Piden al ELN y al gobierno más cese al fuego, confianza y apuesta por el acuerdo

Quedan cinco días para que termine el plazo del primer cese al fuego bilateral entre en el Gobierno y el ELN y la sociedad civil se moviliza para lograr que se amplíe y que ello sea el empujón final para que ambas partes lleguen a un acuerdo en Quito.

El movimiento político y armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno desconfían el uno del otro. No es una novedad. Pero, a pesar de ello, desde que se abrió la fase pública de negociación entre ambas partes en Quito, en febrero de 2017, se ha logrado avances significativos. Por una parte, se han adelantado las audiencias preliminares con la sociedad civil (participaron 181 organizaciones) para determinar la metodología para su participación en las negociaciones de Quito. Por otra, y quizá más llamativa, el cese al fuego bilateral, temporal y nacional que comenzó en octubre del año pasado y que vence este 9 de enero, la misma fecha en la que comienza el quinto ciclo de negociaciones.

Naciones Unidas, en su balance hecho a principios de diciembre, señalaba que, pese a las dificultades de verificación y los problemas surgidos, hay dos elementos más que positivos: no se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN, ni se ha registrado atentados en contra de la infraestructura; y, aunque se han presentado hechos violentos que ha afectado a la población civil, “las comunidad afirman que la violencia ha disminuido y la situación humanitaria ha mejorado”.

Por eso, 170 académicos, artistas, empresarios, activistas y personajes públicos del país han hecho llegar una carta este 4 de enero al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y al primer comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, en la que les piden que se prolongue el fin de las hostilidades bélicas porque “una ruptura del cese al fuego distanciaría a las partes de la negociación, significaría muerte, dolor y desplazamiento para la población civil que suele ser la más afectada del conflicto, desmotivaría la participación de la sociedad, y daría más excusas a los enemigos de la paz que hacen de la guerra una bandera electoral”.

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“Creemos”, aseguran los firmantes de la carta, “que, a pesar de los incidentes, que deberán ser investigados de manera eficaz, el cese al fuego brinda un mejor contexto para la participación de la sociedad en la construcción de paz y aumenta la legitimidad social del proceso de diálogo”. Por eso, piden a las partes que, hagan “los ajustes que se requieran, pero sin dejar espacio a la guerra. Una ruptura del cese podría afectar de manera significativa el propio proceso de diálogos, a pesar de que las partes persistan en la Mesa”.

La carta está firmada por personajes tan diversos como el académico Víctor de Currea-Lugo, los escritores Piedad Bonet o German Castro Caicedo, la presidenta Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, el coreógrafo Álvaro Restrepo, el fotógrafo Jesús Abad Colorado, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, el rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago Franco, la congresista Clara Rojas, Sigifredo López (presidente de la Fundación Defensa de Inocentes), Danilo Rueda (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz), Jaime H. Díaz A. (Corporación PODION), Gloria Luna Rivilla, delegada de la Red de Mujeres Chocoanas, o Jesús Alfonso Flórez (Coordinación Regional del Pacífico).

Las personas firmantes, finalmente, ofrecen sus “buenos oficios” para acompañar el proceso de la Mesa de Quito y “avanzar hacia un país en paz”.

La lenta implementación del acuerdo con las FARC

La carta ha sido conocida el mismo día en que El Espectador ha revelado aspectos del último y desalentador informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP).

Hoy conocerá detalles de este seguimiento Juan Manuel Santos y escuchará que desde noviembre de 2016 sólo se ha avanzado un 18,3% en la implementación de lo pactado entre el Gobierno y las FARC.

Según el diario, “el documento considera como un fracaso el período legislativo durante el que funcionó el fast track, señalando que de 24 iniciativas de paz sólo fueron aprobadas 10, en las que no se incluyó la Reforma Rural Integral, parte del primer punto del acuerdo y considerada fundamental para la consecución de una paz estable y duradera. De hecho, presenta serias dudas frente su aprobación a través de la vía extraordinaria, pues, su discusión cae en medio de la campaña electoral a Congreso y Presidencia, en el primer semestre de este año”.

La parálisis es tal que desde octubre de 2017, cuando se conoció el otro avance del OIAP, sólo se ha avanzado un 0,3%.