(Con fotos de Alexa Rochi)
En 2017, Colombiaplural visitaba el Museo Nacional de Colombia y la periodista Pilar Chato destacaba el proyecto de renovación que avanzaba sin pausa: “(…)renovación que se cuestiona su papel en el siglo XXI replanteándose su estructura narrativa para presentar a los visitantes múltiples lecturas de los fenómenos culturales y sociales del país, apostándole a un relato colectivo que incluye personas y procesos que no habían sido visibles e invitando a la reflexión de los museos como lugares de memoria y espacios de construcción de paz. El viejo museo con el relato del poder criollo se está autodestruyendo para renacer en voces múltiples”. Sólo faltaba que los viejos poderes disfrazados de ‘batalla cultural’ regresaran al Gobierno para intentar borrar en unos días lo que ha costado décadas construir: abandonar el discursos monolítico de próceres criollos para contener la inmensa diversidad del país. Hoy, la amenaza del retroceso se ha hecho material.
En la protesta que se convocó este sábado 17 de octubre a las puertas del Museo, se gritaba “Toda dictadura empieza con censura”. Una reacción inicial a la decisión del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ejecutada el jueves 15 de octubre por el Ministerio de Cultura, de retirar al menos 30 obras de tres de las salas permanentes del Museo. Todas ellas relacionadas con asesinatos de líderes de la izquierda, con el movimiento feminista, con la comunidad LGBTIQ+, el proceso de paz que culminó con el acuerdo de 2016 y hasta la camiseta con la que el ciclista Lucho Herrera ganó la Vuelta a España en 1987. La instrucción de De la Espriella era tan clara como aterradora: tomar medidas “para que toda esa oda al terrorismo en la que aparecen [Carlos] Pizarro [asesinado en 1990] y demás terroristas sean desaparecidos de los lugares públicos”.
El sábado, de hecho, el museo apareció rodeado de agentes del temido ESMAD (ahora denominado Unidad Nacional Antidisturbios) y la movilización pacífica terminó con una intervención violenta de los antidisturbios para evitar el corte de la vía pública. “No queremos que nuestra presencia en el museo se termine convirtiendo en un expediente policial”, se proclamaba en un manifiesto leído a las puertas de la antigua cárcel bogotana que es sede del Museo Nacional. También se registró una intervención de las autoridades que identificaron a 12 menores con la intención de expedientar a sus padres en caso de que participaran en la ‘primera línea’ de la protesta.
Erik Arellana Bautista, el activista de Human Rights Everywhere (HREV) informaba desde la protesta que había sido “pacífica, con participación de familias, expresiones de música, poesía, literatura”. Lo hacía mientras decenas de agentes amenazaban a los manifestantes y se registraban “provocaciones” denunciadas por los veedores de derechos humanos. La tensión creció de manera exponencial cuando apareció una tanqueta del ESMAD. “Mientras la gente bailaba y apelaba a la cultura, el Gobierno envió agentes con uniformes nuevos, escudos y tanquetas para reprimir”, concluía Arellana Bautista. Una mujer se paró frente a la tanqueta para evitar su acceso a la Carrera Séptima y otras mujeres mayores le ayudaron a hacer una cadena de defensa, pero, finalmente sobre las 6:30 p.m. comenzó el ataque de la policía a la ciudadanía.
Hacia una mirada única
Seis centros de arte del país se manifestaron también para mostrar su preocupación por lo ocurrido en el Museo Nacional donde, según el Ministerio de Cultura, se hacía “apología del terrorismo” con las obras ahora retiradas (entre ellas el bolígrafo con el que se firmó el acuerdo de paz de 2016). El Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), el Museo de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo Rayo, y el Museo de Arte Moderno del Tolima emitieron una declaración conjunta en la que mostraban su “profunda preocupación por el retiro de obras y objetos del Museo Nacional de Colombia por razones ideológicas. Un museo tiene la responsabilidad de permitirnos conocer la complejidad de nuestra historia, incluso aquello que nos incomoda, nos enfrenta o nos cuesta reconocer”.
Hace nueve años, en la visita de Colombia Plural, el entonces director del Museo Nacional Daniel Castro Benítez, aseguaraba que lo que se intentaba era «repensar la diversidad cultural, social y política del país invita a mirar quiénes no han sido representados y cómo se han mostrado, a escuchar la voz que representan, a ponderar las exclusiones y los silencios”. Se hizo durante los mandatos de varios presidentes de derechas y se mantuvo con el gobierno de Gustavo Petro. Ahora, bajo la consigna de la «contrarrevolución cultural», la ministra de cultura, Paola Holguín —especialista en seguridad y defensa—, quien aseguró este sábado que “el Museo Nacional no puede ser un espacio de apología al delito o revictimización; tiene que observar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición” y anunció que su ministerio está revisando “la museología y la curaduría” de todos los espacios que gestiona.
Mientras, la curadora e investigadora independiente María Wills Londoño publicó una carta abierta en El Espectador en la que recordaba a Abelardo de la Espriella y a Paola Holguín que “el arte no existe para confirmar nuestras certezas, sino para ampliar los límites de lo que podemos ver, comprender e imaginar. Suprimir esas voces en nombre de la moral es confundir la ética con la censura y reducir la complejidad de la experiencia humana a una única forma de entender el mundo. (…) Colombia no necesita museos que confirmen las certezas de quienes detentan el poder. Necesita instituciones capaces de albergar nuestras contradicciones, hacer visibles nuestras diferencias y permitirnos comprender que ninguna identidad colectiva se construye borrando las experiencias de los demás”.
