Violencia policial, la respuesta oficial a las crisis barriales en Bello

El 12 el 16 de enero el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía irrumpió de forma violenta en el barrio de Nueva Jerusalén, en Bello (Antioquia). Carreras, gases lacrimógenos, aturdidoras, puertas tumbadas y agresiones sembraron el pánico entre unos vecinos que se enfrentan al desalojo de 175 viviendas que deben ser demolidas. La fuerza pública no ha salido aún del barrio a pesar de que el miedo ya ha empujado fuera a muchos de los vecinos.

La historia de Nueva Jerusalén es la de muchas zonas de asentamientos en el entorno de Bello o de Medellín. Y es una historia que se repite: barrios de los que sacan a las familias y que, ante la falta de una solución de vivienda definitiva por parte de la Administración pública, se ubican en otros asentamientos. Y vuelta a empezar.

Nueva Jerusalén está formado por familias desplazadas o empobrecidas con un alto grado de vulnerabilidad que, especialmente entre 2006 y 2007, fueron construyendo sus viviendas en un predio propiedad del municipio de Medellín pero ubicado en los límites de Bello. Nunca hubo vallado diciendo que la zona era peligrosa, que era privada o no se podía construir, es más, muchos vecinos han pagado durante años el predial y llegó a haber promesas del municipio de legalizar esas propiedades. “Bello permitió el asentamiento de forma omisiva y nunca nadie les dijo que no podían construir”, explica la abogada Carolina Moreno de la Corporación Jurídica Libertad (CJL).

Aldemar Serna llegó con su familia desplazado por la violencia en el año 2007, en esa finca había ya una quincena de propietarios. Los que iban llegando se organizaron, hicieron los caminos y carreteras, explicaba esta mañana en rueda de prensa, Bello abrió un censo y empezó a pagarse el predial. Diez años después el número de viviendas ronda las 2.000, el de familias es difícil de calcular pues en cada casa vive más de una, dice Carolina Moreno.

En 2013 el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó un monitoreo permanente y de gestión de riesgo del barrio y ordenó reparar las zonas en riesgo medio y bajo y un plan de reubicación para las 175 que estaban en riesgo alto. Moreno explica, y llevan meses denunciándolo la CJL y la Mesa Interbarrial y los propio vecinos, que ese plan no se ha llevado a efecto. Los vecinos no se oponen a irse, solo piden una opción para reubicarse, “que no dilate más la iniciación de proyectos de vivienda que satisfagan las necesidades de la población que hoy insultan y agreden, tratándolos como enemigos de su propio bienestar”.

En vez de proporcionar una solución definitiva para los desalojados, Bello y Medellín ofrecen el pago temporal de un arriendo que ronda los 250.000 pesos una cantidad con la que es imposible reubicarse en zonas cercanas como París, 12 de Octubre o Santander. “No son soluciones definitivas (como establecía el tribunal) que les permitan vivir en condiciones de dignidad evitando el desplazamiento interurbano constante al que se ven sometidos”, insisten desde CJL.

Carolina Moreno advierte de que este desplazamiento es constante y que la situación de Nueva Jerusalén se produce en otros lugares. El último año han acompañado un proceso similar en Moravia (Medellín). Una falta de soluciones definitivas de vivienda, la Administración “desbordada” porque no puede ni garantizar los subsidios de vivienda ni responder a la demanda de vivienda a la que tienen derecho las víctimas de desplazamiento forzado. “No hay oferta para ninguno”. “Si sacas a una persona, reubícala, si no el problema se agudiza y cada vez es más grande”. Y en el camino, la vulneración de los derechos fundamentales a una vivienda digna o las garantías de permanencia en el territorio. Moreno habla de otras irregularidades como que en un edificio puede haber tres viviendas y solo estar censada la de en medio, por lo que hay orden de derribo para ésta ¿y qué pasa con la de encima y la de debajo?

“Nos negamos a considerar que un arriendo temporal y los montos que se han establecido, sea un trato digno para las familias y menos aún que sea una posibilidad concreta para obtener una solución de vivienda definitiva”, insiste CJL.

La comunidad teme, explica la letrada, que este desalojo de 175 viviendas sea el principio del desalojo de todo el barrio, y hablan de la influencia de una mina de arcilla cercana, o el paso de un tubo de Ecopetrol. El concejal de Bello Juan David Muñoz, el único en la oposición, explica que efectivamente detrás de los desalojos no hay en sí un proyecto urbanístico que quiera expulsar a esta gente para construir edificios, pero sí hay una mina de arcilla con título pero sin licencia, y sus propietarios temen que cuanta más gente viva en el asentamiento más difícil será la obtención de esa licencia. Muñoz habla de «improvisación» por parte de la Administración y alude a otro caso, el de la titulación de 150 de 300 viviendas del Gran Alisal, “en donde va a ocurrir lo mismo”. “Va a ser un tema muy fuerte porque no hay capacidad fiscal ni voluntad para cumplir lo decretado”.

El edil alerta sobre otra cuestión planteada para justificar la violencia desmedida de estos días por parte del ESMAD. Se está dejando caer que en el barrio hay presencia de grupos armados de izquierda. Se estás vulnerando, advierte, todos los protocolos de Derechos Humanos, no hay principio de distinción ni de proporcionalidad y se está “estigmatizando” a los líderes vecinales con el riesgo de retalizaciones que eso conlleva.

La presencia policial y del ESMAD sigue en Nuevo Jerusalén donde han empezado las demoliciones y los vecinos han comenzado a salir. Tiene miedo ante la violencia “desmedida” de las arremetidas policiales del día 5 y el día 10 de enero que terminaron con varios heridos, muchos niños y ancianos. Algunas familias han aceptado esos arriendos el resto se ha reubicado en otras casas o guarda sus enseres en bodegas. Las demoliciones han dejado tuberías al aire que pierden agua en una ladera que se supone peligrosa y ya ha habido un desprendimiento que la Alcaldía utiliza para justificar el desalojo y Moreno advierte que se debe a su negligencia.

“El gobierno de Bello ha optado por la salida violenta agrediendo brutalmente a la población del barrio Nueva Jerusalén, sin medir las consecuencias sobre la vida de los seres humanos que allí habitan. No ha ofrecido ninguna garantía satisfactoria para la comunidad y mucho menos ha cumplido con lo que ordena el juez en el que tanto han insistido”, reza el comunicado emitido este jueves por Corporación Jurídica Libertad Mesa Interbarrial de Desconectados de Servicio Públicos y Vivienda Digna, quienes también ha hecho un llamado a Naciones Unidas, organismos de derechos humanos, defensorías del pueblo y procuradurías, entre otros, para que cesen “las graves violaciones de derecho humanos» y el uso excesivo de la fuerza.