¿Qué deben verificar los verificadores?
El reloj corre especialmente rápido para el histórico, aunque temporal, cese al fuego bilateral firmado entre Gobierno y Ejército de Liberación Nacional (ELN). El parón en las acciones hostiles entre ambos, que comenzó el 1 de octubre, sólo llega, de momento, hasta el 9 de enero y esos tres meses con ñapa deben servir para ensanchar el pequeño clima de confianza entre las delegaciones que negocian en Quito (Ecuador) y, ante todo, para mejorar la situación humanitaria de la población civil. Esos son los objetivos de un acuerdo que, suscrito el pasado 4 de septiembre, incluía más compromisos para cada aparte -además del de cesar las acciones militares hostiles-: el ELN no hará secuestros, no utilizará minas antipersona, no atacará infraestructuras –incluidos oleoductos-, ni reclutará a menores bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario; el Gobierno se comprometió a fortalecer el sistema de alertas tempranas para proteger a líderes sociales y comunidades, a desjudicializar algunos tipos de protesta social, a emprender un programa humanitario con 45 guerrilleros del ELN encarcelados, y a iniciar las audiencias con la sociedad civil en Quito.
Poco tiempo para tantos anhelos y algunos atrasos en medio de una crisis de violencia ‘oficial’ que ha reventado en Tumaco pero que ha tenido otras réplicas. El Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V) del cese al fuego bilateral se anunció el miércoles 11 de octubre. Coordinado por la Misión de la ONU en Colombia –que vio ampliadas sus funciones por el Consejo de Seguridad el pasado 5 de octubre-, el mecanismo incluye a tres representantes del Gobierno, tres del ELN, uno de la Conferencia Episcopal y una observadora civil suiza.
Ese mismo miércoles, la Delegación en Quito del equipo negociador del ELN sacaba un comunicado público dirigido a las organizaciones sociales que se han ofrecido para realizar una “veeduría social, autónoma e independiente”, alertando de cómo si siguen produciéndose hechos contra las comunidades como los ocurridos a principio de octubre en el país “se pondrá en grave peligro” el cese al fuego. “Se han presentado graves situaciones humanitarias, que se convierten en una ofensa al espíritu y la letra del cese en lo concerniente a ‘mejorar la situación humanitaria de la población”, alertan los negociadores del ELN quienes recuerdan la masacre de campesinos e indígenas de Tumaco, cometida presuntamente por la policía antinarcóticos, y los asesinatos de tres líderes en Cauca (la comunicadora indígena Efigenia Vásquez), Guaviare (Jimmy Medina, miembro de una JAC) y Ezequiel Manyoma.
También había alertado el pasado 5 de octubre del precario inicio del cese al fuego el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, que opera en el Chocó. Este frente, uno de los más activos de la guerrilla denunciaba que el Ejército había aprovechado el inicio del cese para transportar más tropas a las zonas de influencia elenas en el Río San Juan, que había agredido a población civil no combatiente y que asediaban a comisiones del ELN en el Valle del Cauca. “Nos sentimos asediados y agredidos por las FFMM, lo que genera un ambiente adverso para el Cese al Fuego Bilateral y temporal”. Cuatro días después, el lunes 9, el mismo Frente de Guerra aseguraba que el inicio de la verificación de Naciones Unidas el día 5 de octubre había rebajado la tensión y las acciones militares y que tras la masacre de Tumaco el Ejército se había moderado en la zona de acción del Omar Gómez.
El MV&V es clave para que el cese al fuego tenga una posibilidad en las 33 zonas acordadas en las que operarán sendos equipos de veedores. La novedad en este mecanismo es la entrada de 21 pastorales sociales de la iglesia católica como vigilantes de un cese al fuego en zonas de conflicto donde opera el ELN. Iglesia y funcionarios internacionales deberán velar no sólo porque no haya hostilidades, sino porque ELN y Gobierno respondan las otras partes de paréntesis en la guerra. Si el MV&V no lo hace, lo tendrá que asumir la sociedad civil.
De hecho, departamentos enteros, como el Chocó, esperan que el cese al fuego signifique un impulso al Acuerdo Humanitario que las organizaciones étnicas y civiles del departamento llevan impulsando desde hace meses, y hay esperanza de que otros acuerdos similares puedan prosperar en zonas con una situación crítica de guerra territorial, como Arauca. De hecho, en un informe de Indepaz sobre acciones del ELN en el primer semestre de 2017 (302), muestra que la mayoría se concentran en Arauca (con 57 acciones), Chocó (con 53) y Norte de Santander (con 45).
Veeduría independiente
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, presumía en Twitter este miércoles 11 de octubre de que el primer tramo de este cese al fuego había sido un éxito porque “no hay registro de incidentes”. Obviamente, Santos se refería a “incidentes” por parte del ELN. El Equipo de la Gestoría de Paz del ELN en Colombia publicaba un trino muy diferente dos días antes: “-Hechos de afectación a población x ELN= O -Hechos de afectación a población x Estado = 7 asesinatos”.
Semana 1 de Cese al Fuego Bilateral:
-Hechos de afectación a población x ELN= O
-Hechos de afectación a población x Estado= 7 asesinatos pic.twitter.com/vsecUImH9f
— GestoriaPazELN (@GestoriaPaz_ELN) 9 de octubre de 2017
Quizá por esa visión sesgada de Santos (y de la mayoría de medios masivos), el ELN confía en la veeduría social antes que en otros mecanismos. En una carta pública remitida a las organizaciones que se han ofrecido, los negociadores en Quito las instaban a coordinarse y apoyarse con el MV&V pero a mantener su “autonomía e independencia”. Las organizaciones a las que se dirigía el ELN firmaron un documento el pasado 27 de septiembre en el que expresaban “voluntad y decisión de apoyar y/o acompañar el proceso de cese al fuego bilateral y promover la concreción de acciones y dinámicas humanitarias, a fin de coadyuvar a que éste se ejecute con éxito, partiendo de la necesidad de garantizar la protección de la población civil evitando que se presenten acciones que afecten su bienestar, su integridad física y sicológica, sus territorios y su autonomía”. Entre los firmantes estaban la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, el CINEP, la Casa de la Mujer, la internacional WOLA o Marcha Patriótica.
Esta es una de las claves de los ya escasos tres meses que hay por delante: articular la participación de la sociedad civil en el proceso… no sólo en la veeduría del cese al fuego. El acuerdo firmado por el ELN y el Gobierno debe suponer que arranquen las audiencias abiertas a la sociedad civil con la Mesa de Quito, punto uno de la agenda de negociación entre gobierno y guerrilla y una de las principales diferencias con el largo proceso de negociación entre el Estado y las FARC en La Habana. De hecho, este viernes 13 de octubre, las delegaciones de Gobierno y ELN en Quito anunciaron que las audiencias previas con la sociedad civil para determinar la metodología de participación en las negociaciones se realizarán en Colombia entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre.
También será clave monitorear si el Gobierno da señales positivas en dos aspectos muy sensibles en este momento del proceso de implementación de los acuerdos con las FARC y que están contemplados en el cese al fuego bilateral y temporal con el ELN. Uno es la mejora de la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. El último informe conjunto de las grandes organizaciones de derechos humanos en el país (CINEP, Indepaz, Comisión Colombiana de Juristas…) muestra un aumento de los riesgos para estas personas en 2016 y, especialmente, en 2017. Aumentan los asesinatos, los atentados, las amenazas… y, como se indica en el informe, hay un “negacionismo” por parte de las instituciones del Estado, que insiste en mostrar estas muertes como casos aislados.
El segundo punto contemplado en el cese al fuego es el de dar “pronta y cumplida aplicación a la ley que recientemente desjudicializó varios tipos de protesta social”. Este compromiso está formulado de forma vaga y no se sabe aún cómo se va a traducir. Como buena parte de la agenda legislativa relacionada con el Acuerdo final de Paz, desde mayo de 2017 está empantanado el Proyecto de Ley estatutaria de garantías para la participación de organizaciones y movimientos sociales y para la movilización y la protesta social, contemplado en el marco de la implementación (puntos 2.2.1 y 2.2.2.). El 14 de septiembre pasado se realizó una audiencia pública en el Senado sobre el proyecto y las organizaciones civiles en el país están presionando para que la ley resultante tome distancia de la Doctrina de Seguridad Nacional imperante en el país y que identifica protesta con “enemigos”. De hecho, la Ley 1453 del 24 de junio del 2011, aprobada en el primer mandato de Santos, conocida como de “seguridad ciudadana”, reformó el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, y, según explica el investigador Edwin Cruz, “mantiene una perspectiva puramente represiva de la protesta social. La ley penaliza distintos repertorios de protesta, principalmente las ocupaciones y los bloqueos de vías públicas, sin que en la mayoría de los casos exista una precisa determinación de las conductas punibles, ni mucho menos condicionantes de modo, tiempo y lugar”.
El seguimiento de lo acuerdos firmados el 4 de septiembre por Gobierno y ELN que no tiene que ver de forma directa con el silencio de los fusiles estará más en manos de la sociedad civil que del MV&V. El reloj avanza.
