Chocó: 30 años de lucha por las mismas necesidades

La mañana del martes 26 de mayo de 1987 se daba inicio al paro cívico departamental del Chocó, convocado por miembros de la sociedad civil cansados del abandono estatal y el atraso sistemático al cual ‘era’ sometido el departamento. En aquella ocasión y liderados por Marco Tobías Cuesta, concejal de Quibdó para la época, miles de chocoanos salieron a las calles a protestar por los manejos administrativos que se le daban a los recursos del Chocó, por un acueducto para Quibdó, por la falta de hospitales y centros de salud en los municipios, por el mal estado de las vías, por el puente de Yuto (municipio del Atrato) necesario para conectar al centro del departamento con Risaralda, por la vía al mar (entre los municipios de Ánimas y Nuquí), por la sede de la Universidad Tecnológica Del Chocó, entre otras necesidades.

Las reclamaciones actuales de departamento del Chocó en el paro cívico adelantado durante los últimos 17 días difieren muy poco de aquellas de 1987. El pliego de peticiones da prioridad a las mismas necesidades: vías de acceso, salud, educación, autonomía y saneamiento básico.

“En enero de 1987 comenzamos a preparar el paro”, comenta Marco Tobías Cuesta, líder de aquella protesta, “todo comenzó con una marcha con más de 10.000 personas por las calles de Quibdó el 26 de mayo”. Los primeros compases de la protesta transcurrieron de forma pacífica, los manifestantes recorrieron las calles de Quibdó hasta instalarse en el Parque Centenario, lugar en el cual se realizó un cabildo abierto en el que se realizaron manifestaciones culturales propias del pueblo chocoano, tales como, danzas y chirimía, acompañado de poesía, prosas y arengas. Tres décadas después ,el modo de protesta del pueblo chocoano es un legado de su pasado.

El segundo día de protesta, el miércoles 27 de Mayo de 1987, estaría marcado por las declaraciones de la gobernadora del Chocó, Eva María Álvarez de Collazos, quien manifestó a un medio nacional que “el paro es una revuelta de negros con tinte folclórico, entrevista que caldeó los ánimos y terminó transformando la protesta en una lucha con la policía”, recuerda Jhon Fernando Valencia, actual concejal de Quibdó.

Trescientos noventa meses después las declaraciones vuelven a caldear los ánimos de los chocoanos, esta vez no fueron las declaraciones de un mandatario, sino de un comerciante, quien no dudó en realizar comentarios racistas a través de su perfil en Facebook los cuales sirvieron de combustible para la indignación de un pueblo, que rápidamente la emprendió contra el gremio de comerciantes acusándolos de torpedear la construcción de las vías hacia Antioquia y Risaralda, evitando asi la llegada de nuevos oferentes de servicios.

Las declaraciones de la gobernadora Álvarez de Collazos, recuerda el arquitecto Douglas Cujar, dispararon la rabia. “Los ánimos se caldearon, el pueblo se sintió burlado y arremetió contra las entidades nacionales que habían en Quibdó, de hecho, se intentó incendiar el banco agrario con una bomba molotov”.

Para 1987 la Policía Nacional no contaba con un Escuadrón Móvil Anti Disturbios –ESMAD- por lo cual fueron los mismo agentes de policía de a pie los encargados de reprimir las protestas con gases lacrimógenos, balas de salva e incluso con la utilización de balas normales, las cuales segaron la vida de un joven de 23 años. “Hamlet Bechara no estaba en la protesta, él venía de jugar baloncesto cuando el capitán le disparó directamente a él, ese hecho nos abrió los ojos y nos hizo saber que teníamos que ir con todo porque nos estaban matando”, relata Jhon Fernando Valencia.

Después de dos días de revuelta, el presidente de la república para 1987, Virgilio Barco, decidió enviar a Carlos Ossa Escobar, consejero presidencial para la paz, para adelantar las negociaciones en el Chocó. Ossa Escobar fue recibido con “pancartas y banderas panameñas alusivas a la intención del pueblo de adherirse al vecino país si el presidente no prestaba atención a las reclamaciones del pueblo”, recuerda Cujar.

Imagen tomada por un vecino este 25 de mayo en Juradó.

Como si se tratase de un deja vu, el pueblo chocano repite las acciones del pasado. La mañana de este jueves 25 de mayo de 2017 las paredes de las casas y establecimientos oficiales del municipio de Juradó (frontera con Panamá) amanecían marcadas con banderas istmeñas y horas más tarde, el pueblo saldría a protestar cargando consigo una bandera del vecino país de casi dos metros de largo por metro y medio de ancho.

Al día siguiente de la llegada de Ossa Escobar a Quibdó, se suscribiría el documento denominado «Pacto Social entre Colombia y el Chocó» en el cual se plantearían las necesidades del departamento; necesidades que a día de hoy persisten y que son las que mantienen al pueblo del Chocó 30 años después protestando por los mismos requerimientos.

Con aquel acuerdo de 1987 se realizaron las siguientes obras: en educación, La Ciudadela Universitaria y el edificio del Sena; en vías, El Puente de Yuto, puentes militares en Condoto y Río Iró (proyectados a ser reemplazados en 10 años, pero que hoy día siguen en funcionamiento) e Inicio de la vía al mar (detenida a menos de 80 kilómetros de culminar su recorrido); en infraestructura aeroportuaria, la pista de Pizarro – Bajo Baudo (que no cuenta con la longitud necesaria para vuelos de aerolíneas comerciales, ni sistema de radio control); en saneamiento básico, inversión de 28 millones de pesos de la época en el acueducto de Quibdó; y en telecomunicaciones, instalación de líneas telefónicas.

Siete periodos presidenciales han transcurridos desde aquel 26 de mayo de 1987, 5 presidentes diferentes han pasado por la casa de Nariño (un risaraldense, tres bogotanos y un antioqueño) y 30 años después, el departamento del Chocó no cuenta con un hospital de tercer nivel que conste de las instalaciones, el personal y el musculo económico para operar; no posee vías de acceso pavimentadas hacia el interior del país; la capital del departamento cuenta con una cobertura de acueducto inferior al 40% en su casco urbano; el alcantarillado de Quibdó es inferior al 20% y no posee planta de tratamiento para aguas residuales. Y aunque el gobierno nacional reconoce que en el caso del Chocó las intervenciones no han tenido éxito, se rehúsa a dejar en manos de los chocoanos la Educación en el departamento.