El senado asciende a cinco oficiales involucrados en casos de falsos positivos
Si el martes 10 de noviembre la Comisión Segunda del Senado aprobaba la lista de 39 oficiales de las Fuerzas Militares (11 de la Policía Nacional, 5 de la Armada, 18 del Ejército y 5 de la Fuerza Aérea) que serían ascendidos y que incluía cinco nombres muy polémicos, hoy se ha consumado en el pleno. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch (HRW), organización que pidió frenar los ascensos de altos oficiales que estaban al mando de brigadas donde se produjeron “falsos positivos”, había advertido que, en caso de confirmarse los ascensos, “se reforzaría el mensaje de que en Colombia los oficiales no rinden cuentas por sus crímenes”. Esta tarde, Vivanco estaba indignado: “Descaradamente, Senado de Colombia sigue ascendiendo a militares vinculados con falsos positivos”.
Descaradamente @SenadoGovCo sigue ascendiendo militares vinculados a falsos positivos. Felicitaciones @ClaudiaLopez, la única que se opuso. pic.twitter.com/3fT4XHZgBA
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) 23 de noviembre de 2016
En el plenario el ambiente ha sido tenso. Claudia López se abstuvo en los cinco casos de la polémica. Se trataba de los brigadieres generales Emiro José Barrios Jiménez y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, que han ascendido al máximo rango (mayor general), y de los coroneles Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez y Adolfo León Hernández Martínez, quienes serían ascendidos a brigadier general. Los ascensos se confirman la misma semana en que conocía una nueva sentencia -y suman 21- contra militares en activo por los casos de ejecuciones extrajudiciales conocidos como “falsos positivos”.
En la sesión del pleno del Senado, el expresidente Álvaro Uribe ha aprovechado para hacer apología de las fuerzas armadas y atribuir las dimensiones del escándalo de los “falsos positivos” a la Fiscalía General de la República. Según el senador del Centro Democrático la fiscalía abusó de su atribución en el levantamiento de cadáveres fruto de combates. “La Fiscalía hizo del levantamiento del cadáver un auto cabeza de proceso. Empezó ahí a presentarse la presunción de que no iban a levantar el cadáver de alguien dado de baja en un combate sino de alguien asesinado. Ha habido tantas injusticias… porque aquí se habla de 3, 4, 5.000 muertos y se ha presumido que todos eran falsos positivos… cada vez que había una baja inmediatamente salían organizaciones en defensa de los criminales [en referencia a las organizaciones de derechos humanos] a decir que no era una baja sino que era el asesinato de un campesino, de un estudiante o de un joven”.
Uribe ha vuelto a nombrar elogiosamente a militares muy conflictivos, como el coronel Hernán Mejía (condenado a 19 años por ejecuciones extrajudiciales y nexos con paramilitares en el batallón que dirigía en Valledupar) o al coronel Luis Alfonso Plazas Vega (ahora en Miami), que estuvo al frente de la violenta retoma del Palacio de Justicia, quien se considera víctima del “comunismo internacional, que anda detrás de adueñarse de este país” y cuya esposa (Thania Vega) es ahora senadora del Centro Democrático.
Uribe aprovechó la sesión de hoy, además, para volver a criticar el modelo de justicia transicional que incluye el acuerdo cerrado entre el Gobierno y las FARC que, según él, le entregará “al terrorismo la posibilidad de que quede totalmente deshonrada la fuerza [militar] a través del forzado reconocimiento masivo de delitos no cometidos para buscar la libertad”. Quizá respondiendo al respaldo que la Jurisdicción Especial de Paz ha recibido de los militares presos, la hipótesis de Uribe es que “el afán de los soldados y policías, el afán que tiene los investigados de que se superen las investigaciones va a encontrar una salida muy peligrosa… acudir a ese tribunal de justicia transicional y tener que escoger entre someterse al albur de una condena o una absolución, o asegurarse a través de reconoce un delito no cometido para buscar su libertad”.
Los cinco oficiales en duda
La aprobación de los ascensos por parte de la Comisión Segunda del Senado se hizo con el apoyo del Ministerio de Defensa que insistió en que no hay ninguna condena en firme contra los cinco altos mandos en entredicho. De hecho, el ministro, Luis Carlos Villegas, agradecía hoy al senado estos ascensos.
HRW lleva días insistiendo en que cada uno de ellos tiene una inmensa sombra de duda encima y para explicarlo con detalle, la organización de derechos humanos se remite al informe que publicó en 2015 bajo el título “El rol de los altos mandos en los falsos positivos”. Los cinco casos ahora cuestionados son los del hasta hoy brigadier general Emiro José Barrios Jiménez, que entre 2007 y 2009 era responsable de la Octava Brigada, donde ocurrieron al menos 19 casos de falsos positivos que están siendo investigados y por los que Barrios ha sido llamado, de momento, como testigo.
En el caso de Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, ahora ya brigadier general, era entre 2006 y 2007 comandante del Batallón Magdalena de la Novena Brigada, con 22 falsos positivos atribuidos. Marcos Evangelista Pinto Lizarazo sustituyó a Rodríguez Sánchez en 2007 y hasta julio de 2008 y se investigan 19 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en ese batallón en ese periodo.
El coronel Adolfo León Hernández Martínez, responsable del polémico batallón Popa de la Décima Brigada –donde fue comandante Mejía- donde ya hay 10 militares condenados por tres falsos positivos cometidos durante le mando de Hernández.
Hoy, todos ellos han subido un peldaño más en el escalafón militar del país. El mismo presidente del Senado que hoy ha dado su bendición a estos ascensos, Mauricio Lizcano, ha dicho hoy que esa cámara está lista para “refrendar los acuerdos de paz” para empezar una nueva etapa en el país.
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