El Chocó abre la vía a Quito para la sociedad civil

El acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y temporal entre las fuerzas del Estado y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) abre más de una vereda en las negociaciones de paz de Quito. El ELN insistió desde hace meses en la necesidad de este acuerdo y en la oportunidad simbólica que suponía la visita del máximo líder de la iglesia católica, el Papa Francisco, para lograrlo. El guión se ha cumplido y este lunes 4 de septiembre la Colombia política escuchó con alegría contenida el anuncio hecho por las partes.

El acuerdo llega después de tres ciclos de diálogos, muchas tensiones y desconfianzas acumuladas, y el mal ejemplo de los compromisos incumplidos por varias instituciones del Estado de lo pactado en La Habana con las FARC. Pero también llega como fruto de un intenso trabajo de la sociedad civil, apoyando y exigiendo el cese al fuego, y de las gestiones silenciosas aunque públicas (pero con poca atención mediática) de pueblos enteros, como el chocoano, que sentó, primero, a los gestores de paz del ELN en Colombia; después, a los organismos internacionales, y, finalmente, viajó a Quito el 31 de agosto para ponerle realidad civil a unos diálogos que, hasta ahora, no habían destrabado la participación ciudadana.

“Desde esa reunión, como dijeron las partes, se dio un último empujón a los negociadores para llegar al acuerdo del cese al fuego y de hostilidades”, confiesa Jesús Alfonso Flórez, de la Corporación PACIPAZ. El académico, participante en la reunión del día 31, cree “que esta fase que empieza con el cese bilateral, de participación de la sociedad civil, puede acrecentar la confianza en el proceso y sobre todo que genere la conciencia entre las partes de que deben aumentar sus compromisos con la sociedad”.

Pablo Beltrán firma el acuerdo de cese al fuego y de hostilidades.

Cuando las víctimas exigen respeto

El Chocó lleva trabajando desde el 25 de abril de 2017 en una propuesta de Acuerdo Humanitario ante la intensificación de la guerra en diversas zonas de los ríos Atrato y San Juan. Reuniones a puerta cerrada, foros, una intensa gestión hasta que el 18 de agosto se presentó en Quibdó la propuesta de Acuerdo Humanitario Ya que especificaba las “exigencias humanitarias de la sociedad civil como son el cese al fuego bilateral, el desmonte de estructural de los grupos armados ilegales, el respeto a la autonomía territorial, al derecho propio de las comunidades y a los lugares sagrados; desminado; la permanencia de ambas partes en la mesa de negociación hasta lograr una solución política al conflicto, no militar; la terminación del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; el fin de la violencia contra las mujeres y la comunidad LGTBI; el cese de los asesinatos, las desapariciones forzadas, los desplazamientos, los confinamientos o la restricción de la libre movilidad, y el cese de siembra de cultivos de uso ilícito y prácticas de minería”. Los reclamos del Chocó tienen asiento en la realidad. De hecho, el propio ELN reconocía que en un enfrentamiento con paramilitares el pasado 22 de agosto en Riosucio, murió la indígena Ana María Mepaquito, de 22 años, aunque responsabilizaban del hecho a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.Confinamientos, desplazamientos masivos y hostigamiento a líderes sociales son la consecuencia de los choques entre ejército, guerrilla y paramilitares en uno de los departamentos más azotados por la guerra.

El Acuerdo Humanitario propuesto por las víctimas a las partes sentadas en Quito y que fue presentado el 31 de agosto en la mesa de negociación propone un seguimiento y verificación por parte de la Misión de la OEA en Colombia (MAPP-OEA), Naciones Unidas y otras organizaciones e instituciones con presencia en el territorio. La delegación chocoana, conformada por una amplia diversidad de organizaciones indígenas, afro, interétnicas o de mujeres, fue la primera en ser recibida en Quito y el diálogo que mantuvieron con los negociadores del Gobierno y del ELN ha abierto la puerta a que la sociedad civil pueda participar de forma orgánica en el proceso de Quito.

El acuerdo de cese al fuego y de las hostilidades, que será efectivo a partir del 1 de octubre hasta el 12 de enero, incluye el compromiso del Gobierno a abrir en el cuarto ciclo de negociaciones (que arranca el 23 de octubre) a permitir las audiencias con la sociedad civil que figuran en el punto 1 de la agenda y que, hasta ahora, había bloqueado. Hay otros puntos importantes en el acuerdo conocido ayer que inciden en la población. Uno es el no reclutamiento de menores por parte del ELN así como el compromiso a no poner artefactos explosivos que puedan “poner en peligro la integridad de la población civil”.

Otros puntos clave están en la lista de compromisos del Gobierno Nacional, que se ha comprometido a “reforzar el llamado sistema de alertas tempranas” y a desjudicializar diversas formas de protesta social. De hecho, este martes, la Defensoría del Pueblo ha hecho énfasis en el punto de las alertas tempranas como mecanismo de protección de líderes sociales y comunidades que, hasta ahora, ha funcionado con muchas carencias. La Defensoría “mantiene su compromiso frente a una nueva reglamentación del Sistema de Alertas Tempranas que asegure su fortalecimiento en dos vías: la autonomía plena en la emisión de las Alertas Tempranas y los recursos suficientes para intensificar el monitoreo en las regiones de más alto riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”. Naciones Unidas, destacaba, por su parte, que “el objetivo principal de este acuerdo [de cese al fuego y de hostilidades] es mejorar la situación humanitaria de la población”.

Políticos como Iván Cepeda, Sergio Fajardo o Humberto de la Calle celebraban públicamente el acuerdo. Sin embargo, la desconfianza entre instituciones y desde la institucionalidad hacia el ELN sigue siendo evidente. 24 horas después de acordarse el cese al fuego las declaraciones no ayudaban a enfriar la guerra. El negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, ponía en voz de la delegación del Chocó algo que esta no ha dicho. “La semana pasada tuvimos en Quito como una especie de prólogo de ese acuerdo. Tuvimos víctimas que están preocupadas porque el ELN en el departamento del Chocó se ha convertido en una caldera del diablo. Y pidieron que se acreditara un representante de los miembros del ELN del Chocó en la mesa”, aseguraba Restrepo en una entrevista con La W. El ex presidente Álvaro Uribe escribía que lucha “sin tregua contra el engaño oficial que va conduciendo a ser otro satélite castrista”; el muy uribista Iván Duque quitaba valor al acuerdo: “El ELN debe concentrarse y dar por terminado todas sus actividades criminales. Un cese al fuego sin esos elementos es premiar su violencia”, y la periodista española cercana a los sectores más radicalizados del país recibía el acuerdo con este tuit: “Lo que tiene que hacer el ELN es dejar de amargar la vida de los colombianos para siempre. Son una mano de criminales sin causa ni pueblo”.

Desde el ELN, su jefe negociador en Quito manifestaba, en un tono muy diferente, que espera que “este acuerdo ayude a aliviar el ambiente de polarización que algunos en Colombia quieren incentivar”.

El 1 de octubre comienza una oportunidad que desde la sociedad civil se espera y se alimenta.