9 líderes asesinados en 19 días

Octubre está siendo un mes nefasto para líderes sociales y defensores de derechos humanos. Al menos, 7 han sido asesinados (3 de ellos, indígenas) sin contar la masacre de civiles perpetrada presuntamente por policías antinarcóticos en Tumaco. Estas son las últimas víctimas del exterminio que, según el Estado, no es sistemático.

Hay muchas cuentas y ninguna es buena. Las cifras varían en función de los criterios y de la información disponible, de qué se considera un líder o lideresa social o un defensor o defensora de derechos humanos. Pero cualquier dato es estremecedor. Según la base de datos de Colombia Plural en lo que va del año 2017 se contabilizan 77 asesinatos de líderes y lideresas reconocidos en su comunidad, uno cada cuatro días. Pero octubre está quebrando la estadística del exterminio y ya llevamos 9 líderes asesinados en apenas 19 días, cinco de ellos indígenas. Si sumáramos los al menos siete campesinos e indígenas Awá asesinados en Tumaco durante una protesta por la erradicación forzosa de cultivos para uso ilícito ya sumaríamos 16. Precisamente este jueves 19 de octubre la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha sacado un comunicado en el que “urge a que la investigación de los crímenes citados se haga en conjunto y a que se mantengan abiertas todas las hipótesis sobre presuntos responsables, tanto materiales como intelectuales“.

La lecturas inversa de este comunicado emitido dos semanas después de la masacre, se puede concluir que la ONU no cree que se estén contemplando todas la posibilidades sobre lo ocurrido en el Alto Mira. El comunicado se hizo público justo después de conocerse el asesinato de Jair Cortés, miembro del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera; uno de las personas que ha liderado las denuncias y alertas sobre lo ocurrido en la masacre y en los días siguiente.

La última víctima conocida en este lento genocidio, es la docente y lideresa indígena Liliana Astrid Ramírez Martínez, asesinada este jueves 19 por sicarios en la zona rural del municipio de Coyaima, Tolima. Antes, habían sido asesinados, el fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Avena, Eliécer Carvajal, en Puerto Guzmán (Putumayo); y el gobernador suplente del resguardo de Chinas, Oscar Tenorio Sunscue. Tenorio falleció en la noche del viernes 13 después de sufrir un atentado el martes en el resguardo, situado en el municipio de Páez (Cauca) y de no haber logrado sobrevivir en el hospital de Neiva (Huila) a donde fue trasladado. Desde la zona se lanza la alarma porque otros gobernadores indígenas, como el de San Andrés de Pisimbalá, están amenazados. También indígena era Efigenia Vásquez, la comunicadora del resguardo Kokonuko que fue asesinada por agentes del ESMAD el pasado lunes 9 de octubre en el Predio Agua Tibia, Resguardo Kokonuko (Puracé, Cauca), mientras participaba en el proceso de Liberación de la Madre Tierra.

En el Chocó, dos días antes, era secuestrado, primero, y asesinado, después, Ezquivel Manyoma, líder indígena y ex gobernador resguardo Dabeiba Queracito (municipio de Medio Baudó).

El mes empezaba con dos asesinatos a líderes barriales y campesinos. El 3 de octubre era baleado Jimmy Humberto Medina Trujillo en la vereda Puerto Nuevo, del corregimiento del Capricho en San José del Guaviare (Guaviare), donde era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal. Y en el barrio Nelson Mandela de Cartagena de Indias, era asesinado el día 5 de octubre Jorge Luis García Berrío, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector 3 de Junio, barrio Henequén. En Medellín, este mismo miércoles 18 de octubre, fue asesinada una mujer lideresa en un proceso de restitución de tierras. Liliana Patricia Cataño Montoya fue asesinada junto a su casa en la Comuna 13 de Medellín, justo en la semana en la que se conmemoraban los 15 años de la tristemente recordada Operación Orión.

El Cauca es el departamento más golpeado con este exterminio, con al menos 16 líderes y lideresas asesinados en lo que va de año, cinco de ellos en el municipio de Corinto. Antioquia, con 9 asesinatos, Nariño, con 6, Valle del Cauca, con 7 y Chocó y Cesar, con 4 cada uno, son los siguientes territorios donde se concentran los asesinatos de líderes.

En las estadísticas no se incluyen normalmente los asesinatos en el entorno de los líderes, pero un buen ejemplo puede ser el ocurrido en Bolívar donde, en los primeros días de octubre fue asesinado Osneider Jaimes Viviescas, hijo de José David Jaimes Lesmes, presidente de la junta comunal de la vereda “La Bonita” y líder del proceso de restitución de tierras. La Comisión de Interlocución de los Sures también ha denunciado la desaparición del joven Anderson Vargas Espitia, hijo de un líder agrominero del sur de Bolívar.

¿Plan pistola contra líderes?

En su último informe semestral, Indepaz, el Cinep y la Comisión Colombiana de Juristas alertaban de que “no se perciben avances en términos de disminución de agresiones, ni de garantías de seguridad para la labor de líderes sociales y defensores de derechos humanos; por el contrario, la situación empeora: comparando el primer semestre con lo sucedido en 2015 y 2016, observamos que este año se registra un incremento en las violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos”.

También criticaban la posición del Estado, que ha insistido en numerosas ocasiones en que no hay una acción sistemática contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y sigue atribuyendo estos asesinatos a problemas ‘personales’ que pueden ir desde las deudas hasta la infidelidad.

Los investigadores, sin embargo, creen que “se evidencia una cercanía espacial de las violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos durante el año 2016 y primer trimestre de 2017 con las regiones priorizadas para la implementación del acuerdo de paz que se firmó entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional”. También encuentran “correlación entre la presencia de cultivos de coca y los municipios en los que han ocurrido asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos”.