La tumba de la discordia

Una tumba de piedras planas. Aproximadamente un metro y medio de largo por uno de ancho. Los que la hicieron tuvieron la delicadeza de elaborar lajas de roca y clavarlas alrededor del cuerpo, en forma de bóveda. Adentro, trozos de cerámicas esparcidos entre el barro y lo que algún día fueron restos humanos. El antropólogo Jorge Zuluaga y dos estudiantes con casco de obrero desarman las piezas de la tumba, mientras, afuera, un Escuadrón Móvil Antidisturbios, tan grande como para contener barristas de fútbol enfurecidos, custodia lo que parece ser la tosca exhumación de un cuerpo enterrado hace 2.500 años.

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La madrugada de este 3 de mayo de 2017 en el Vereda Volcanes, Risaralda, Carolina Arboleda escuchó un ruido afuera de su casa. Cuando abrió la puerta se encontró con cuatro patrullas de policías, unos cuarenta agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios y, para completar, unos cincuenta soldados del Ejército Nacional. Adentro sus hijos se terminaban de alistar para ir al colegio. Carolina les preguntó a los agentes el motivo de su presencia pero solo le contestaron que harían una operación en una finca vecina, no en la suya. Ella sospechó que los agentes venían a retirar los restos de la bóveda indígena que unos operarios de la Empresa de Energía de Bogotá habían descubierto por accidente, un año atrás, en su propia finca mientras hacían las adecuaciones para instalar la torre eléctrica número 61.

Hace un año, cuando los obreros descubrieron los restos, la primera promesa que se hicieron fue la de guardar silencio. No decirle nada a nadie. Días después uno de ellos soltó la lengua y en Volcanes se supo que la empresa había descubierto material arqueológico de suma importancia, “un tesoro”. Para entonces ya las cosas entre la empresa bogotana y la gente no estaban bien. La idea de una torre de más de cincuenta metros de altura con tanta energía como para alimentar cincuenta pueblos enteros no ha sido muy popular por estas tierras pues, además de sus impactos, devaluaría el precio de las fincas. De hecho, el conflicto se remonta años atrás y compromete a la gente de Volcanes, comunidades de los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira y Filandia en el departamento del Quindío, donde se instalaron otra fila de torres en predios de pequeños campesinos y áreas ambientalmente protegidas. “Todo lo han hecho a las patadas” se dijo así misma Carolina, mientras cerraba la puerta y salía con sus hijos para el colegio.

La noticia del aquel descubrimiento fue toda una alegría para ella, pero también para Pablo, Nelson, María, Oscar, Diego, Guillermo, James y otros habitantes que se han sentido pisoteados por el proyecto que pretende instalar 83 torres eléctricas en el corazón del Eje Cafetero.

Luego de una formación de protocolo los agentes se fueron directo hacia la tumba. Para ese momento ya Carolina había llamado a su abogado Hernán Cortés y a algunos campesinos de la zona. A eso de las diez de la mañana ella regresó y encontró una montonera de militares armados por toda su propiedad más un cinturón de policías bordeando la tumba. Carolina se lanzó a buscar al inspector de la Policía Juan Carlos Meza, responsable de la acción. “Quería ver la autorización escrita para hacer lo que estaban haciendo”. En la tumba le dijeron a ella que él se encontraba cerca de la carretera, cerca de la carretera le dijeron que ya estaba más arriba, más arriba le dijeron que había bajado a la tumba, de nuevo en la tumba le aseguraron que el Inspector la estaba esperando en la estación cercana de San José, sintió a sus espaldas “risitas”; en la estación de San José le dijeron que él no estaba, que lo buscara más tarde, que estaba en un operativo para mover unas tumbas en una finca de por ahí cerquita.

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Sábado 4 de marzo 2017. Un grupo de jóvenes, profesores universitarios y líderes locales se reunieron para limpiar y excavar los alrededores del material arqueológico. Buscaban adecuar la tumba para una idea que se les había ocurrido de repente: hacer de estas tierras un “museo al aire libre”. Con el descubrimiento, la empresa paró obras y la tumba quedó a la intemperie y empozada con agua lluvia. Los líderes tenían en mente el artículo el 95 de la Constitución Política que obliga a todo ciudadano colombiano a velar por la protección del patrimonio cultural. Con el cuidado del caso, clavan guaduas a los extremos del entierro y levantan un techo improvisado para cuidar los vestigios de la lluvia y el sol. Oscar Naranjo, un habitante de la zona, comprendió que para hacerle frente a los atropellos, que según él ha generado el proyecto sobre el medio ambiente y su comunidad, era necesario que todos se apropiaran del territorio y la tumba era el pretexto perfecto para eso. “Entonces, con ayuda de la Defensoría del Pueblo, dice Oscar, redactamos una acción popular para solicitar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) un estudio para determinar el potencial arqueológico del lugar”, de reuniones, foros y alegatos “quedó el acuerdo de que las partes debían esperar los resultados del estudio antes de continuar con las obras”, afirma Nelson, otro habitante de Volcanes.

A un lado de las excavaciones un grupo de mujeres campesinas cocinan frijoles para los que han venido a ayudar. El asunto se volvió de interés comunitario. “Solo imagínenlo”, decía alguien, un museo indígena para atraer a los turistas y venderles la estadía, los productos locales, mostrarles las aves, llevarlos a caminar, y un largo etcétera que entra bien en el artículo 333 de la Carta Magna, ya que favorece, según la Unesco, la gestión de iniciativas económica en relación al patrimonio cultural.

En todas estas montañas se han encontrado vestigios antiguos, pero pocas veces algo como esto. Oscar y Diego creen que no es una simple tumba sino un cementerio completo en el que dormita una sociedad precolombina de la que solo se sabe que eran fieles al sagú, al yacón y que ponían esmero en el entierro de sus muertos. Evidentemente. Se dice también, en medio del trabajo, que buena parte del territorio cafetero fue su morada, y que, además, pudieron dar originen una cultura indígena llamada Quimbaya, de la que la mayoría de colombianos solo han escuchado que su tesoro está en un Museo en España.

Cuando la empresa se enteró de que la gente quería recuperar los restos por sus propios medios (haciendo canales de escorrentía y cubriendola del sol) entabló una medida cautelar ante la Fiscalía por profanación al patrimonio cultural de la nación, amenazando judicializar a los que siguieran trabajando en el lugar. Nadie volvió más.

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El 3 de mayo, Carolina regresó a su finca con los ánimos crispados y grabó lo que para ella era una operación irregular orquestada por la Empresa de Energía de Bogotá. “Quieren borrar la resistencia al proyecto que ha generado el hallazgo de la tumba”; “el ICANH ya autorizó el traslado de las piezas”, dijo desde atrás el inspector que salió de algún lugar. Carolina le preguntó el nombre al antropólogo que realizaba el retiro de las lajas de piedra y si era de esta institución. El hombre no contestó, luego supo que se llamaba Jorge Zuluaga y que trabajaba para le empresa. “No hubo nadie del ICANH acá, esto lo hizo la policía y la empresa”, aseguró ella. En efecto la empresa confirmó para este reportaje que se comunicaron con el ICANH pero la entidad no delegó a nadie para supervisar el retiro del material. También dijo que “unos empleados (suyos) habían sido intimidados por la comunidad” y que por eso tanto despliegue de fuerza pública para algo se pudo haber arreglado de otra forma. En un comunicado emitido un día después de la publicación inicial de este reportaje, el Grupo Energía de Bogotá (GEB) especificó que «de acuerdo con lo dispuesto en el oficio numero 5605 ICANH 111-No Rad 5130 del 23 de noviembre de 2016 y la autorización o licencia de intervención arqueológica No 3740 del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), las Tumbas que hacen parte del hallazgo, fueron rescatadas bajo un Plan de Manejo Arqueológico y la vigilancia de la autoridad pública como parte del proceso de garantía de su preservación».

Una a una se extrajo las piedras hasta que sobre el suelo ya no se vio nada más, Zuluaga empacó con ayuda de sus monitores las lajas en costales y las subieron a un vehículo, para ese momento el murmullo de la gente había cambiado como si estuvieran presenciando el entierro de un difunto.

La empresa asegura que lo «rescatado» estuvo esa noche en custodia en la Policía y que al día siguiente (4 de mayo) se procedió a limpiar y clasificar los restos de las dos «tumbas de Cancel»  y anuncia que a partir del 17 de mayo «serán ubicadas en una urna con vidrios de seguridad que actualmente está ubicada sobre el costado izquierdo de la entrada al Palacio Municipal de Santa Rosa de Cabal y donde estarán debidamente preservadas convirtiéndose en un atractivo turístico y académico de interés general para el municipio».

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Cuando el 3 de mayo Oscar salió de casa y vio semejante despliegue de poderío militar pensó que había matado a alguien de forma atípica, o, quizá, que había allanado la propiedad de algún narco, lo cual no tenía mucho sentido porque acá solo hay campesinos y gente común y corriente. Para los residentes de Volcanes, en un país lleno de mafias impunes y públicas, un despliegue de esa magnitud les enviaba un mensaje claro: “primero las torres”. Dice la empresa que ese día lo único que querían era cumplir la orden de ICANH, la de “retirar el material y llevarlo a la Alcaldía municipal de Santa Rosa, donde lo pondrían dentro de una vitrina de vidrio para el goce efectivo de la comunidad”.