Tumaco, el epicentro de una paz confusa

En Tumaco (Nariño) ahora se ven niños jugando en la calle hasta tarde y la gente camina por los barrios a cualquier hora. Parece que hay una tímida tranquilidad recuperada en un municipio que acumula algo más de 88.000 víctimas por el conflicto armado, según el registro Único de Víctimas a 1 de febrero. Guerrilla, paramilitares y bandas criminales envenenados por el narcotráfico llevan casi dos décadas disputándose un territorio destino de las familias que huían de la guerra en otros lugares y con un constante desplazamiento intraurbano plagado de fronteras invisibles. Pero las palabras, como los riesgos de una lenta implementación de los acuerdos de paz, se agazapan tras las conversas que reconocen esa tranquilidad pero acaban verbalizando frases como que “hay en el aire olor a muerte” o “sentimos pasos de animal gigante”. En Tumaco, a pesar de todo, sus gentes transitan con la mira en la paz, la memoria y la reconciliación.

Los asesinatos, los grupos armados que están ocupando los espacios que dejan las FARC tras su concentración en las Zonas Veredales, y las amenazas expresas y físicas de paramilitares son algunos de los riesgos y temores que emergen de la conversación con diez vecinos, líderes sociales y responsables públicos de Tumaco. Eso, y los posibles problemas de convivencia de las comunidades con las Zonas Veredales de las FARC y, sobre todo, la situación de los ‘disidentes’, unos 330 hombres, ex milicianos de las FARC, que la guerrilla reclutó en su día para expandir su control territorial pero que hoy no reconoce como parte de los suyos para ser incluidos en el proceso de paz. Jóvenes en su mayoría, sin una salida laboral, sin un futuro cierto. Y, junto a todo ello, y en medio, el narcotráfico y los cultivos de coca -Tumaco es el municipio que más hoja de coca produce del país- y la necesidad de una salida para sus cultivadores; y, claro, la crisis institucional y política del municipio.

Las cifras también contradicen esa sensación de que la seguridad es mayor -“en Espriella no hay atentados desde el año 2012”, “ya no hay asesinatos selectivos”- y lo cierto es que desde enero se han producido 30 asesinatos en el municipio, cinco más que en el mismo periodo del año pasado; que de enero a noviembre de 2016 se contabilizaron 132 muertes violentas (15 más que en 2015). En Tumaco la tasa de criminalidad se sitúa en 65 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de Colombia es de 25,9.

“La desmovilización de las FARC amenaza con dejar a Tumaco en una situación de vulnerabilidad y temor aún mayor. El hecho de que la guerrilla deje de estar en los territorios hace que estos sean atrayentes para aquellos que quieren tomar poderío sobre ellos (…) Los informes de prensa indican que desde el año 2015, y a la par de las negociaciones, las FARC han seguido atentando contra Tumaco. Bien dejando a los barrios en los que hacía presencia a merced de las bandas criminales y de los no desmovilizados que empiezan a reorganizarse, o enfrentándose a los nuevos grupos que se constituyen”. Es parte de la descripción que la Fundación Paz y Reconciliación plasma en un informe que acaba de publicar sobre ‘La ciudad de Tumaco. Una historia de recomposición de actores en el territorio’.

Un informe en el que se alerta de la actividad paramilitar; de la amenaza de nuevos desplazamientos en la zona rural; de la presencia de grupos armados ilegales que ejercen dominio y control territorial, especialmente en las comunas 1, 4 y 5. El estudio también alude a la situación de años anteriores y de una realidad de fronteras invisibles que separaban los territorios controlados por cada bando, «confinando a sus pobladores, pues los ‘bandos’ limitan y prohíben el desplazamiento libre por las calles o entre uno y otro barrio”. Fronteras como mecanismo de control y temor que llega hasta el punto de que algunas familias interrumpían o cancelaban la asistencia de sus hijos a los centros educativos, asegura la Fundación, que alude al informe MIRA sobre la zona urbana de Tumaco en el que se asegura que pese a estar en marcha el proceso de paz, esta ciudad “aún está lejos de ser desalojada por los actores armados o criminales”.

Mary Cruz Cruel, directora del colectivo ‘Teatro por la paz’, reconoce que el Barrio Nuevo Milenio -uno de los más afectados por la violencia- se siente más tranquilo y, aunque siguen ocurriendo cosas que alarman, ya no existe la zozobra de los tiros, las patrullas de la policía, los panfletos o el toque de queda para las nueve de la noche. Los jóvenes juegan hasta tarde, pero los líderes del barrio, cuenta, están preocupados por la posible reorganización de los grupos armados en la ciudad. “Si el Gobierno incumple lo que está escrito en los acuerdos, puede ser que se reactiven esos grupos”, sentencia. Un líder afro de la ensenada de Tumaco resume parte de ese temor: “mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer”, vaticina para hablar de la preocupación para muchos líderes de que las FARC ya no estén en el territorio por la presencia de otros grupos que van asumiendo el espacio que dejan. Rafael, un líder de barrio Panamá (Comuna 4), admite que circulan esos rumores sobre ‘nuevos’ grupos armados, pero “los únicos armados que yo veo (en el barrio) son los de la policía”. Recuerda el daño causado por los desplazamientos intraurbanos, los asesinatos selectivos o los atentados con explosivos, pero afirma que estos han cesado desde el acuerdo de paz. “A buena hora las FARC entendieron que las balas no matan las ideas y que lo correcto es la paz”.

Las FARC salen: la lucha de poder por el territorio

El informe de la Fundación Paz y Reconciliación asegura que tras la desmovilización de los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur en 2005, y pese el aparente control de las FARC sobre Tumaco, la actividad ‘para’ continuó y surgieron nuevos actores violentos como Los Rastrojos, Los Urabeños o los propios empresarios y la fuerza pública. Recoge las palabras de muchos pobladores que dicen que se dio una “recomposición” en la organización y estructuras de los grupos con presencia en el municipio, con nuevas alianzas, cambios de bando y la conformación de nuevas estructuras. La Defensoría del Pueblo da cuenta de la llegada al casco urbano, en 2015, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Urabeños o el Clan Úsuga para “disputar el control de los negocios ilegales”. Ello trajo un aumento de asesinatos, la aparición de panfletos firmados por estas organizaciones o el ELN, y por un nuevo grupo el Bloque Sur Pacífico en los barrios de Nuevo Amancer, Avenida La Playa, Avenida de los Estudiantes o Bajito Tumaco, donde antes estaban los gaitanistas.

“Mi percepción es que en este momento la gente tiene mucho miedo por la salida de las FARC, el tema de los milicianos que ahora andan como rueda suelta, y de los nuevos grupos que quieren ingresar en Tumaco para controlar los canales de comercios de coca. Y eso es un miedo real”, advierte Gustavo, un vecino de la ciudad que guarda su nombre real por seguridad. El mismo apunta que cuando había un control absoluto de las FARC había una “cierta” tranquilidad pero ahora la comunidad no confía en las fuerzas armadas y la percepción es que la ley está más vinculada a los narcotraficantes y los paramilitares que al mismo pueblo. Para el vicario Arnulfo Mina, no basta solo con que se incremente el pie de fuerza del Ejército, es necesaria inversión social.

Los disidentes y la falta de salidas

“Hay muchos muchachos que están ahorita prácticamente obligados a pertenecer a grupos delincuenciales o ilegales porque no conocen un camino legal para posesionarse en el proceso de paz, porque nadie quiere acogerlos”. Una misionera juvenil de la comuna 5 -de nuevo la seguridad obliga a mantener los nombres en la sombra- lanza la alarma sobre los ‘disidentes’. La Fundación Paz y Reconciliación afirma que hay unos 300 exmilicianos que han manifestado su interés por acogerse al proceso de paz. Pertenecen a los reclutamientos que las FARC hicieron de jóvenes encargados de algunas acciones sin una fuerte ideología guerrillera y en situaciones de vulnerabilidad que no llegaron a ocupar cargos de alto rango. Ahora las FARC no los reconocen como parte de sus milicias y, por tanto, no se pueden acoger a los acuerdos de La Habana. “Si estos muchachos disidentes no encuentran un camino no violento de reinserción esto automáticamente pone en peligro a los barrios, si todos se meten en grupos ilegales otra vez va a empezar la misma lucha de cuando en el barrio se mataban entre dos bandos”, insiste esta misionera.

Una marcha en Tumaco // E.CP.

Según Gustavo, “los milicianos están preocupados por el proceso de paz, son personas que antes han colaborado con Los Rastrojos, luego con las FARC, ahora quién sabe con quién colaborarán. No tienen ningún ideología o base política seria, la cuestión es defenderse para que no me maten y controlar el territorio para proteger los canales del narcotráfico”. Según este vecino, lo único que quieren es tener una vida digna y para reincorporarlos a la vida civil es necesario un fuerte acompañamiento psicosocial que les permita superar su adicción a las drogas, en unos casos, o elaborar un proyecto de vida en otros ya que tienen su autoestima muy lastimada. “Se necesita un acompañamiento para ayudar a soñar, porque todo el mundo sueña”, apunta, y advierte sobre las familias de estos milicianos y el riesgo de su desplazamiento con la llegada de paramilitares. El secretario de Gobierno de Tumaco, Edwin Palma, dijo en una entrevista a Caracol radio que es necesario que el gobierno nacional tenga en cuenta la petición de este grupo de jóvenes que declaran haber sido milicianos de las FARC. Explicó que se trata de población joven que, ante la falta de oportunidades en el puerto, terminó en la ilegalidad y requiere de atención de las entidades del Estado, y principalmente, de la consejería para la reintegración. Otro tema preocupante resulta ser el asesinato de disidentes de las FARC, presuntamente por parte del mismo grupo guerrillero, recoge el informe de Paz y Reconciliación.

El vicario de la Diócesis de Tumaco, Arnulfo Mina, apostilla: “Esperamos que haya una salida alternativa para ellos, porque es un peligro inminente. Cualquier grupo los puede reclutar y no queremos eso. Esperamos que el Gobierno tenga una salida adecuada”. Luz, miembro de una de las juntas de acción comunal de la Comuna 4, narra cómo los jóvenes se encuentran a la expectativa de que se generen fuentes de empleo e ingresos, de oportunidades para quienes estuvieron vinculados a grupos armados. Este grupo de disidentes manifestó públicamente a través de una carta a las autoridades locales su disposición de entregar las armas y hacer parte del proceso de paz, lo que para la personera Anny Castillo es un “aliciente”. De hecho, con la mediación de algunos líderes comunitarios, se han logrado algunos acercamientos entre este grupo y el Gobierno nacional. “Son 333 muchachos que hacen parte de la organización, además de los cerca de 120 que se encuentran en las cárceles de Cauca, Valle y Nariño y que quieren vivir con la tranquilidad de la libertad, pues en este momento reciben la presión de las autoridades, que tienen que hacer su trabajo y esperaban poder, los muchachos, ver crecer a sus hijos con tranquilidad”, explicaba a RCN en Tumaco Víctor del Castillo, uno de los promotores de estos encuentros.

“Las nuevas estructuras y la reorganización permanente de sus milicianos sigue siendo muestra de la intención de algunos de mantener las rentas de economías ilegales y por adueñarse de las rutas del narcotráfico mediante el control de las poblaciones y de los territorios estratégicos”, considera Paz y Reconciliación.

Las zonas rurales: amenaza paramilitar

La situación en las zonas rurales es diferente a la urbana, pero no por ello hay más calma. Algunos aseguran que los paramilitares (en Salahonda -cabecera municipal del municipio vecino Francisco Pizarro-, Pital de la Costa, Bajo Mira). La personera municipal de Tumaco, Anny Castillo, también reporta la presencia de paramilitares y se muestra preocupada por los desplazamientos recientes (diciembre de 2016 y enero de 2017) en las comunidades de Pital de la Costa (100 familias) y Terán (75 familias), donde algunos grupos se identifican como autodefensas aunque la identidad no está plenamente confirmada. “Sentimos pasos de animal gigante”, dice un habitante de la zona rural cuando se le pregunta por la posible presencia de estos grupos. Paz y Reconciliación habla de una presencia significativa de la organización ilegal ‘Renacer’, compuesta por delincuentes comunes, disidentes y colaboradores de las AUC y las FARC a la vez.

Castillo también reporta la presencia del ELN en Llorente o La Guayacana. Y, junto a ello, está la coca. Castillo reconoce que tener la condición de ser el municipio con mayor presencia de cultivos de coca favorece la presencia de actores armados para apoderarse del negocio del narcotráfico.

La coca y la sustitución de cultivos

La ubicación y geografía de Tumaco la convierte en una golosina para el tráfico ilegal de estupefacientes. La salida al mar, la selva, los esteros o los ríos que llegan hasta el Pacífico han hecho de Tumaco pastel en disputa de guerrillas, paramilitares y grupos criminales. Tumaco es una de las cuatro zonas priorizadas por el Ministerio de Defensa para la erradicación forzosa de coca. Este año, de las 5.000 hectáreas erradicadas en el país, 421 estaban en Tumaco. Según se relataba en un especial de Semana si bien oficialmente en Tumaco hay 16.900 hectáreas sembradas con coca (18% de toda la coca sembrada en el país), la cifra podría llegar a 29.000, pues todas las fuentes coinciden en la existencia de subregistros. De promedio, una hectárea puede generar a una familia ingresos trimestrales de 4 millones. Un buen recolector de hoja de coca, explica a Semana un cocalero, que en un día raspa hasta diez arrobas y puede ganarse 70.000 pesos, “mientras que si trabaja en un cultivo de aceite de palma, no le pagan más de 35.000 al día”.

Los vecinos de Tumaco dicen que no están llegando compradores a las zonas rurales y, al caer la venta de pasta de coca, cae la economía del municipio, sin embargo hay vecinos que aseguran que a las comunidades de Río Mejicano están llegando personas de México y que también se han visto extranjeros en Salahonda.

El padre Arnulfo Mina cree que “es bueno que el Gobierno sepa que donde esté la coca siempre habrá problemas” y por eso aboga porque haya concertación con las comunidades y sustitución de cultivos. Es por ello que habla de la necesidad de que se implementen proyectos productivos que beneficien a toda la comunidad y que den valor agregado a los productos de la región por medio de la transformación y no solo de la explotación. “De nada sirve sembrar si no hay quien compre”, apuntan algunos vecinos sobre la sustitución de cultivos y el acceso a precios justos. El líder afro de la ensenada de Tumaco defiende esa sustitución de cultivos, en especial para los pequeños agricultores -“no hablemos de un señor que tenga 20 o 30 hectáreas de coca porque eso ya es un empresario”-, pero insiste en la necesidad de proyectos productivos, maquinaría y una “transformación integral” del campo en temas como la salud o la educación que eviten el desplazamiento de las familias por la falta de una cobertura para las necesidades básicas. Una estudiante de la vereda Espriella admite un aumento de los cultivos porque la gente trata de estar bien posicionada para acceder a los proyectos de sustitución.

En este tenso equilibrio de intereses, mientras a finales de enero la columna móvil Daniel Aldana de las FARC llegaba a la Zona Verdal Transitoria (ZVTN) de La Playa, 1.300 campesinos cocaleros se enfrentaron con efectivos del ESDMAD en la vía principal que une el municipio con Pasto, bloquearon la carretera para protestar porque el Ejército había comenzado la erradicación forzosa de sus cultivos. Finalmente, unas 1.100 familias, según el Gobierno nacional, firmaron un acuerdo para la sustitución voluntaria de la coca en las 8.000 hectáreas que trabajan.

La convivencia con las Zonas Veredales

¿Y en las ZVTN qué pasa? El vicario Arnulfo Mira cree que no se ha hecho un trabajo de socialización y sensibilización con las comunidades cercanas y preocupa la presencia de los desmovilizados, de la Policía y del Ejército en relación con la convivencia. Anny Castillo destaca que a finales de enero los guerrillero fueron recibido de una forma muy positiva, pero hay un retraso considerable en las obras y la zona no está en condiciones. Para la personera municipal de Tumaco, el proceso de la ZVTN se ha manejado de una forma demasiado centralista y no se ha tenido en cuenta a las autoridades e instituciones locales lo que sí genera situaciones problemáticas. De ahí, dice Castillo, las protestas y bloqueos, por la inconformidad de algunas comunidades con el plan piloto de sustitución de cultivos de coca, por el desacuerdo en el número de beneficiarios, los plazos o los subsidios.

Cartel en Tumaco / E.CP.

La estudiante de la vereda de la Espriella aporta algún dato más. El ambiente en las zonas más cercanas a la ZVTN es “más tenso”, no tanto por los desmovilizados, sino dónde están las ONGs, donde hay presencia de Ejército y de Policía porque la gente “está privada de hacer una vida normal. Visité a una amiga y me decía que casi no se puede transitar porque te preguntan cosas. Otra amiga me cuenta que al estar la Zona Veredal tan cerca afecta a la comunidad, y un operario de servicios de televisión les negó una revisión porque era zona guerrillera”.

El olvido institucional

En el informe de la Fundación Paz y Reconciliación se asegura que la zona urbana de Tumaco sigue siendo “uno de los tristes reflejos del descuido institucional y gubernamental”. Los ciudadanos de esta zona del país viven en “un contexto de necesidades básicas que apremian por ser satisfechas”, lo que sumado al limitado acceso a actividades económicas potencia y fomenta entre los ciudadanos “el reconocimiento de la cultura de la ilegalidad como algo normal, válido y hasta apreciable”. “Los habitantes que conviven con la violencia optan también por unirse, apoyar o silenciar sus voces frente a los grupos que controlan los barrios donde viven, para obtener su protección, evitar señalamientos de colaborar con grupos enemigos e incluso para obtener ingresos económicos”, agrega, y a todo ello suma la compleja situación económica y política, con un alcalde en calidad de encargado después de que la alcaldesa fuera destituida por decisión del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Nariño. De ahí la desconfianza en el aparato del Estado. La Fundación advierte que las disputas por el poder no se dan sólo en el marco de los grupos armados o delincuenciales, sino entre los intereses políticos y de control administrativo. Mientras se debilita la participación política y la democracia, “los barrios y las comunas siguen siendo campos de guerra en los que nos ciudadanos no hacen más que poner las víctimas o los victimarios”.

Y sin embargo, la ciudadanía se organiza y participa para apostarle al futuro. La última obra de teatro dirigida por Mary Cruz Cruel se llama ‘Cicatrices’ y habla de cómo  vivir con las marcas que deja la guerra y de la reconciliación. En la Casa de la Memoria de Tumaco se brinda a los visitantes un recorrido que permita ver las realidades de la violencia pero, al tiempo, abra en ellos la posibilidad de reconocerse como sujetos capaces de cambiar esas realidades. Cómo hacen las piangüeras en los manglares del Pacífico los tumaqueños extraen de la cocha cerrada que dejó la guerra alimentos para la vida.

*Información realizada con aportaciones de periodistas comunitarios que no firman por motivos de seguridad