El arzobispo de Cali insta al Gobierno a «no devolver la piedra» al ELN

Llevábamos semanas de tensión. De mucha tensión. Mientras la sociedad civil pedía al Gobierno y a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que prologaran el frágil cese al fuego bilateral, nacional y temporal, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, amenazaba el 3 de enero desde el Chocó con más guerra: “Si hay prórroga de ese cese el fuego con las mejoras que se han sugerido estaremos listos a respetarlo, pero si no (…) estará lista la fuerza pública para enfrentarlos con toda contundencia”. Y desde el Frente Occidental de Guerra del ELN se adelantaba la dificultad de prolongar el cese con un  lenguaje críptico.

El presidente Juan Manuel Santos también ha pedido hoy al Ejército que responda con «contundencia» a la guerrilla. Pero hace unos minutos, en conversación con Colombia Plural, el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, quien ha trabajado intensamente por este proceso, ha pedido al Gobierno que rompa «el círuclo vicioso» de la violencia. «En estas circunstancias de vuelta al círculo vicioso, alguien tiene que romperlo y volverlo espiral de paz. Llamo al Gobierno y a su Ministerio de Defensa a poner la pausa de reflexión ante la agresión, antes de volver al uso de la fuerza sobre el ELN«. Monsalve asegura que guarda la esperanza «de que las partes se acojan a un tercero, que bien podría ser la Iglesia y la Santa Sede, o alguno de los países que acompañan la Mesa de Quito, para convenir que se retorna y mantiene una voluntad de cese [al fuego], dando oportunidad y palabra al nuevo equipo del gobierno».

Durante los tres meses de cese al fuego, que en realidad era un cese de hostilidades entre las partes, el ELN ha estado especialmente activo en la zona del Pacífico nariñense, porque allí libra una intensa guerra territorial con grupos de narcoparamilitares y con disidencias de las FARC. No ha habido choques con el Ejército. Tampoco en Arauca o Chocó, una de las zonas más complejas, donde sin embargo sí asesinó a un líder indígena –un hecho que reconoció la guerrilla pero con demasiados matices-. Mientras, la organización insurgente acusaba a finales de diciembre al Estado: “El gobierno unilateralmente, ha desplegado operaciones ofensivas contra el ELN. El 27 y 30 de octubre de 2017, realizó ataques a dos campamentos en los departamentos de Chocó y Norte de Santander.  El gobierno unilateralmente, ha aumentado sus operaciones de copamiento militar y operaciones de registro y control, en lugares donde se encuentra nuestra fuerza de manera permanente”.

«Volver a la violencia desnaturaliza la voluntad de paz, infla la coyuntura adversa a ella, desalienta a las victimas y al pueblo colombiano, defrauda a la Iglesia y a la comunidad internacional» | Darío Monsalve.

Lo cierto es que nadie ha observado muy de cerca el cumplimiento de lo pactado en este cese al fuego que terminó este martes 9 de enero. Tampoco parece que se haga énfasis en el hecho de que el Gobierno, tanto en la negociación con las FARC como en esta con el ELN, impuso el principio de “negociar en medio de la guerra”. El costo político en el electorado urbano de los ceses al fuego o de las zonas desmilitarizadas parecía inasumible por Juan Manuel Santos. Tampoco parecía asumible ahora –en pleno precampaña electoral- seguir en Quito tras las acciones del ELN. De hecho, el quinto ciclo de conversaciones que debía empezar también el 9 de enero se enfrentaba un reto mayúsculo: retomar la ya mermada confianza entre las delegaciones con un renovado equipo del gobierno que cambió en pleno cese al fuego a su líder (Juan Camilo Restrepo renunció y esta semana asumía Gustavo Bell).

La delegación del ELN ha emitido hoy un comunicado calificando las acciones contra infraestructura petrolera en Casanare y Arauca como “incidentes” que ocurren “en medio de la compleja situación de guerra que vive el país”. “Pese a ellos, no debe alterarse el curso de las conversaciones para logra una salida política al conflicto”, insistía la guerrilla, que titulaba el comunicado así: “Pactar un nuevo cese”. La guerrilla insiste en que es en el quinto ciclo de negociaciones en donde había que definir los mecanismos para que el cese al fuego se desarrollara mejor. Pero el arzobispo de Cali les recuerda: «Definir los términos, los de un nuevo pacto de cese bilateral y sus mecanismos no puede significar, en la semántica de la paz sincera, terminar un cese y volver a la violencia, que desnaturaliza la voluntad de paz, infla la coyuntura adversa a ella, desalienta a las victimas y al pueblo colombiano, defrauda a la Iglesia y a la comunidad internacional«.

No hay palabras sin intenciones. E, igual que el ELN llevaba cuidado al insistir en su voluntad de diálogo y de prolongar el cese sin dar explicación sobre las acciones armadas de la madrugada –el acuerdo del cese incluía el compromiso de la guerrilla de no atentar contra la infraestructura-, el presidente Santos hacía una intervención muy agresiva en la que aseguraba que, “ante todo, el Gobierno Nacional deplora la decisión del ELN de reanudar sus ataques terroristas contra la población civil, las fuerzas armadas y la infraestructura”. El totum revolutum le funcionan al gobierno y los eufemismos sin respuesta, a la guerrilla.

Ahora, existe un riesgo real de rompimiento de las negociaciones, aunque las gestiones y presiones son muchas para que no ocurra, y los principales perjudicados por esta situación son los civiles que en algunas zonas de influencia del ELN sí habían sentido un cierto “alivio humanitario” en estos 101 días de cese.

Víctor de Currea-Lugo, académico que está viviendo muy de cerca el proceso de Quito, señalaba hoy en un artículo en Semana que, aunque no le faltan razones para la queja al ELN, es un error lanzarse a la guerra de nuevo, “el ELN tiene toda la razón al rechazar el actual y plantear modificaciones, pero debería hacerlo en medio del cese y no saltar a la guerra, creyendo que luego negociará uno mejor. Y así lo logre, el costo de saltar a la guerra es innecesario”.

Y concluye con cierto pesimismo: “En efecto, el regreso de la Delegación del gobierno al país, de manera intempestiva y por orden del presidente, luego de los atentados a la infraestructura tras la ruptura del cese, es un mal presagio. La respuesta que se prevé de las Fuerzas Militares y el escepticismo en la sociedad, aumentan el pesimismo. El proceso no ha muerto, pero entra a cuidados intensivos”.