La impunidad es otro ‘falso positivo’

Este jueves 17 de noviembre el juez primero especializado de Cundinamarca ha emitido una sentencia condenatoria contra 21 miembros de la brigada 15 del Batallón Santander de Ocaña en un caso de los conocidos como falsos positivos. Entre los oficiales condenados (la pena se conocerá en marzo de 2017) están el coronel Gabriel de Jesús Rincón y otros 20 militares que cinco madres llevan esperando desde los inicios del año 2008, cuando sus hijos desaparecieron para meses después ser presentados como guerrilleros abatidos en combate. Ni eran guerrilleros ni habían muerto en combate. Estos cinco jóvenes son parte de los 14 vecinos de Soacha que salieron del pueblo con la promesa de un trabajo y nunca regresaron vivos. Su muerte, tras las insistentes denuncias de sus familiares, permitieron tirar del hilo y sacar a la luz uno de los casos más vergonzosos que involucra al Ejército y al Gobierno colombiano, los llamados ‘falsos positivos’ que regaron de cadáveres de falsos guerrilleros la geografía colombiana y que tuvieron su máximo auge con la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe.

Este año 2016 se ha producido poco más de media docena de sentencias condenatorias y ratificaciones de condenas, en su mayoría a soldados y mandos intermedios. Pero ello no significa diligencia en las investigaciones y fallos judiciales. Verdad Abierta destacaba a inicios de 2016 que ocho años después de que se denunciaran los primeros casos de ejecuciones extrajudiciales -los jóvenes de Soacha-, 27 altos militares han sido separados de las fuerzas armadas, pero entre las condenas solo hay seis coroneles y a ningún general se le han imputado cargos.

El informe de la Corte Penal Internacional hecho público este martes (ver informe) afirma que la Fiscalía sigue recibiendo casos de falsos positivos y que, según los datos aportados por parte del gobierno de Colombia, a la fecha hay 817 sentencias condenatorias contra 961 miembros de las Fuerzas Armadas por falsos positivos, y para julio de este año, se investigaban 2.241 casos de asesinatos extrajudiciales, con un total de 4.190 víctimas de estos crímenes. También se recogen reportes de al menos 80 casos de falsos positivos que habrían sido ejecutados por guerrillas o grupos paramilitares. El informe reconoce que las autoridades colombianas «han llevado a cabo un número significativo de investigaciones y enjuiciamientos contra miembros de rango medio y bajo del ejército colombiano» y que desde 2012 se ha condenado a dos coroneles, dos tenientes coroneles, doce mayores, ocho capitanes y veintinueve tenientes.

El Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (México), explica que Colombia ocupa el tercer lugar en la lista de países con mayor impunidad del mundo, sólo por detrás de Filipinas y México. Y esa impunidad, cuando se trata de crímenes de estado, alcanza el 98%. Y esa impunidad, según las organizaciones de derechos humanos, es aún más sangrante en el Ejército después de la reforma del Fuero Penal Militar aprobada por el Congreso en 2015.

Un informe de Human Rigths Watch (HRW), publicado unos meses antes, trata de demostrar la implicación de los generales y coroneles en estas ejecuciones extrajudiciales -a pesar de la falta de condenas e investigaciones- y defiende que se trataba de un problema -o una política- en todos los batallones del Ejército y no de casos aislados como se trató de hacer creer cuando se destapó el escándalo. El informe también ponía fecha a los años más ‘intensos’ en ejecuciones extrajudiciales: de 2002 a 2008 cuando las tropas del ejército presionadas para que incrementaran el número de bajas en el conflicto con los grupos guerrilleros, mataban a civiles que luego presentaban como esos muertos en combate. Balances que no solo daban lustre ante la opinión pública sino primas económicas por su mayor efectividad dentro de la política de incentivos auspiciada por el entonces ministro de Defensa y hoy presidente, Juan Manuel Santos.

“La ejecución de civiles por brigadas del Ejército fue una práctica habitual en toda Colombia: soldados y oficiales, presionados por superiores para que demostraran resultados ‘positivos’ e incrementaran el número de bajas en la guerra contra la guerrilla, se llevaban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos”, concluía HRW.

Las víctimas

¿Cuánta víctimas? Esa es una pregunta que sigue respondiéndose a medida que avanzan las lentas investigaciones judiciales y que se resuelven casos de desapariciones forzadas. En enero de 2015, la Fiscalía General de Colombia tenía en investigación procesos relacionados con 4.475 víctimas de ‘falsos positivas’ en casos que implicarían a 5.137 integrantes de la Fuerza Pública. Carlos Andrés Guzmán Díaz, director de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, afirmaba en una entrevista en El Colombiano, en febrero de este mismo año, que había 903 miembros de la Fuerza Pública condenados por homicidios cometidos por agentes del Estado y que los casos pendientes en investigación por asesinatos ascendían a 2.308.

En la sentencia que se debe hacer pública esta semana sobre cinco de los 14 asesinatos de Soacha hay implicados 21 militares, uno de ellos coronel, adscritos a la Brigada del Batallón Santander en Ocaña (Norte de Santander). Estas condenas, si se confirman, se sumarán a las hechas públicas este año. Poco mas de media docena que siguen saliendo a cuentagotas.

Las condenas en 2016

A comienzos de 2016 se condenaba a 43 años de prisión a Iván Mauricio Ochoa Yepes, sargento viceprimero del Ejército, por la muerte de Víctor Manuel Correa Palacio y José Miguel Madrid Urrego el 18 de abril de 2006 en la vereda La Raya del municipio de Concepción, Oriente antioqueño. Según el fallo “tropas del Ejército pertenecientes a la escuadra Halcón 1 del Batallón Pedro Nel Ospina”, dieron muerte a estas dos personas en un “aparente combate”. El batallón de ingenieros Pedro Nel Ospina de la IV Brigada se convirtió, con 86 muertes de supuestos delincuentes en 2006, en la unidad militar con más “resultados” del país, incluso por encima de otros grupos de contraguerrilla ubicados en las zonas más complicadas del territorio nacional. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que la mayoría de esos resultados podrían tratarse de homicidios en persona protegida.

En octubre era detenido el coronel William Quintero Salazar por su presunta relación con la muerte de Jhonny Eduardo Soto Santos y Róbinson Cala Galvis, presentados en julio de 1999 como muertos en combate con guerrilleros del ELN, cuando en realidad eran conocidos campesinos de la región. En ese momento Quintero era subteniente. Por la muerte de Soto Santos y Cala Galvis, hay otras cinco personas detenidas en la cárcel de Bucaramanga y Quintero ya estuvo anteriormente en cárcel de La Picota por estos hechos, ocurridos en La Moneda (Sabana de Torres-Santander).

También en octubre, el Tribunal Superior de Popayán, Cauca, aumento de 46 a 50 años de prisión la condena a seis militares, por su participación en la ejecución extrajudicial de tres habitantes de la calle de Cali Édgar Obando Mestizo, Carlos Alberto Satizabal Porras y Luis Carlos López Hurtado, que habían sido reportados como guerrilleros muertos en combate. La investigación posterior de la Fiscalía determino que eran recogedores de cartón para reciclaje en el barrio San Fernando, en el sur de Cali. Los condenados son Aldemar Rafael Cervantes, Pablo de Jesús Valencia Gallegos, Saúl Esteban Vallejo Angulo, Otoniel Rivera Rentería, Fidel Antonio González Mina y Alfonso Javier Erazo Rosero, pertenecientes entonces el batallón José Hilario López. Los hechos ocurrieron en agosto de 2007, cuando el batallón reportó la muerte de tres personas durante la operación Soberanía, desarrollada en la vereda Clarete Alto, vía Totoró-Popayán.

Un día antes de conocerse esta resolución del Tribunal Superior de Popayán, la Corte Suprema de Justicia rebajaba de 33 a 26 años de prisión al soldado Adolfo Ropero Rangel, por el ‘falso positivo’ del campesino de El Carmen (Norte de Santander) Javier Peñuela, presentado como guerrillero del ELN muerto en combate. No pertenecía al grupo guerrillero pero su cadáver, vestido de civil, fue presentado con un fusil AK-47 y dos proveedores de 23 cartuchos.

Este mismo mes el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bucaramanga condenó a 14 años de prisión a los miembros del Ejército Orlando Moreno Suárez, José Antonio Monsalve, Daniel Guerrero Quiroga y Daniel Blanco, por el homicidio del campesino Venicio Muñoz Cáceres el 28 de marzo de 2006 en zona rural del municipio Sabana de Torres, en Santander. Según la investigación, Venicio fue vestido con prendas militares, pusieron armas cerca de su cuerpo y fue alterada la escena del crimen. Lo presentaron como guerrillero del Frente 20 de las FARC, muerto en combate, pero solo era un campesino de la vereda La Robada, donde administraba la finca de su padre.

En junio de este 2016, otros dos exmilitares y un civil fueron condenados por un Juzgado Especializado de Villavicencio a 20 años de prisión, cada uno, por su responsabilidad en la muerte de dos campesinos en el sector de Caño Cafre, jurisdicción de Puerto Concordia (Meta), en marzo de 2006. Luis Alberto Camargo Pinzón y César Augusto Montealegre Garzón, eran soldados profesionales en esa fecha, y Dúmar Vargas Rivera ejercía como guía de los militares en la zona.

En agostos, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare condenó a 10 militares retirados a penas de prisión de entre 34 y 42 años por los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro simple agravado. Se trata del asesinato de dos campesinos, Arcadio Torres Peña, de 33 años, y a Rosendo Holguín Bohórquez, de 51, que fueron reportados como abatidos en combate. La dueña de la finca y madre de Arcadio Torres fue quien interpuso la denuncia que permitió establecer que se trataba de una ejecución extrajudicial. Los condenados, integrantes entonces del Batallón de Infantería Joaquín París con sede en San José del Guaviare, son: el capitán Miguel Alejandro Durango Durango; el cabo Sergio Alonso Cruz Gordon, el cabo Luis Euclides Ibargüen Mestra y los soldados profesionales Valentín Díaz Hernández, Carlos Alirio Alvarado Carrillo, Jhorman Said Montenegro Pachón, Anderson López Hurtado, Diego Fernando Mina Yonda, Luis Segundo Cano Gómez e Isidro Malaver Ahumada. Entraron en la finca de los campesinos en compañía de integrantes del Bloque Centauros del Erpac.

Ahora, en el caso de los cinco jóvenes de Soacha presentados como «falsos positivos» en 2008, el juez ha encontrado culpables de desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento privado, homicidio agravado, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego a los siguientes militares: Medardo de Jesús Ríos, Luis Alirio López, Ferney Grijaba, Geiner Fuertes, Pedro Hernández Malagón, Manuel Ángel Zorrilla, Juan Gabriel Espinosa, José Orlando González, Kevis Alberto Jiménez, Richard Armando Jojoa, Mauricio Cuniche Delgadillo, Nixon Arturo Cubides, José Adolfo Fernández, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Ricardo Eliud González, Eide Andrés Guerrero, John Anderson Díaz, Juan Ramón Marín, Ricardo Coronado, Janer Edier Duque, Henry Mauricio Blanco, Héctor Orlado Soto Aponte.

Las condenas e investigaciones de los casos de los ‘falsos positivos’ se suceden a cuentagotas y las alertas sobre el riesgo de impunidad en catarata. En su último informe sobre derechos humanos, HRW denunciaba la situación de estos procesos judiciales y aseguraba que a pesar de que varios oficiales de alto rango están siendo investigados por la Fiscalía General, no se tiene registro de condenas contra alguno de ellos. La ONG habla, y recoge, las evidencias de que “altos oficiales del Ejército serían responsables por muchas de las ejecuciones” y evalúa los obstáculos que hasta el momento “han impedido que tales oficiales rindan cuentas por su actuación”. Hace apenas tres semanas organizaciones de derechos humanos y de víctimas alertaban también sobre la necesidad de no modificar los acuerdos de Justicia Transicional incluidos en el pacto con las FARC si no se quiere incurrir en la impunidad de los casos de crímenes de Estado y paramilitarismo.

El informe Soacha: Falsos positivos e impunidad de la Fundación para la Educación y el Desarollo (Fedes) afirma que la impunidad no se circunscribe única y exclusivamente al proceso judicial y a la determinación de responsabilidades penales, sino que abarca un abanico de posibilidades de orden político y normativo. Asegura que había un patrón generalizado y sistemático de comisión de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas militares y alude a los 3.796 casos documentados por la Mesa de Trabajo sobre ejecuciones extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Su informe incidía en otro aspectos, las víctimas de estas ejecuciones pertenecían a sectores populares, generalmente jóvenes, lo que a su juicio demuestra que la práctica de la ‘limpieza social’ “se encuentra (en esos momentos) lejos de ser erradicada del escenario del conflicto, agravada por el hecho de que quienes la ejecutan y promueven son las propias autoridades públicas”. “Existen fuertes impactos psicosociales en las víctimas como consecuencia de la impunidad de los hechos que las victimizaron”, concluye el informe.

En agosto de 2013 el Tribunal Superior de Cundinamarca declaró la muerte de uno de los jóvenes de Soacha, que padecía síndrome de Down, como un crimen de lesa humanidad. En su proceso estaban implicados seis militares acusados de desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad en documento público.

El pasado 2 de noviembre las víctimas de los crímenes de Estado volvían a movilizarse en las principales ciudades de Colombia para alzar la voz contra la propuesta avalada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de que la llamada Ley de Justicia y Paz sea la indicada para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno, en sustitución de la Justicia Transicional planteada en el acuerdo de La Habana y que ahora ha sido ratificado. Además, le recordaron a la sociedad colombiana que “el aparato judicial colombiano ha cumplido un papel fundamental en la perpetuación de este conflicto armado, mediante la acción directa de muchos de sus funcionarios o a través de la omisión de su papel constitucional de investigar los crímenes de Estado”.