cada uno de estos forenses debería hacerse cargo de 1.143 desaparecidos, y solo si las cifras no aumentan. ¿Cuándo concluirían?

Hasta el momento no se ha hecho un cálculo oficial de qué equipo sería necesario para abordar ese trabajo, tampoco hay un plan de choque ni una estrategia forense para el postconflicto. Sanabria plantea, además, que “un gran problema es la academia, las universidades de Colombia. Ni una sola está entrenando a las nuevas generaciones. La que más se aproxima es la Universidad Nacional que tuvo una especialización en antropología forense hasta 2005. Pero ahora no se está entrenando en esa materia como tal, es una materia más dentro de una especialización. Así que el primer problema es que no se están preparando profesionales”. Entonces ¿habrá que contratar extranjeros? “El país se va a ver avocado a eso”, admite el antropólogo, que plantea que la colaboración con equipos internacionales es algo habitual en otros conflictos armados, como ocurrió en Bosnia o en Guatemala. De hecho, él mismo ha trabajado y colaborado fuera de Colombia.

Las islas dentro del Estado

El Acuerdo de Paz de La Habana contempla la creación de una nueva Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y es este órgano el que, en teoría, deberá conformar el equipo necesario. Este nuevo ente surge con una mala herencia: las dudas sobre la efectividad de la actual Comisión de Búsqueda, creada en 2007. César Sanabria cree que tiene posibilidad de ser diferente pero con condiciones: “Si ponen a la gente que es, sí, tiene posibilidades. Que le dejen cierta autonomía y que coloquen a un personal experto que haya estado en el cuento, que tenga experiencia, médicos forenses que hayan trabajado como médicos forenses en todo lo que estamos viendo aquí, cadáveres esqueletizados. Que tengan cabeza y estén en capacidad de discutir el procedimiento con un antropólogo o un médico forense. No pueden poner a un payaso burocrático que no sepa cómo son las cosas”.

Otra condición importante para Sanabria es que la labor forense se concentre en un solo lugar porque permite un mayor control. Así ocurre en Estados Unidos y así estuvo durante un tiempo en el país, desde 2005 todos los cadáveres que se encontraban en Colombia llegaban hasta Medicina Legal en Bogotá, entre otras cosas por los pocos profesionales y equipos disponibles. “Pero hace algo más de un año todo cambio” y volvió a dispersase entre Fiscalía, Policía y Medicina Legal. Sanabria cree que “es un error que la Fiscalía haga necropsias, porque aunque sean cadáveres esqueletizados son necropsias, y que la Policía construya sus laboratorios”. “¿Por qué no dejan a Medicina Legal hacer su trabajo, de manera centralizada y todo bien?”, se pregunta el antropólogo forense, que recuerda cómo esa fue la propuesta del Programa Internacional de Entrenamiento en Investigación Criminal (ICITAB, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Finalmente, EEUU financió con 4 millones de dólares en 2012 la construcción de un Centro de Identificación Humana para la Fiscalía General. “Yo no sé si eso funciona o qué ahora”. La colaboración dentro del propio Estado, como en otras áreas, no parece sencilla. “Yo me acuesto todos los días orando para que nos pongamos de acuerdo”.

No hay un cálculo de cuántos cuerpos pueden aparecer. Están los cadáveres que fueron quemados, de los que se puede hacer un perfil pero es muy difícil identificarlos, o los arrojados a los ríos, en un país donde el sistema hídrico es “muy bravo”. Esos aparecen muy dañados o no aparecen. “No tengo un cálculo” sobre el porcentaje que no va a aparecer nunca, admite Sanabria, que se remite a las cifras del trabajo derivado del proceso de Justicia y Paz. Ahí las confesiones de los paramilitares han permitido encontrar, después de 10 años, 6.729 cuerpos pero se calcula que pueden ser hasta 20.000 los que esperan ser rescatados de fosas comunes clandestinas. De los recuperados, aún hay más de 3.000 sin entregar a las familias.

La excusa del Gobierno para no abordar algunos casos de identificación, como los de la masacre de Bojayá, es la falta de dinero. En esta comunidad del Chocó fallecieron 79 personas, la masacre impactó a Colombia hace quince años pero las familias aún no han recibido a los suyos. El antropólogo admite que es cierta esa falta de dinero. “Medicina Legal no tiene el recurso económico adecuado para enfrentar la situación que se viene ahora [con el postconflicto]”, además de los cuerpos encontrados a raíz de proceso de Justicia y Paz y los que forman parte del denominado como Plan Cementerio, la búsqueda de cadáveres sin identificar en los camposantos que sólo ha avanzado en en cuatro lugares. Y a eso hay que sumar los cuerpos derivados de la delincuencia común. Unas 30.000 personas mueren al año de forma violenta en Colombia.

El Palacio de Justicia

No siempre es la falta de presupuesto la que tranca los avances forenses. La voluntad política también pesa porque los cuerpos esconden verdades que no siempre son cómodas. Quizá un caso ejemplar sobre errores por acción o por omisión es el del Palacio de Justicia. Apenas este 23 de febrero de 2017, algo más de 31 años después de los hechos ocurridos en 1985, Medicina Legal pudo identificar de manera certera el cuerpo del magistrado Elmiro Sandoval. “Fue muy duro saber que le rezamos a una tumba que no pertenecía a mi papá, recibimos esto con mucho alivio, y esperamos que los demás desaparecidos del Palacio de Justicia, puedan sentir esto”, declaraba Alexandra, la hija de Elmiro, al conocer la noticia.

Apenas ahora se están corrigiendo identificaciones erróneas, cuerpos ‘perdidos’, y se están entregando los restos de las víctimas a sus familias. “Eso es una vergüenza en la que han tenido que ver, supongo, muchas personas, muchas instituciones y muchas situaciones”. César Sanabria estuvo como estudiante de posgrado hace años en algunas de las excavaciones, hoy mira el caso ya como antropólogo forense. Admite que “en la parte técnica hubo muchas fallas en el manejo de la escena ¿Cómo así que llegan los bomberos a barrer con agua y limpiar? Aquí cada quien tuvo su pecado”. No obstante, también reconoce que los conocimientos técnicos de 1985 no son los de ahora. Las técnicas de ADN apenas se desarrollaron en los 90. “No es una disculpa, pero no se puede juzgar con el mismo rasero”. Parte de los cuerpos llegaron a Medicina legal en 2014 “y aquí estamos haciendo un trabajo de filigrana que desafortunadamente no se hizo antes, por mil razones”. Sin embargo, cree que ahora hay buenas ideas de la Fiscalía que está haciendo ahora lo que no se hizo al inicio.

La verdad de los cuerpos esqueletizados

La antropología forense es aquella que aplica los métodos de la antropología biológica al contexto forense. El objetivo es apoyar las necropsias médico-legales de cadáveres “complejos” es decir, aquellos sepultados en fosas clandestinas y que han sido alterados intencionalmente por sus victimarios con el fin de obstaculizar su identificación y ocultar o enmascarar las lesiones, retardar su hallazgo y, por tanto, la investigación judicial. El ejemplo más difícil es el de los cadáveres arrojados a los ríos o incinerados. La figura del antropólogo ayuda a determinar el sexo de esa víctima -Sanabria es responsable de una técnica que permite a los forenses esta identificación-, su edad, estatura, la forma en que pudo morir y las circunstancias.

En este trabajo es muy importante la participación de las familias, para que aporten datos físicos, detalles. Ahora, el ADN -introducido en Colombia en 1992- facilita también el trabajo, pero esta parte se enfrenta a dos escollos, que se pueda extraer del cadáver, si no está muy dañado, y que las familias hayan denunciado la desaparición y que por tanto haya con qué comparar. Pero en Colombia hay muchos casos que no se denuncian porque no se sabe de la desaparición en sí o porque se tiene miedo. Muchos cuerpos tienen su perfil y su ADN pero no hay con quién cotejarlos.

El gobierno aprobó una ley que regula una “entrega digna” de los cuerpos a las familias. Es el momento en que padres, madres, hermanos o parejas pregunta qué pasó. Entre antropólogos, médicos y psicólogos se trata de dar respuestas que alivien el dolor. Aportar verdades. Sanabria reconoce que se trata de un momento muy delicado en el que hay que tener mucho tacto para no revictimizar por error a la familia. “Yo no soy muy bueno para eso… sólo he asistido como a dos o tres”.

No hay un estudio o explicación social, ni un mapa sobre los cuerpos aparecidos, únicamente Fiscalía ha ubicado geográficamente los casi 7.000 cuerpos localizados a través de Justicia y Paz. Y no hay un perfil específico para las víctimas de desaparición forzada, “las mismas que las de las 30.000 personas que mueren anualmente en Colombia, pocas mujeres, hay una mayoría de hombres entre 16 y 45 años”.

Aun viendo lo más terrible de la naturaleza humana, Sanabria es optimista con el futuro del país, cree que hay estrategias para arreglar las cosas. No defiende que haya una maldad congénita en Colombia, porque la violencia no es genética, “es una construcción cultural que se inició en el neolítico, cuando la especie humana se volvió sedentaria y vino el problema de la acumulación”. “Ahí está la madre de todos los problemas, cuando la gente comienza a acumular”.