Indepaz: Amenazas a líderes, sistemáticas y permanentes

117 líderes sociales asesinados en 2016, uno cada tres días, y 350 amenazas individuales y colectivas. Es la cifra del informe que Indepaz ha hecho público y en el que alerta de un trasfondo preocupante: una sistematicidad en las amenazas y muertes a líderes sociales a la que no puede ser ajena el Estado, y un incremento de la presencia paramilitar, en especial, en aquellas zonas donde hacían presencia las FARC-EP, ahora en proceso de reagrupamiento en las zonas veredales transitorias. Esta no es una advertencia nueva, el informe de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad también apuntaba en esa dirección.

Las cifras de Indepaz resaltan que es el sur occidente colombiano (Valle, Cauca y Nariño) el que acapara la mayoría de asesinatos de defensores o miembros de organizaciones sociales un 66,6% del total (57 casos) de las muertes recogidas en un informe cerrado el 25 de diciembre en base a denuncias de organizaciones y publicaciones en prensa. De esos 57 casos, 43 de ellos fueron en el Cauca; 9, en Nariño y 5 en el Valle. Del total de las 117 muertes, Indepaz atribuye 6 a fuerzas del Ejército o la Policía y 27 directamente a paramilitares identificados. El balance que realiza Colombia Plural desde el inicio del año revela 10 muertes en 23 días.

Junto a ello, más de 30 organizaciones son “perseguidas de forma sistemática”, advierte la organización, que resalta el creciente reclamo de la sociedad para que se reconozca el fenómeno paramilitar. Una situación que Fiscalía y Ministerio de Justicia insisten en negar. “La respuesta debe ser inminente porque esto es un signo dramático y fatal del comportamiento de las oposiciones al proceso de paz”, advierte Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos y unidad investigativa de Indepaz, quien insiste en que “no se puede negar la sistematicidad de estos eventos, lo que requiere una respuesta por parte del Estado en su conjunto”.

La organización también hace alusión al informe de la Cumbre Agraria Campesina que hablaba de más de 350 amenazas individuales o colectivas, 46 atentados cometidos con armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos y 5 casos de desaparición forzada en contra de dirigentes locales y regionales. Todo ello para reclamar de forma urgente que se apliquen medidas efectivas para la protección del derecho a la vida.

Desplazamiento y control político

En el trasfondo de estas cifras, González Perafán plantea que estos homicidios se han cometido en el marco del inicio de una transición y que tienen como finalidad “el desplazamiento de las comunidades, la apropiación de territorios, la defensa de megaproyectos y el control político de las regiones”.

A su juicio todo forma parte de una misma situación la que se genera cuando los opositores al proceso de paz ven sus intereses locales o regionales afectados y “toman posiciones radicales y no quieren aceptar que estamos marchando hacia una situación de fin de la confrontación armada”.

Señala que todas las acciones tienen un patrón común: hay amenazas muy graves en 15 departamento de Colombia con panfletos que apuntan a personas pertenecientes a organizaciones que son tildadas de guerrilleros o señalados y condenados a muerte a o desalojar sus casas. Indepaz cree que a pesar de que muchos son firmados por organizaciones de autodefensas no todos son auténticos sino que responden a lo que se ha denominado “fuerzas oscuras”, es decir, que el aparato encargado de generar una mentalidad contrainsurgente “no se ha desactivado”.

La retirada de las guerrillas de algunas zonas hace que se cambien las relaciones locales de poder, explica González Perafán, y se presenten poderes que quieren copar dichos territorios. “Hay violencias alrededor de las economías de guerra de los cultivos de coca, de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y elementos de poder político”.

Este investigador alerta también sobre la polarización política y los lenguajes de odio desde las dirigencias políticas, y aunque reconoce que “hay una voluntad de cambio grande de la sociedad colombiana para superar este momento”, de no atender de forma urgente los asesinatos y amenazas a líderes “será imposible que podamos hablar de paz en nuestro país”.

El informe de la Cumbre Agraria hecho público a finales del año pasado ahondaba en este idea, que a pesar de un descenso de las afectaciones a civiles, combatientes y bienes derivadas del conflicto armado interno, ha ido en incremento los índices de violencia sociopolítica en contra de defensores de derechos humanos, líderes y dirigentes sociales y populares. Human Rights Watch también ha llamado la atención sobre las amenazas de muerte y “actos de violencia” contra líderes indígenas y sociales, y defensores de derechos humanos.