3.370 cuerpos, pendientes de ser entregados

Colombia se enfrenta a un proceso de esclarecimiento de la verdad sobre las impactos del conflicto armado en las vidas de las personas, de las familias, los territorios, las culturas y sus sociedades. En este reto, el análisis de los cuerpos encontrados en fosas, individuales y comunes, también será parte de los diferentes lenguajes que habrá que descifrar para acercarse cada vez más a la verdad. Y llegar a esa verdad no dependerá únicamente de las declaraciones de victimarios, víctimas, agentes del Estado y testigos; en esa verdad tiene también una responsabilidad clave el equipo investigativo del Estado que rastrea las huellas consignadas en los cuerpos de miles de seres humanos desaparecidos (60.630 según el Centro de Memoria Histórica) y que fueron asesinados de múltiples maneras, para luego esconder sus cuerpos en fosas clandestinas o tirándolos en ríos, esteros y mares. La tarea de este equipo es ponerle nombre a las ausencias, devolver lazos a las familias y cerrar así las heridas del desconocimiento y el abandono.

A partir del año 2005, con la desmovilicación de paramilitares y la Ley de Justicia y Paz, se multiplica la información sobre la cantidad y ubicación de fosas comunes. Desde entonces, en un periodo de 12 años, se han encontrado 5.263 fosas en Colombia. 6.729 cuerpos de hijos, hijas, hermanos o hermanas, parejas de alguien que llevaban años reclamando por su búsqueda o su identificación. Una pequeña muestra de la realidad, porque hay más de 20 mil denuncias registradas y se esperan miles durante la implementación del proceso de paz.

Son cifras del grupo interno de trabajo de exhumaciones de la Dirección de Fiscalía Nacional que resalta que de los 32 departamentos que tiene Colombia, sólo en tres de ellos -el Amazonas, Guainía y San Andrés- no se tienen reportes de cuerpos encontrados, ni entregados.  En el reverso de la moneda, Antioquia es el departamento con más número de cuerpos, 1.162, una radiografía del horror en la que siguen El Magdalena, con 694; Putumayo, con 542; Meta, con 522; y Córdoba, con 429.

De los casi 7.000 cuerpos encontrados, apenas la mitad, 3.370, han sido entregados, y de los 3.359 exhumados que faltan por devolver a sus familias, 1.560 todavía deben esperar por la concreción de su identidad.

«No todas las familias han denunciado a sus desaparecidos, entonces hay que buscar a muchas familias e ir hasta allá, no decirles vengan a Bogotá, Cali, Barranquilla o Medellín, no», explica la antropóloga forense Helka Alejandra Quevedo Hidalgo, quien reclama al Estado una estrategia «para ir a las familias, para ir río adentro».

Esta antropóloga, relatora del informe ‘Textos Corporales de la Crueldad, Memoria Histórica y Antropología Forense’ del Centro Nacional de Memoria Histórica, explica que el proceso de búsqueda de familias implica una organización rigurosa por parte de las instituciones del Estado, pues toma tiempo hacer un cotejo entre los cuerpos que están y las familias que buscan a sus desaparecidos. «Hacer análisis odontológicos, médicos y antropológicos es el paso que hay que agotar con esos más de 3.000 (cuerpos exhumados)» agrega Quevedo Hidalgo, quien precisa que todos esos análisis llevarían tener un perfil biológico (sexo, edad, estatura, patrón racial, enfermedades ) para cruzarlo con los reportes de personas desaparecidas. «La cuestión es que hay un subregistro de denuncias de desaparición y hay muchas familias de indígenas y campesinas que le han puesto los muertos a esta guerra, pero nunca han podido denunciarlos ante el Estado», lamenta.

El panorama que se asoma es agobiante. Unas un trabajo titánico aun pendiente si se tiene en cuenta el informe ‘Hasta Encontrarlos’, del Centro Nacional de Memoria Histórica que habla de al menos 60.630 desapariciones forzadas entre 1970 y 2015, que asegura que ocho de cada diez acontecieron en los últimos 20 años. O las declaraciones del director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, en junio de 2016 al diario El Tiempo, donde afirmaba que “hay denuncias sobre la desaparición de 50.000 personas, de las cuales no hay ninguna información”. Entonces anunció la creación de un protocolo para preparar la institución que lidera, frente a los desafíos que planteados en los acuerdos de paz de La Habana.

Mapa de consolidado de exhumaciones por departamento.

El proceso de búsqueda y exhumación de cuerpos ha tenido avances también durante las negociaciones de La Habana. En 2015 se anunció desde Cuba el ‘Plan Cementerio’, que es ejecutado por la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tras una investigación de tres años que ha desvelado que hay más de 20 mil cadáveres sin identificación en los cementerios del país. Este plan se diseñó para intervenir en estos cementerios en donde se inhumaron los cadáveres de miles de personas clasificadas como ‘NN’ durante el conflicto armado. Para el momento de este anuncio, ya se contaba también con la información entregada, tanto por la guerrilla de las FARC-EP, como por el Gobierno Nacional, así como por las víctimas del conflicto.

El trabajo que tiene la Fiscalía en el proceso de Justicia Transicional, específicamente en materia de exhumaciones, será ingente, pues contempla acciones como el análisis de riesgos, la búsqueda, el mapeo de fosas y la identificación de las características de cada una para definir el equipo interdisciplinario que deberá hacer el proceso de exhumación. A su vez, la Fiscalía deberá continuar en la búsqueda de las más de 3 mil familias a las que pertenecen los cuerpos ya exhumados.

Según el Acuerdo de Paz suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, como parte del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, se creará la unidad (UBPD) para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto. Para «el diseño, puesta en marcha y desarrollo de esta unidad se contará con la participación de organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y con el apoyo de instituciones especializadas”. La UBPD también se apoyará en la experiencia que ha tenido la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La inquietud que se presenta es si la Fiscalía y Medicina Legal tendrán el equipo, la dotación y la capacidad tecnológica necesaria para la exhumación de los miles de cuerpos desaparecidos que deja más de 50 años de conflicto armado; o si Colombia se verá en la necesidad de acudir al apoyo de otros países para lograr los objetivos que en esta materia guarda el proceso de construcción de paz. Una posibilidad incluida en las funciones de la UBPD que plantea la opción de alianzas con organizaciones nacionales e internacionales especializadas para facilitar el cumplimiento de sus funciones.

Una persona ha sido desaparecida de forma forzada cada 8 horas durante los últimos 45 años, afirma el informe ‘Hasta encontrarlos’. Esa es la tarea en la que se centra la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional de la Fiscalía General.