Amnistía exige que se cumpla con las víctimas y con los pueblos étnicos

El Chocó “es un departamento que sufre un continuum de violaciones a los derechos humanos. Este continuum de violencia se refuerza por la débil acción estatal para asegurar protección a las comunidades que aún enfrentan las consecuencias del conflicto armado en sus territorios, tras la firma del Acuerdo de Paz”.

Amnistía Internacional (AI) ha estado en el terreno y sus conclusiones no son positivas. La acción del Estado en los territorios sólo se traduce en presencia militar y hay una revictimización de las víctimas del conflicto en un departamento acostumbrado a la “exclusión, olvido e invisibilidad” por parte de una Colombia oficial que sigue sin llegar a la Colombia real.

«La implementación territorial aún no ha avanzado lo suficiente, lo que ha generado un contexto proclive a la repetición de la historia de muerte y desolación que describen las víctimas del conflicto armado»

El informe, que fue entregado al presidente, Juan Manuel Santos, esta semana, indica que, “a pesar de la firma del Acuerdo de Paz, persisten casos de desplazamientos forzados colectivos, muertos o heridos con minas antipersonal y asesinatos selectivos que han ocurrido tras la salida de las FARC del territorio y como consecuencia de la fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento, y el reacomodo de estructuras paramilitares”.

AI exige al gobierno que tome las medidas para desmontar las estructuras paramilitares que actúan en el departamento y advierte que “la implementación territorial del Acuerdo de Paz debe avanzar de manera urgente, especialmente en lo relativo al Punto Cinco, al ser los derechos de las víctimas del conflicto armado el núcleo esencial para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera, con garantías de no repetición. A la vez, se debe implementar lo acordado en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, como forma de reconocer las vulneraciones diferenciales de derechos humanos de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes, y en reconocimiento de sus derechos colectivos”. Hace unos días, uno de los miembros del Comité de Víctimas de Bojayá, uno de los casos que ha estudiado Amnistía, pedía al Congreso que haga norma el Capítulo Étnico, hasta ahora ignorado en la implementación de los acuerdos, según denunciaba Leyner Palacios.

La falta de acción del Estado y la no priorización de los compromisos del Acuerdo Final que tiene que ver con las víctimas ya tiene repercusiones: “La implementación territorial aún no ha avanzado lo suficiente, lo que ha generado un contexto proclive a la repetición de la historia de muerte y desolación que describen las víctimas del conflicto armado. Por lo que es necesario evidenciar que el conflicto armado ha recrudecido en algunas zonas del país como consecuencia de la reconfiguración de actores armados. Esto ha causado revictimización, violaciones de derechos humanos y temor por el cumplimiento lento del Acuerdo de Paz a nivel territorial”, señala Amnistía en su informe ‘Continúan los años de soledad. Acuerdo de paz y garantías de no repetición en el Chocó’.

Descarga el informe de AI completo

Los investigadores de la organización de derechos humanos señalan que desde la firma del Acuerdo, ahora hace un año, el desplazamiento forzado ha sido el efecto más grave de la disputa territorial que se ha dado en el departamento tras la salida de las FARC. Amnistía recuerda que, según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas fueron víctimas de desplazamientos colectivos en el Chocó. A octubre de 2017 reportaron 27 eventos de desplazamiento, de los cuales, 3.115 personas afrodescendientes y 2.955 indígenas han sido víctimas”. Y cree que en realidad los datos son incompletos. En las entrevistas con organizaciones etnicoterritoriales en Quibdó, ya que los investigadores no han podido entrar a todos los municipios por razones de seguridad, han registrado multitud de desplazamientos colectivos “que se han dado en zonas aledañas a las zonas de enfrentamientos, en las cuales las comunidades deciden desplazarse entre veredas y retornar, sin contar con ningún apoyo institucional y que, por lo tanto, no quedan reportadas en el Registro Único de Víctimas (RUV)”.

El informe también recoge la preocupación por el reclutamiento forzado de menores por parte de paramilitares y del ELN, y advierte sobre los riesgo de que, “en este contexto de reacomodo de actores armados, se presenten casos de violencia de género, en particular, violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas y afrodescendientes”.

Ante todos estos riesgos, según el informe, el Estado no responde o niega la evidencia –como la existencia de paramilitarismo-. “A pesar de las constantes alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y diferentes organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, el Estado aún no ha logrado contener el recrudecimiento del conflicto armado en esta zona del país”. El testimonio de un asesor de la Gobernación del Chocó recogido en el informe lo dice casi todo: “El Estado colombiano no estaba preparado para la magnitud del fenómeno del desplazamiento (…), a veces tenemos energías hasta de sobra para criticar, pero cuando llegamos a la realidad del terreno, efectivamente nos damos cuenta [de] que muchas cosas no se han hecho, no porque no lo hayan intentado sino por lo superlativo que es ese reto”. Un miembro de la Unidad Nacional de Protección lo confirma: “La realidad nos está superando como Estado”.

Todd Howland, el responsable de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, decía hoy en un foro que “el informe de Amnistía Internacional coloca nuevamente a las Víctimas en el centro del Acuerdo de Paz”. Pero ahora habrá que esperar si el Estado toma nota y resitúa su agenda de prioridades.