Se pone en marcha la paz 2.0 con la influencia del No
A las 6:12 p.m. de este sábado 12 de noviembre Humberto de la Calle e Iván Márquez, jefes de las delegaciones del Gobierno y de las FARC en Cuba, firmaron en La Habana “el nuevo acuerdo final de paz” que, según el comunicado número cuatro leído por los países garantes (Cuba y Noruega), “integra cambios, precisiones y apartes de los sectores más diversos de la sociedad”. Según Humberto de la Calle «este acuerdo es mejor que el anterior», aunque no podrá ser aceptado de forma «unánime» tiene una «base de sustento más amplia fabricada en un ejercicio leal de democracia y diálogo sincero».
Lo cierto es que el nuevo acuerdo es muy diferente firmado en Cartagena de Indias. En este, las FARC pierden mucha presencia política en la fase de implementación y pierden apoyo económico en su tránsito a partido político, la Jurisdicción Especial de Paz queda limitada en el tiempo y en sus facultades, el enfoque de género se limita a su mínima expresión, y hay un tratamiento preferencial para empresarios y militares.
El presidente, Juan Manuel Santos, en una alocución televisada, ha destacado que las 500 propuestas recibidas en esta fase de renegociación se agruparon en 57 temas y se han logrado modificaciones en 56. «Un punto que reclamaban muchos de los del No era que los jefes guerrilleros no pudieran ser elegidos. Yo entiendo que este es el sentir de muchos ciudadanos. En la mesa de La Habana los negociadores del gobierno insistieron mucho en ese punto para responder a esa preocupación. Tengo que decirlo con franqueza. Aquí no se logró avanzar». Santos ha justificado con ejemplos de otros países que han transitado a la paz la importancia de la participación política de la guerrilla. «Las FARC tienen un origen político y su intención hacia el futuro es poder hacer política sin armas». (Ver la Alocución del presidente Juan Manuel Santos). Lo que no ha explicado Santos es cuál va a ser el mecanismo de refrendación para este nuevo texto.
De la Calle ha avanzado los principales cambios en el acuerdo que luego ha profundizado Santos. La mayoría responden a exigencias de sectores fuertes del No y, aunque no altera la estructura del acuerdo original, sí modifica sustancialmente aspectos de la Jurisdicción Especial de Paz y se descarta incorporar el acuerdo al bloque constitucional (como exigía Andrés Pastrana: «El principio general de garantía de cumplimiento es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado, y en lo que tiene que ver con el Estado, los principios que informan el Acuerdo serán parámetro de interpretación y guía de la aplicación normativa y práctica». Además, dando respuesta a la exigencia de las víctimas de la acción de las FARC, De la Calle informó las FARC harán un inventario preciso de bienes y activos que se dedicarán a «la reparación material de las víctimas». Además, se han delimitado las características y mecanismos de la restricción efectiva de libertad, así como los protocolos de movilización fuera de las zonas de cumplimiento, que nunca podrán ser más grandes que las Zonas Veredales; la Jurisdicción especial sólo podrá recibir denuncias durante dos años -y no de ONG- y su periodo de existencia se limita a 10 años; además, mientras la Jurisdicción Especial de Paz no entre en funcionamiento, las «acciones reparadoras debidamente verificadas pueden ser descontadas de la sanción que se imponga»; se eliminan los magistrados extranjeros en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP); se incluye el Código Penal ordinario como una de las normativas aplicables en la JEP; se precisó que ningún elemento del acuerdo referido a la reforma rural integral puede afectar a la propiedad privada; se especificó la libertad de culto; se ha concretado cómo va a cooperar las FARC en el final del narcotráfico, entre otros puntos.
Santos, por su parte, destacaba que ha quedado claro que es el Gobierno el único responsable de la implementación de los acuerdos -«A algunos les preocupaba que hubiera una especie de co-gobierno con las FARC para la implementación», insistía. De hecho, las FARC pierden mucha presencia en el nuevo acuerdo y ni siquiera estarán en la Comisión de Protección y Garantías de Seguridad que debe monitorear el proceso de reintegración a la vida civil de los guerrilleros. Pierden apoyo económico en el nacimiento del nuevo partido y se explicita que las FARC no podrá escribir candidatos para los 16 curules transitorios.El presidente fue enfático al anunciar que «el gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación [de cultivos de uso ilícito], incluyendo la fumigación, además de los programas de sustitución para los campesinos. No habrá formalización de ningún predio en Colombia sin que antes se constate que está libre de la presencia de cultivos ilícitos».
¿Cómo queda el enfoque de género?
De la Calle explicó que el nuevo acuerdo «incluye también un principio de respeto a la igualdad y no discriminación, que implica que toda persona, independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, pertenencia a la población LGBTI, o cualquier otra razón, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá o interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas». Pero hasta que no se conozca la redacción, no se sabe si se mantiene un enfoque diferencial para la población LGBTI, un elemento clave para los sectores de presión cristianos. No ha especificado, eso sí, cuál va a ser la fórmula política o legal para poner en marcha el acuerdo. En unas horas se podrán consultar los principales cambios del acuerdo. (Vea la declaración completa de Humberto de la Calle). Pero el presidente Santos, más político en su intervención, ha sido más claro: «Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente – nunca lo estuvo— ni siquiera de manera sugerida. Lo que sí se dejó claro es que este capítulo busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos». Se quedan las mujeres pero se desvanecen las personas LGBTI.
Más allá de lo razonable
El jefe negociador de las FARC-EP, Iván Márquez, ha destacado que se han incorporado el 65% de las propuestas llegadas a la mesa sobre la Jurisdicción de Paz, el 90% de las inquietudes en materia de género, y se han hecho «100 variaciones en la reforma rural integral, participación política, política antidrogas, víctimas, fin del conflicto y verificación». «Hemos cedido, incluso hemos desplazado las fronteras que nos habíamos trazado hasta los límites de lo razonable para una organización político militar que no ha sido derrotada por las armas pero tiene la decisión de participar en la vida política legal». Para este acuerdo, según el comandante guerrillero, «el único camino que le espera es el de la implementación» y ha pedido a la ciudadanía que sirva de veedora y fiscalizadora porque los riesgos son muchos. El líder guerrillero ha hecho un llamado implícito a la movilización ciudadana al asegurar que «el principal garante del acuerdo y de su implementación es el propio pueblo, porque nadie mejor que él puede sentir su urgencia». Aún así, sigue pensando las FARC que es necesario un gran acuerdo nacional para poner en marcha la construcción de paz.
En su intervención, Márquez ha dicho que hay dos pendientes aún: que avance el proceso con el ELN y que todas las instituciones del estado, a las que ha listado asuman el compromiso con la paz.
Un intenso día
La firma llegaba después de un día de intensísimos rumores y movimientos políticos, especialmente los acercamientos de Juan Manuel Santos con los principales sectores del ‘No’. De hecho, Álvaro Uribe ha querido ser protagonista hasta en este día y fue él quien levantó hoy todas las expectativas al anunciar en su incontenible cuenta de Twitter a mediodía de este sábado 12 de noviembre que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, necesitaban (sic) hablar con él “urgentemente” en Rionegro (Antioquia), donde el mandatario celebraba los 97 años de la Fuerza Aérea. Allí Santos le informó de la nueva versión -revisada y reducida- de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) que si bien contiene modificaciones significativas respecto a la firmada el 26 de septiembre en Cartagena de Indias no incorpora algunas de las exigencias del Centro Democrático, el partido donde se concentra el uribismo. Uribe, al terminar la reunión, hizo una breve declaración en la que no se definía sobre lo escuchado: “He pedido al Presidente de la República que los textos que anuncian de La Habana no tengan alcance definitivo, que sean puestos en conocimiento de los voceros del No y de las víctimas, quienes los estudiarán en breve tiempo y expondrán cualquier observación o solicitud de modificación en nueva reunión con el equipo negociador del Gobierno”.
Santos juega a varias bandas. El ex presidente Pastrana, Marta Lucía Jiménez y algunos de los sectores cristianos que empujaron el No en el plebiscito del 2 de octubre podrían convivir con la versión 2.0 de los acuerdos de La Habana. Un texto que, según diversas fuentes cercanas la mesa de negociación de La Habana, se habría simplificado en su redacción y reducido en su tamaño. Y un texto que al menos a las FARC complace por los mensajes en redes de Iván Márquez y Ricardo Téllez quienes, sobre las 5:30 p.m. celebraban “la victoria de Colombia” al lograr lo que el comandante Márquez denominaba como “el nuevo acuerdo de paz. Una vez firmado el acuerdo, Márquez ha dicho que prefiere llamar a este nuevo texto «el acuerdo de la esperanza». «Este nuevo acuerdo soluciona las dudas razonables de algunos sectores y acaba con las mentiras» de otro. «La paz sigue su marcha irrefrenable, irrefrenable», dijo Márquez.
Apoyo y rechazo a lo que no se conoce
Los mensajes de las delegaciones en La Habana en los últimos días han sido permanentes pero vacías de contenido. La opinión pública conocía desde Cuba el número de horas trabajado cada día y a través de las alocuciones presidenciales los capítulos generales sobre los que se discutía. Poco más. Sin embargo, este sábado las redes sociales y los medios de comunicación se han convertido en un hervidero de apoyo, principalmente, y de rechazo a un acuerdo 2.0 del que aún no se conoce el contenido.
La Unión Patriótica, movimientos ciudadanos como #PazALaCalle y movimientos sociales mostraban su alegría y su apoyo a lo pactado. Tanto, que surgieron convocatorias desde mediodía para reunirse a escuchar el esperado a anuncio en la Plaza Bolívar de Bogotá o en el Teatro Pablo Tobón de Medellín.
Algunos partidarios del ‘No’ exigían en las redes un nuevo plebiscito y denigraban un texto que tampoco conocían. Parece difícil que una nueva consulta ciudadana sea el camino acordado para poner en marcha este acuerdo reformado. Santos y las propias FARC-EP necesitan que el texto entre al Congreso antes del 23 de noviembre para que dé tiempo a poner en marcha las primeras leyes (especialmente, la de amnistía) antes de que comience el receso navideño en el Legislativo.
