Paramilitares, disidentes y bandas criminales resurgen en los territorios que dejan las FARC

La Fundación Paz y Reconciliación alerta del “vacío de poder” en las zonas libres ahora de la guerrilla y el aumento de asesinatos, intimidación y desplazamientos de población civil y líderes sociales. Solo destaca la presencia del Estado en el sur del Tolima y el Huila.

La guerrilla de las FARC ha empezado este fin de semana un ingente movimiento de sus tropas hacia las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Pasarán de operar en 242 municipios a agruparse en 26 veredas, con lo que queda libre más del 90% del territorio que antes ocupaban. Qué es lo que queda en esas áreas y cuáles son sus riesgos es parte del contenido del informe publicado ahora por la Fundación Paz y Reconciliación que ya advierte de asesinatos, intimidación y desplazamientos de la población civil a manos de otros actores armados.Y va mas allá, ante el asesinato de líderes sociales advierte de que “se está convirtiendo en una verdadero genocidio”.

El informe clasifica los territorios que dejan las FARC según los actores o la realidad que les queda. Así pues enumera cinco tipos de zonas postfarc. Una con presencia de ELN; otra con presencia de bandas criminales; una tercera con aumento de la delincuencia común y una cuarta con expresiones de disidencias de las FARC . La quinta se la dedica a aquellas en las que plantea un esfuerzo de recuperación del Estado.

La organización insiste en que desde que se inició el proceso de paz, uno de los mayores retos en materia de sostenibilidad de la paz tiene que ver con las garantías y mejoras en la seguridad de los territorios en los que operó la guerrilla. “Los riesgos de que estos espacios fueran cooptados por otros grupos siempre ha estado latente, y las consecuencias de estas nuevas disputas pondrían a estos territorios ante nuevos escenarios de violencia”. En este sentido, aseguran que en la región del sur de Córdoba, el bajo Cauca antioqueño y el Pacífico colombiano, este “ocupamiento” ya se ha presentado y “se ha expresado en asesinatos selectivos, desplazamientos forzados e intimidación de las estructuras armadas contra la población civil”.

Asesinatos de líderes y lideresas

La Fundación solo identifica el homicidio de 8 líderes sociales (el triste conteo que lleva Colombia Plural eleva a 14 los asesinatos de líderes y lideresas y reclamantes de tierras) y cerca de 40 amenazas, que suman a los 93 líderes asesinados durante 2016 y que “se está convirtiendo en una verdadero genocidio”. Afirma que, “en términos generales, se evidencia que los civiles victimizados hacen parte de organizaciones sociales y políticas que apoyan y el proceso de paz” y que los asesinatos “han sido presuntamente realizados por estructuras criminales que han copado los territorios abandonados por las FARC”.

En este sentido identifica algunas tendencias como que en algunas zonas del país, como en Caquetá, Meta y Cauca, se encuentran grados importantes de sistematicidad, coordinación de los hechos y características comunes entre los líderes asesinados; que en otras zonas se hace referencia a la intención de evitar los procesos de restitución de tierras. “Estas acciones -afirman- estarían siendo realizadas por estructuras criminales como el Clan del Golfo, pero que han sido contratadas por agentes que están en la legalidad. También reconoce algunas muertes debidas a “disputas locales”.

El documento que firman León Valencia, Ariel Ávila, Carlos Montoya y Daniel Medina señala que en los territorios postfarc donde opera el ELN el trabajo de estos “ha sido provechoso, han logrado expandir su presencia y tener control en zonas que en el pasado apenas mostraban alguna manifestación de injerencia”. Este caso se ha podido ver con mucha notoriedad en la zona del sur Chocó, específicamente en la subregión del San Juan, lugar en el que la presencia de las FARC había sido tradicional y que hoy cuenta con un control fuerte por parte del ELN. Lo mismo sucede en municipios del Norte de Santander y Arauca.

Entre los territorios donde son las bandas criminales las que se han hecho evidentes con homicidios, amenazas y panfletos, la Fundación destaca Tumaco “al borde de una guerra civil”. Afirman que aquí una disidencia de las FARC, una estructura criminal que se autodenomina ‘nuevo orden’ y la llegada del ‘Clan del Golfo’ ha causado el desplazamiento de varias familias. En los municipios de Ituango y Briceño organizaciones criminales que históricamente tuvieron asiento en el municipio de Bello han comunicado su llegada a la zona, “se ha denunciado la llegada de los Pachelly, banda adscrita a la oficina de Envigado y la cuál presuntamente trabajaría en alianza con el clan del golfo en esta nueva zona del país”. Aquí también reportan la presencia de un grupo que se autodenomina ‘Los Zorros’. “En general las zonas de las FARC en el bajo Cauca antioqueño están siendo cooptadas por estructuras criminales”.

Tumaco también se encuentra entre las zonas en las que se han manifestado algunas disidencias de las FARC, al igual que en Caquetá al mando de alias “mojoso”, otra al sur del departamento del Guaviare al mando de alias “mordisco” y en el norte del departamento del Vaupés.

La cuarta categoría de zonas postfarc son aquellas en las que la delincuencia común ha encontrado un nuevo centro de operación. Son grupos delincuenciales pequeños que han aprovechado la ausencia de las FARC para aumentar delitos relacionados con el abigeato y el hurto. El informe de al Fundación cita entre otros municipios de Caquetá y el sur del Meta, en donde las FARC antes actuaban como actores hegemónicos y eran los responsables de interponer penas contra estas conductas.

Finalmente hay otras zonas en las que el Estado “ha concentrado todo su esfuerzo para mitigar las críticas y demostrar que el aparato institucional puede remplazar el vació dejado por las FARC, este es el ejemplo de lo que sucede en el sur del Tolima y en el departamento del Huila”.