Las armas siguen disputando el territorio en Quinchía

Edith Lucía Taborda es una indígena Embera que vive en Quinchía, al noroccidente del departamento de Risaralda y casi en la mitad de la Cordillera Occidental, territorio en disputa, desde siempre. Según la leyenda, Xixaraca hizo su aparición sobre la cima del Cerro Carambá mientras sus hijos morían; a su lado, Michua cortaba trozos de bejuco, los lanzaba por el aire, se convertían en serpientes, caían sobre los enemigos, estos avanzaban. Michua lloró y sus lágrimas se convirtieron en dos pequeñas cascadas que bajan por el cerro, ambos desaparecieron dejando sus enormes pisadas como recuerdo.

Todos los días y antes de salir de su casa, Edith mira hacia el oriente e invoca con inercia la protección del dios católico aunque su razón le dice que es a Xixaraca y Michua a quienes debería nombrar. A Edith y los demás gobernadores indígenas de la zona los rodea un ambiente espeluznante y lo saben. Han pasado 15 años desde que el Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) masacrara a seis campesinos, indígenas y mineros en las veredas de El Higo, Buenavista, San Juan y en el corregimiento de Naranjal.

Hoy la zona sigue siendo un hervidero de grupos armados. Entre ellos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Urabeños, surgidas de la desmovilización paramilitar de Justicia y Paz, y algunas facciones del Ejército Popular de Liberación (EPL). Hay señales de que se han rearmado casi en una carrera plana. En la meta pareciera estar la cinta que anuncia el control de este corredor minero.

Bernardo Arias, un hombre por encima de los cincuenta, manos de minero y verrugas protuberantes, vive en Irra, un corregimiento de Quinchía. Dice que a finales del 2014 llegaron varios hombres armados desde el casco urbano y se “apropiaron” de algunas viviendas en el barrio Santander. Explica que “se identificaron como integrantes del Frente Cacique Pipintá de las AUC”. Ese mismo día, los hombres cooptaron la economía local por medio de vacunas y cobros a los trabajadores de Juan Tapao y en los aluviones del río Cauca. “Era un supuesto servicio de cuidado, si no lo paga lo matan”. Allí se comenta que esta estructura está tras la desaparición del minero artesanal Fabián Andrés Vélez, en julio de 2015.

El Estado se contradice

El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha dicho en repetidas ocasiones que el paramilitarismo ha desaparecido. Los gobernantes locales le hacen eco. Pero los indicios de que paramilitares y EPL se disputan el control de este territorio datan de hace ya tres años.

Opuesto a las declaraciones del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo asegura en uno de sus informes de 2016 que se trata de la reactivación del grupo paramilitar a partir de la libertad de algunos mandos medios sometidos al proceso de Justicia y Paz. Desde la Fiscalía General se da otra versión y uno de sus investigadores explica a Colombia Plural que para esta institución se trata de delincuencia común que se lucra del narcotráfico. El 2 de diciembre de 2016 capturaron a nueve integrantes en una de las casas señaladas por Bernardo y la Fiscalía los presentó como la banda de ‘Los Populares’. No se hizo mención a reagrupaciones paramilitares. Siete días después, soldados del Batallón San Mateo hallaron tres granadas de fragmentación en un camino que conduce hacia el cerro Batero.

El valor de cambio de Quinchía es el oro, por ello, sus habitantes intuyen, aunque casi ninguno lo verbaliza con nombre, que es el control del mineral y sus beneficios lo que buscan los grupos armados. Alejandro Pulido, experto en impactos sociales de la minería, duda que sea coincidencia la presencia de actores armados y los intereses mineros.

Desde el 2002 Colombia se ha convertido en un destino internacional para la exploración y desarrollo de grandes megaproyectos mineros, todo gracias a las reformas políticas de apertura aceleradas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez que socavan la autonomía local de alcaldes y comunidades. Esa vía condujo a toda suerte de pleitos. La Corte Constitucional trató de enmendar esas políticas y facultó a los entes territoriales para frenar proyectos mineros. Cuando Edith y sus compañeros se enteraron de eso, presentaron su plancha política con nombres al concejo municipal y un candidato a la Alcaldía aún a sabiendas de que las posibilidades de entrar eran casi nulas. Así fue, aunque siguieron trabajando hasta que el optimismo se agotó lo días 6 y 7 de junio el 2016, cuando unos diez hombres armados y vestidos de negro llegaron a las veredas San José, Villa Nueva, Opiramá, La Palma, Encenillal, La Ciénaga y Primavera -correspondientes a la jurisdicción del corregimiento de Santa Helena-, reunieron grupos de campesinos e indígenas y les dijeron que les “prohibían participar en reuniones políticas o se meterían en problemas”. Todos saben qué significa esa última parte de la frase.

¿Pasos de animal grande?

Pasaban solo unos meses luego de la amenaza al grupo de líderes que buscaban participación política cuando la misma Fiscalía capturó a Yac Arlen Suárez por orden del Juzgado 6° Penal Municipal de Pereira. Se le habían encontrado en su casa, en la vereda Cañaveral, una caneca con 802 cartuchos para fusil calibre 5.52 mm, 12 proveedores para fusil del mismo calibre y material de intendencia como pantalones camuflados del Ejército Nacional, chapuzas, gorras pixeladas y morrales, entre otros elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

La Captura la realizó el Grupo Gaula del CTI en coordinación con tropas del Batallón San Mateo de Pereira la noche del 29 de noviembre del 2016 en la vereda El Retiro. Según el ente investigador, Arlen buscaba la formación de grupos insurgentes con objetivos extorsivos y políticos. Lo que llama la atención es su capacidad logística para la consecución de armas.

-¿Cómo consiguieron extraer todo eso de las Fuerzas Militares?

-Hay redes dedicadas a eso.

Según la misma Fiscalía, en esa misma caleta había 12 fusiles y otras armas que fueron retiradas antes del operativo

¿Dónde están?

-No tenemos noticias de ellas.

El 30 abril de 2015, dos meses antes de que la Fiscalía supiera que una parte del arsenal de guerra había sido sacado de su caleta, Alirio de Jesús Mejía Ramírez, dueño de una lujosa finca cerca de Quinchía, conducía en su camioneta Mahindra 4×4 color blanco, en límites entre este municipio y Anserma (Caldas), cuando de repente fue interceptado por un grupo de hombres armados. Lo emboscaron y lo asesinaron a tiro de fusil. A Mejía lo acompañaban un desmovilizado del Bloque Héroes y Mártires de Guática de las Autodefensas, que también fue asesinado. Un año antes este hombre había sido capturado en la vereda Opiramá con armamento y elementos privativos de las fuerzas militares pero fue dejado en libertad días después.

Vista panorámica de Quinchía | Foto: Natalia Bustamante

Un día cualquiera de asamblea comunitaria, Edith enciende su moto y se interna en las veredas buscando sus comuneros, hace llamadas a celular, escribe por Whatsapp, otros compañeros le ayudan, es la gobernadora de los Embera Karambá.

El riesgo corre para toda la comunidad, pues según la Alerta Temprana elevada por la Defensoría del Pueblo hasta el Ministerio Público “esta reactivación de grupos armados ilegales, postdesmovilización de las AUC, puede deberse a un interés de estas estructuras armadas en copar las zonas de tránsito dejadas por las FARC-EP hacia Mistrató y Pueblo Rico, Risaralda, como corredor de tropas entre Chocó, Caldas y Antioquia”.

Algunos comuneros dicen haber advertido a esa institución la presencia cada vez más frecuente de hombres armados en las veredas Murrapal, Buenavista, Sauzaguá, Versalles, Quinchía Viejo, Sardinero, Moreta y el Cairo que se mueven en grupos aproximadamente de 40 a 50 personas armadas y vestidas de negro.

Los testimonios hablan de un ‘reacomodo’ estratégico de actores armados. En el corregimiento de Irra, explican estas fuentes, las AGC-Urabeños han impuesto un orden alrededor de la prostitución, el tráfico de estupefacientes y la economía del oro. Desde allí han buscado retomar el dominio de las vías que comunican con otros municipios de Caldas. Hacia la vereda Opiramá, rumbo a Guática, lo hace el Frente Cacique Pipintá; a su vez el EPL se ha posicionado en las veredas circundantes al corregimiento de Santa Helena.

Las veredas Chuscal, Cumbres y Miraflores son las que tienen mayor nivel de producción de oro, en ellas el EPL y las autodefensas han hecho presencia desde el 2014, el último acto de intimidación datan de abril de 2016.

Minutos antes de salir de su casa, Edith se frota la frente… luce preocupada. Ha sido amenazada de múltiples formas y en repetidas ocasiones, sin embargo en el terreno es ligera y arrojada.

De nuevo la minería

En Miraflores hay mucho oro. Mucho. Suficiente para hacer explotación subterránea y a cielo abierto. Rafael Mateus es abogado del Proyecto Minero Miraflores, lleva botas de seguridad industrial y camisa con reflectores. Es el hombre encargado de la reputación social de la empresa Seafield Resurces, el que debe hacer que la inversión se haga sin impedimentos jurídicos con las comunidades. Para muchos es la antítesis de Edith.

Fue a principios del 2013 que Seafield descubrió que la veta de oro en Miraflores era de forma cilíndrica, se extiende desde la superficie hacia abajo a más de 600 metros de profundidad y gira hacia el suroeste donde se ensancha: un lingote de oro del tamaño de un barrio popular.

Edith, que comenzó una década atrás una determinada oposición a los proyectos mineros, asegura que estos afectarán su territorio en proporciones irreversibles. Dicen los mismos datos de Seafield, propietaria de la inversión principal en Miraflores, que en el futuro cercano se extraerían aproximadamente 0.78 gramos de oro por cada tonelada de roca y tierra; en proporciones entendibles hablamos de una vaca por cada media sortija de compromiso. Los detalles se pueden leer en el comunicado de prensa de la compañía fechado el 2 de abril de 2013.

El proyecto comprende el Cinturón Medio del Cauca y alberga dos depósitos de oro: Marmato, con 12,4 millones de onzas de oro, y Gran Colombia y La Colosa con 16,27 millones de onzas de oro de la firma AngloGold Ashanti. Ambos proyectos aparecen en la lista de 117 conflictos ambientales activos en Colombia a enero de 2017 que ha desarrollado el centro de estudios Cinara, de la Universidad del Valle.

A toda esta zona se la conoce como La Colosa Regional, cuyos núcleos de explotación estarían en el municipio de Cajamarca y Quinchía, justo donde se encuentran asentados buena parte de los Karambá que fueron reconocidos en 2007 por el Estado colombiano como parcialidad indígena, pero sin asignación de territorio. El mismo Estado que les quitó el resguardo en 1948 a estas 1.051 familias (4.775 personas, según la Gobernación) para entregar sus tierras a colonos. A esa ‘desventaja’ legal, que la empresa ha sabido utilizar, Edith antepone el artículo 246 de la Constitución Política que dice que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial”.

Edith se ha tomado tan en serio la representación de los Embera que ha logrado retrasar las actividades de exploración y explotación. Dice que no se puede cansar, que cada día que llega a su casa sana y salva es un día de lucha ganada. Todas las mañanas se levanta temprano y le da gracias a la vida, hace los deberes en la finca, su familia le ayuda. La pelea contra las mineras extenúa y el miedo a los violentos agobia. Tras las actividades de exploración están varias empresas, entre ellas Batero Gold, Seafield y Anglo Gold Ashanti, que comenzó el año pasado exploración minera en Quinchía.

Las recientes amenazas contra Edith llegan en medio de una oleada de la muerte a líderes sociales. Ha denunciado la circulación de panfletos de limpieza social con nombres de jóvenes delincuentes.  Es, según ella, una forma de ganarse la legitimidad de la gente del pueblo. Una visión de mundo. Cuando se le pregunta a ella si prefiere reservar su identidad para efectos de esta historia dice que no, que “el anonimato mata más”.