La lentitud y los asesinatos lastran la restitución de tierras

Se inicia el sexto año de ejecución política de restitución de tierras en Colombia y el balance no puede ser más desalentador. La Fundación Forjando Futuros ha ofrecido números y hecho balance de un proceso que avanza con lentitud y en medio de las amenazas y asesinatos de quienes deciden reclamar los predios de los que fueron despojados. En este tiempo, de las 100.158 solicitudes presentadas en la Unidad de Tierras únicamente han sido restituidos 4.814 casos (el 5%) y se han rechazado 24.603. El 57% de los victimarios -quienes usurparon las tierras- eran paramilitares, según reconocen las 2.317 sentencias dictadas hasta ahora.

“Los reclamantes de tierra no pueden seguir siendo asesinado o morirse esperando a una solución”, denunciaba hoy Gerardo Vega, presidente de la Fundación para describir la situación. Su alerta no difiere mucho de la denuncia que hace apenas tres años hacía que el Observatorio de Restitución de Tierras, liderado por cinco prestigiosas universidades del país, : “Al paso que vamos, [la restitución] podría demorarse miles de años, o, introduciendo supuestos extraordinariamente optimistas, cientos. Es el momento de considerar, seria y rápidamente, un rediseño de la política de restitución”.

Ese resideño es el que ha pedido hoy la Fundación Forjando Futuros que propone que el Gobierno que saque a las víctimas de este conflicto y compre tierras para compensar a las que reclaman (en su lugar de origen o en otro sitio), que se continúe “persiguiendo” a quienes despojaron y recuperando las tierras robadas, y que se profundice en la restitución colectiva y administrativa. “Y hay que garantizar la vida y la seguridad de reclamantes y defensores de derecho humanos”, advertía Vega, quien recordó hoy el último asesinato, especialmente violento, el de José Yimer Cartagena, el pasado 10 de enero en Carepa, que además de ser líder político de Marcha Patriótica, estaba inscrito en un proceso de reclamación de tierras en la vereda El Cerro y asesoraba a otros demandantes. Desde el año 2008 han sido asesinado 72 reclamantes de tierras.

“Para nadie es un secreto que quienes se han opuesto a la política de paz se oponen a la política de restitución y esos asesinatos así lo indican”, ha insistido el presidente de la Fundación Forjando Futuros que ha pedido al Gobierno que desmantele estas bandas criminales y persiga a los asesinos porque la impunidad “sería una muy mala publicidad para el tema de restitución de tierras”

En este sentido, Vega aseguró que estos asesinatos se convierten en “una advertencia” de lo que podría pasar con los desmovilizados de las FARC en su proceso de reintegración a la vida civil y la implementación del pinto 1 de los acuerdos de La Habana que corresponde a la reforma rural y agraria

Según las cifras analizadas por la Fundación el 73% de esa 4.814 resoluciones que sí se resolvieron a favor son minifundios (menos de 3 hectáreas). Las hectáreas restituidas en estos seis años son 195.929 y la sentencias dictadas (a 31 de diciembre de 2016) un total de 2.317. Al 57% de victimarios paramilitares se suma un 13% de la guerrilla; un 6% atribuidos a grupos armados no definidos; un 23% de despojos provocados por los enfrentamientos y un 1% atribuido al Estado

La Fundación ha hecho un estracto con los datos relativos a Antioquia, donde de 651.482 hectáreas reclamados únicamente se han restituido o compensado 5.010, es decir un 2,8%. Aquí también son los paramiliatres o neoparamilitares los principales victimarios (50%). Llama la atención el hecho de que en el área metropolitana de Medellin, de las 1.078 solicitudes presentadas no se ha podido resolver ninguna por temas de seguridad en la ciudad. “El fenómeno más grande de desplazamiento urbano y pérdidas de casas es en Medellín y no se ha podido restituir ni una. No hay ni un solo proceso que haya avanzado”.

“Si esto pasa en un área urbana con sistemas de seguridad qué se puede esperar del campo colombiano, de Uraba, el bajo Cauca, el Choco, Los Llanos Orientales”, se ha lamentado Gerando Vega, quien ve en todo ello un reflejo de que “esta política así no funciona, si el Estado no puede garantizar la seguridad de los reclamantes…”. Por ello recordó el caso de una mujer en Turbo, Alicia, que una vez restituidas sus tierras “sigue siendo agredida, dañan sus cultivos y sus animales, una actitud permanente de empresarios que quieren esas tierras”. Las amenazas a los reclamantes son constantes en Nueva Colonia, Chigorodo o Apartadó.