Matar y hacer plata: el negocio de las tierras

“Va siendo hora de que, en aras de lograr una catarsis, un olvidar, un comenzar de ceros, todos hagamos un verdadero acto de contrición”. Esta es la frase que ha llamado la atención de la sentencia de 503 páginas que la Corte Suprema ha dictado contra el paramilitar Salvatore Mancuso. Los jueces aprovecharon esa sentencia para reflexionar sobre la culpabilidad colectiva en el fenómeno del paramilitarismo: “La delincuencia [los paramilitares] no hubiese logrado sus metas, de no haber contado con el silencio cobarde o pagado, la ayuda obligada, comprada o producto de la simpatía, de integrantes del conglomerado social, como algunos policías, algunos militares, algunos servidores públicos de los niveles local, municipal, departamental o nacional, algunos jueces, algunos legisladores, algunos comerciantes, algunos ganaderos, en fin, algunos ciudadanos”.

Pero los regaños colectivos pueden encubrir las responsabilidades. Quizá por eso, la Fundación Forjando Futuros ha querido recordarnos nombres de responsables del despojo de tierras que, según el informe publicado esta semana por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha supuesto, como mínimo, el abandono de 6,5 millones de hectáreas. La Fundación recopila ahora 25 sentencias de los magistrados de Restitución de Tierras que afectan a 19 grandes empresas que deben devolver 53.821 hectáreas: un grano de arena en esta montaña de tierras pendiente de restituir. Una montaña que cada vez parece más grande porque, después de 5 años de vigencia de la ley de Víctimas y de Restitución de Tierras sólo se han tramitado 87.118 peticiones para recuperar la tierra de las que la justicia sólo ha resuelto 2.943 (el 3,4%).

Mientras se esperan los siglos que según Forjando Futuro serán necesarios para restituir lo despojado, conocemos los nombres de empresas que acumularon tierras, lograron concesiones mineras o pusieron en marcha emporios agroindustriales de forma paralela o solapada con las formas más brutales de violencia. Los municipios afectados por las 25 sentencias que afectan a empresarios son los de la cartografía del horror: Carmen de Bolívar (masacres de El Salado o Hato Nuevo), Turbo o Mutatá (durante el tormento de las AUC de Carlos Castaño), Puerto Gaitán, Sabana de Torres (con la arremetida de las FARC), Granada (cuyo informe del CNMH sale a la luz esta misma semana)… No parecen coincidencias.

El imperio de la cementera ARGOS S.A. en Carmen de Bolívar (Bolívar) llegó a ser definido por el Tribunal Superior de Antioquia, en sentencia del 12 de octubre de este 2016, como una contrarreforma agraria: “las actuaciones de …..,la Sociedad Fiduciaria FIDUCOR SA (o ARGOS SA), engendran una auténtica contrarreforma agraria que atenta contra la Constitución Nacional y los preceptos anotados, por el modo inequitativo de acumular tierra y concentrar la propiedad, obteniendo un aprovechamiento de la zozobra originada por el conflicto armado, aniquilando los intereses y derechos de los campesinos víctimas, causando desarraigo, alterando el uso de la tierra para imponer proyectos productivos como Teca, palma de aceite o ganadería extensiva en un claro detrimento de la producción agrícola ejercida por el campesinado”. Argos se benefició al extremo de las consecuencias de la masacre de El Salado. En su página web, la multinacional destaca que es la número uno en Colombia y la quinta de América Latina gracias a un modelo de negocio que “está centrado en el cliente y en el desarrollo sostenible, es decir, económicamente viable, respetuoso de las personas, responsable y amigable con el medioambiente”.

Perfil de las sentencias de restitución de tierras a abril de 2016. Fuente: Forjando Futuros

El mismo día que se hizo pública esta última sentencia contra Argos (hay dos más), Nohora Tovar, senadora del Centro Democrático de Álvaro Uribe, radicaba en el Senado un proyecto de ley que pretende dejar sin efecto buena parte de las acciones del Estado para recuperar tierras adquiridas fuera del principio de “buena fe”. Y justamente en lo que coinciden las sentencias ahora divulgadas por Forjando Futuros es en que muchas de estas empresas o actuaron de mala fe, o no investigaron lo suficiente o se aprovecharon sin pudor del abandono de tierras. El informe Tierras y Conflictos Rurales hecho público este jueves 3 de noviembre por el CNMH señala, precisamente, el origen y las nefastas consecuencias de estos procesos de abandono que supusieron, por ejemplo, que en Carmen de Bolívar huyeran los campesinos propietarios del 47,7% de las tierras rurales, al igual que ocurrió en Turbo (el 23,7%) o en La Macarena (Meta), donde el abandono fue casi total (88,5%).

La lista de empresas vinculadas al despojo de tierras es amplia. Abundan las empresas palmicultoras (como Sociedad Las Palmas, Palmas Bajirá, Palmagán); las agroindustriales (Carmen de Bolívar SA, Agroindustrial Génesis, A. Palacios SAS, Sociedad Montecarmelo, Agroservicios San Simón, Futuro Verde Limitada, Todo Tiempo, Jorge Herrera e Hijos, o Carib Banana); mineras como la multinacional AngloGold Ashanti (el caso colectivo de la restitución al Resguardo Alto Andágueda), o financieras como Bancolombia. Las sentencias contra estas empresas, o contra particulares, no son equivalentes a devolución inmediata de tierras.

Causa del Despojo y tamaño de fincas, según sentencias a abril de 2016. Fuente: Forjando Futuros