Si la guerra es cosa de hombres, la paz es asunto de…

“La inclusión de un enfoque de género en un proceso de paz como éste no tiene antecedentes en el mundo y busca fundamentalmente crear condiciones para que mujeres, y personas con identidad sexual diversa puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país sin conflicto armado.”

Comunicado conjunto No. 82
La Habana, Cuba 24 de julio de 2016

Oslo (Noruega), 18 de octubre de 2012. Acto de instalación formal de las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP. Algunas veces, una imagen explica más que mil palabras. Tone Allers, la representante del Gobierno de Noruega, es la única mujer en una mesa en la que 13 hombres se reparten la representatividad plenipotenciaria para negociar el fin de una guerra (de hombres).

Esta presencia abrumadora de hombres prendió las alarmas sobre la falta de participación política de las mujeres en el escenario de negociación del fin del conflicto colombiano. Hicieron falta casi dos años de pronunciamientos de varios sectores del movimiento de mujeres, de ongs, de entidades de cooperación internacional, y de propuestas desde sectores menos institucionalizados del feminismo colombiano, para lograr incluir al género dentro de las discusiones. En septiembre del año 2014 se logró establecer una subcomisión de género dentro de las discusiones de La Habana.

Esta subcomisión se encargó de incorporar en los acuerdos el enfoque de género, aunque fuera de una forma muy genérica. Un enfoque que reconoce e insta a proteger las particularidades que reivindica el movimiento de mujeres frente a las desigualdades sociales y económicas que les afectan a ellas y a las personas de identidades sexuales no heterosexuales, con respecto a los hombres. Por ello, junto al enfoque territorial, étnico, diferencial y de derechos, se posicionó en este proceso el enfoque de género como uno de los principios que defiende en el centro el postulado constitucional de lograr la igualdad y, de una u otra manera, su desafío es lograr la desestabilización de estructuras construidas por el sistema patriarcal.

Así se lo plantean algunos sectores del movimiento social de mujeres que impulsan en territorios locales, como Buenaventura (Valle), iniciativas para vincular la construcción de la paz con el derrocamiento del patriarcado. “Si no se abordan los distintos patriarcados que se expresan de distintas formas, la apuesta por la paz no va a ser tan fuerte. Eso es igual con el racismo, con la homofobia, la lesbofobia, es igual que el clasismo… si no se mira en su conjunto, si no se tiene en cuenta que hay una sociedad colombiana que tiene que construir paz deconstruyendo este tipo de violencias, entonces el ejercicio de la paz queda incompleto”, apunta Bibiana Peñaranda de la Red Mariposas de Alas Nuevas.

Así lo dijeron en el año 2013 las mujeres del Partido Comunista Colombiano en la Cumbre de Mujeres por la Paz, con aportes que podrían convertirse en avances sustanciales para derrocar al patriarcado y que pasarían por: “La garantía de una participación que cristalice la paridad política para las mujeres, la redistribución de la tierra y la riqueza material e inmaterial, la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, el reconocimiento de la economía del cuidado y la democratización de los roles familiares”.

Los impactos que sufren las mujeres por la guerra que se ha librado en medio de una sociedad patriarcal

De víctimas a sujetos de derechos

Los impactos que sufren las mujeres por la guerra que se ha librado en medio de una sociedad patriarcal se puede sentir cuando se consulta el Registro Único de Víctimas – RUV del Estado, que presenta un total de 3.894.250 de mujeres registradas como víctimas del conflicto armado en Colombia. Según estos datos oficiales, a septiembre de 2016, hay un saldo de 75.268 mujeres desaparecidas de manera forzada, 14.107 han sufrido delitos contra la libertad y la integridad sexual, 160.522 han sido amenazadas y 3.514.743 mujeres han sido desplazadas de manera forzada. Para el año 2015 fueron registrados 37 mil casos de violencia sexual y psicológica sufrido por mujeres, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Estas cifras profundizan el debate sobre las complejas condiciones de desigualdad histórica y sistemática que han sufrido las mujeres en el país y dan cuenta del impacto de la violencia directa generada por el patriarcado en conjunción con el racismo y el neoliberalismo, que cada vez más deterioran la experiencia de vida de millones de mujeres en Colombia.

No obstante, los acuerdos de La Habana presentan algunos avances en la desinstitucionalización de prácticas discriminatorias, excluyentes y sexistas, así como en la creación de espacios para desestimar la construcción histórica de prácticas patriarcales dentro de la sociedad, la familia y las instituciones políticas. Un ejemplo son las medidas para mitigar la dificultad de las mujeres para lograr ser propietarias de tierras, lo que ha generado condiciones de desigualdad histórica. En el primer punto del acuerdo final sobre la Reforma Rural Integral – RRI se tiene como uno de los principios el de “igualdad y enfoque de género”, que reconoce a las mujeres como sujetos de derechos y desvincula el imaginario que se tiene sobre la propiedad del hombre y la familia sobre los cuerpos de las mujeres, para exigir la garantía de que las mujeres puedan ser propietarias de la tierra. La titulación deberá estar acompañada de la financiación de proyectos productivos u otras opciones de financiamiento, infraestructura, formación y oferta de asistencia técnica.

En el caso del punto sobre drogas ilícitas el acuerdo plantea que habrá garantías para que las mujeres participen en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del proceso de sustitución y desarrollo alternativo y que tengan formación para combatir violencias asociadas a las drogas que afecta particularmente a las mujeres.

Respecto a la violencia sexual, que ha sido catalogada por el movimiento de mujeres como una estrategia de guerra y de control territorial, se logró introducirla en los acuerdos como uno de los delitos que no será amnistiable. Además, se determinó que el Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz contará con una Unidad de Investigación y Acusación que tenga un equipo especializado en el fenómeno de la violencia sexual.

Al final, el logro ha sido que en cada uno de los puntos acordados – Tierras, Participación Política, Víctimas, Drogas Ilícitas, Fin del conflicto e implementación – se haya incorporado el enfoque de género construido por la subcomisión. Para este trabajo la mesa de negociación convocó en tres ocasiones a organizaciones de mujeres, activistas, excombatientes, LGBTI y lideresas regionales que llevaron a La Habana propuestas que aportaron a la construcción de la perspectiva de género en cada punto del acuerdo. También se recibieron propuestas de la sociedad civil a través de los mecanismos de comunicación virtual y, al menos, las delegadas de la guerrilla participaron de múltiples videoconferencias con organizaciones sociales y populares, con la academia y con diversas colectividades para recibir propuestas, debatir y retroalimentar las visiones, opiniones y posturas sobre el enfoque de género.

Mujer y etnias

Los debates sobre la participación de las mujeres en el proceso de paz ha generado múltiples espacios de encuentro, reflexión y construcción protagonizados por las mismas mujeres de diferentes comunidades, grupos sociales y pueblos étnicos, que han trabajado históricamente en las apuestas de transformación social, política y cultural de Colombia frente a las violencias que sufren las mujeres, lo que ha enriquecido el análisis político sobre el enfoque de género. Un ejemplo se puede encontrar en la declaración política del ‘Encuentro Nacional de Mujeres Negras-Afrocolombianas, constructoras de paz y libertad’, donde se concibe la paz “no solo como el silenciamiento de los fusiles decretado entre los actores armados en La Habana, sino [como] la búsqueda de la unidad que combata y rompa las cadenas coloniales instaladas en las mentes de la población colombiana. Esto implica una integralidad en todos los aspectos de la vida nacional, que requiere propuestas emancipadoras, con autonomía y autodeterminación”.

Las propuestas de las mujeres negras/afrodescendientes en Colombia son de relevancia ya que sólo rastreando la información del RUV encontramos que el impacto del conflicto sobre ellas ha sido intenso: 366.821 mujeres afrocolombianas desplazadas, 282 víctimas de tortura, y 6.525 víctimas de acto terrorista, atentados, combates y hostigamientos, a lo que hay que sumar la relación de feminicidios que se registran como asesinatos, han sido 16.258 asesinadas.

El asunto del género encuentra profundidad cuando se comprende la articulación entre el patriarcado y otros sistemas de dominación

La reflexión sobre el impacto del conflicto armado en Colombia sobre los grupos étnicos tiene mucho que ver con la historia de la esclavización y sus efectos, los niveles de desigualdad registrados en los territorios ancestrales y colectivos donde están asentadas mujeres afrodescendientes e indígenas que, además, suelen jugar un papel determinante en los procesos de resistencia y organización cultural, política y socio-económica de estos pueblos.

El asunto del género, por tanto, encuentra profundidad cuando se comprende la articulación entre el patriarcado y otros sistemas de dominación, como el racismo o el colonialismo. Así lo planteó la declaración de un sector de mujeres indígenas en el ‘Gran diálogo nacional de mayoras, sabedoras y jóvenes’ realizado por la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas – CONPI de la Marcha Patriótica. Allá se afianzaba la cosmovisión indígena para expresar que: “Desde la ley de origen y el derecho mayor las mujeres indígenas tenemos el reto fundamental de recuperar nuestro papel como defensoras, cuidadoras, ordenadoras de nuestros cuerpos, la familia, la comunidad, y el territorio.”

La sumatoria de mujeres pertenecientes a grupos étnicos víctimas del conflicto muestra un total de 485.211 registradas en el RUV. Este abrumadora cifra no se tradujo en participación política de mujeres miembros de grupos étnicos en la mesa de representantes plenipotenciarios en La Habana. Ni una mujer indígena y sólo dos mujeres afrodescendientes: una de manera transitoria a nombre del Gobierno Nacional -que fue Nigeria Rentería- y otra del lado de las FARC-EP, Victoria Sandino. Esta última fue encargada de la Subcomisión de Género por parte de la guerrilla. Las dos, a pesar de autoreconocerse como afrodescendientes, no representaban necesariamente los intereses del movimiento social afrocolombiano y sus comunidades.

Las dudas

Existen muchas formas de interpretación de los acuerdos y también inquietudes sobre la efectividad de la perspectiva de género insertada en ellos: ¿Es el enfoque de género homogéneo?, ¿se instaurará una impronta feminista en la implementación de los acuerdos?, ¿podrán las mujeres rurales aplicar con certeza sus propias formas de construcción de paz?, ¿se valorará el conocimiento propio y las cosmovisiones de las mujeres afrocolombianas e indígenas?, ¿las mujeres urbanas serán las protagonistas de las medidas afirmativas para su participación política?, ¿cuál será el papel de las mujeres en la consolidación de la paz, se irán rompiendo los roles tradicionales asignados por el patriarcado como los escenarios domésticos de sobre-explotación laboral, de objetivización sexual o de exclusividad en el cuidado del hogar?

Frente a este último interrogante, el 8 de septiembre de este año la Ruta Pacífica de las Mujeres reclamaba en un comunicado de prensa un papel protagónico para las mujeres porque pueden “incidir en la cultura de la no violencia, de la reconciliación y de la convivencia como valores centrales de la sociedad” dándole un tono más político a la participación de las mujeres en escenarios definitivos para la consolidación de la paz en Colombia.

El acuerdo final hace un esfuerzo interesante respecto a la desuniversalización de la categoría “mujeres” cuando utiliza denominaciones complementarias con un sujeto político identitario, es así como encontramos las denominaciones de mujeres rurales, campesinas (y dentro de sus comunidades resalta a particularidad de las mujeres indígenas y afrodescendientes). Esto en términos concretos problematiza la universalización del término “mujer” que se ha usado en la mayoría de los espacios y formatos institucionales del Estado y de algunas organizaciones que se fundamentan en el feminista clásico. En la misma línea, este enfoque de género desestima la centralidad de la dicotomía entre hombre y mujer y ubica en un lugar importante la participación de identidades sexuales No-heteronormativas, regularmente llamadas población LGBTI.

Una de las ideas que ha planteado el movimiento de mujeres es que la guerra ha sido un asunto de hombres. Teniendo en cuenta esta creencia, citando al gobierno nacional -en el “ABC-Preguntas y respuestas sobre enfoque de género en los acuerdos de paz”- cuando plantea que “esta perspectiva es un tema de igualdad”, y teniendo en cuenta que las mujeres no son sujetos homogéneos, surgen nuevas inquietudes: ¿cómo se podría revertir el desequilibrio generado por una guerra promovida por los hombres en la construcción de una paz con un enfoque de género que intente disminuir las desigualdades que impiden el acceso de las mujeres en su pluralidad a la justicia social y política?, ¿es suficiente un enfoque de género que promueva medidas afirmativas y liberales para despatriarcalizar el proceso de paz en Colombia?, ¿cómo se puede poner a dialogar la perspectiva de la igualdad con la necesidad de entender la diversidad y las condiciones de desigualdad material entre mujeres del campo, la ciudad, la ruralidad, desplazadas, pertenecientes a pueblos indígenas, rom, afrodescendientes, raizales y palenqueros?

Estar en disposición para construir la paz implica también revisar las prácticas que generan exclusión y múltiples agresiones

Ir más allá de la aplicación exclusiva del enfoque de género y construir pedagogías que despatriarcalicen las fórmulas para edificar la paz y, de manera paralela, desestabilizar el racismo estructural y otras fuentes de violencia, es un reto necesario para consolidar ambientes pacíficos con justicia social y política. Estar en disposición para construir la paz implica también revisar las prácticas que generan exclusión y múltiples agresiones, retomar los conocimientos construidos por lógicas ancestrales que han decidido sostener prácticas de relacionamiento social y comunitario para resistir y preservar la armonía de manera horizontal, repensar la educación como una herramienta que provea escenarios en contra de las discriminaciones, fortalecer los lazos solidarios entre quienes han sufrido situaciones más vulnerables, en donde por supuesto, se encuentran los lugares comunes y distintos de las mujeres.

La guerra ha sido un brutal asunto de hombres que ha afectado especialmente a las mujeres.