Estos son los cambios en el acuerdo, según Santos

Las 500 propuestas recibidas por el Gobierno para modificar el acuerdo inicial de La Habana se agruparon en 57 temas. En todos ellos, menos en uno, se han introducido cambios: la petición de los voceros del No para que los jefes guerrillero no pudieran ser elegidos en un proceso electoral no ha sido aceptada. Esto es lo que han explicado el presidente, Juan Manuel Santos, y el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle.

1.- Entrega de bienes

Las FARC tendrán que declarar y entregar todos sus bienes para reparar materialmente a las víctimas so pena de perder los beneficios.

2.-Restricción efectiva de la libertad

Un reclamo generalizado de los del No era que se definiera en qué consistía esa restricción de las personas que se acojan a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ya que ellos consideraban como impreciso el punto del acuerdo original.

Ahora el Tribunal debe fijar en cada caso:

• Los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización)
• Los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas
• Establecer el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción
• Imponerles el deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde cumplan la sanción y,
• Señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción.

El tiempo que pasen en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización se les tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período desarrollen actividades de reparación.

3.-Justicia Transicional

La Jurisdicción Especial de Paz tendrá un límite de tiempo, como pedía el NO, funcionará hasta por 10 años y sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los 2 primeros años.

Las ONG no podrán actuar como fiscales ni acusar, sólo presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del Tribunal.

Se elimina la presencia de jueces extranjeros. Todos serán colombianos y tendrán las mismas calidades de los magistrados de las cortes. Se acepta la presencia de amicus curiae, -expertos extranjeros- para rendir conceptos sobre los casos que se tramiten.

En cuanto al manejo de las tutelas frente a las decisiones de la Justicia Especial para la Paz, como parte de la articulación con las otras jurisdicciones, podrán a ser revisadas.

Sobre la aplicación de la Justicia Transicional a los empresarios, el nuevo acuerdo establece que los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy ltengan abiertos en la justicia ordinaria.

En cuanto al tratamiento para los agentes del Estado se establece una fórmula que “garantiza a nuestros soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica”, ha dicho Juan Manuel Santos.

Sobre la conexidad del narcotráfico con el delito político, el acuerdo es que los Magistrados tendrán en cuenta caso a caso la jurisprudencia de las cortes colombianas.

Entre la normatividad aplicable se incluye el Código Penal Colombiano y que las normas procedimentales deberán ser incorporadas al ordenamiento legal

4.- Propiedad privada

Se acepta una de las principales preocupaciones del Centro Democrático que pedía que a nadie se le expropie por fuera de la ley ya vigente. El catastro -fundamental para formalizar la tierra- no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras.

No se autorizaran nuevas zonas de reserva campesina, más allá del trámite normal de acuerdo a la legislación vigente que hay sobre estas zonas. Se fija una política de recuperación de la familia campesina, que impulse el acceso equitativo a la tierra y que cree condiciones de vida digna. Quedó explícito que los programas cuyo destinatario es el campesino no impiden la puesta en práctica de diversas formas de producción, tales como la agroindustria o el turismo.

5.-Fiscalidad

Varios grupos de empresarios expresaron su preocupación por el posible impacto de las inversiones del pos conflicto en la estabilidad macro económica. Para dar tranquilidad, en el nuevo acuerdo incluye expresamente que la implementación se hará con respeto al principio de sostenibilidad fiscal, y se amplía de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal, si es que la hubiera, y no afectar de manera alguna los programas prioritarios del gobierno.

6.- Participación política

Una queja reiterada de los voceros del No era que las 16 curules transitorias en la cámara de representantes, establecidas para las comunidades y víctimas afectadas por el conflicto, serían para las FARC. En el nuevo acuerdo se incluyó expresamente que el partido que surja de la reincorporación de las FARC no podrá inscribir candidatos para esos espacios.

Además, se reduce desde el primer año en 30% la financiación al partido de las FARC para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos.

El presidente indicó que en el nuevo acuerdo se deja claro que la protesta social debe ser siempre pacífica, y que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos.

7.- Protección

Uno de los temas más delicados en todos los acuerdos de paz, es el de la protección de los reincorporados a la vida civil. En el acuerdo original se creó una comisión de protección y garantías de seguridad, en la que tenían participación las FARC. Ahora, el nuevo texto elimina la participación de la guerrilla en esta comisión. Era una petición de Marta Lucía Ramírez.

Se eliminó también las facultades de esa comisión para revisar hojas de vida, o ejercer facultades de inspección y vigilancia sobre las empresas de seguridad privada.

8.- Drogas

El nuevo acuerdo obliga a todos los que se presenten a la Jurisdicción Especial de Paz a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades. Se subraya que el gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, además de los programas de sustitución para los campesinos.

No habrá formalización de ningún predio en Colombia sin que antes se constate que está libre de la presencia de cultivos ilícitos.

Además, se robustece el papel de la familia y de los grupos religiosos en la política de prevención y atención a los consumidores.

9.- Enfoque de género

Ha sido uno de los temas que más polémica ha provocado entre los partidarios del No que atribuyeron a este punto una intención de “ideología de género”. Se han hecho modificaciones para garantizar que esa llamada ideología de género no esté presente “ni siquiera de manera sugerida”.

Se deja claro que este capítulo significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno. Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos.

Se incorporaron en el nuevo acuerdo los principios  de libertad de cultos y se reconoció a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto. Incluye también un principio de respeto a la igualdad y no discriminación, que implica que toda persona, independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, pertenencia a la población LGBTI, o cualquier otra razón, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá o interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas.

10.- Implementación

Para dar satisfacción a los voceros del No a los que preocupaba que hubiera una especie de co-gobierno con las FARC para la implementación, el nuevo acuerdo deja claro que el Gobierno será el único responsable de la implementación, aunque habrá una comisión que hará seguimiento, impulso y verificación del cumplimiento de los acuerdos.

Se eliminó la idea de incorporar el Acuerdo a la Constitución Política y al llamado bloque de constitucionalidad. El principio general de garantía de cumplimiento es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado, y en lo que tiene que ver con el Estado, los principios que informan el Acuerdo serán parámetro de interpretación y guía de la aplicación normativa y práctica.

11.- El punto en desacuerdo: elegibilidad de los jefes guerrilleros

No se aceptó la petición de los sectores que exigían que los jefes guerrilleros no pudieran ser elegidos en cargos políticos. Santos recordó que la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es, precisamente, que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad.

Eso sí, no tendrán curules ‘a dedo’, tendrán que participar en las elecciones y no podrán ostentar cargos en el gobierno. Pero sí podrán ser elegidos.