La cartografía del ensañamiento

“Se constató que siguen llegando por el río cuerpos producto de muertes violentas; que subsisten las amenazas e intimidación a los pobladores que se animan a denunciar o colaborar con la visibilización de esta situación y que subsisten la presencia de paramilitares en la zona. Incluso uno de los vigilantes de Interglobal Vigilancia al servicio de la empresa EPM se dirigió a una de las observadoras de La Misión diciéndole que ’si no le daba miedo de los grupos armados presentes en la zona’ y respecto a ese momento indicó que una hora antes los paramilitares habían estado allí”. Esta es una de las descripciones que incluye el informe de la Misión internacional y nacional de verificación que visitó el cañón del río Cauca entre el 15 y el 23 de enero y que pudo constatar la vulnerabilidad de las comunidades y el desastre humanitario que supondría la inundación prevista para mediados de este año. “Empresas Públicas de Medellín (EPM) va a inundar la verdad”, indica Isabel Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, a Colombia Plural.

La misión, conformada por seis abogados y expertos independientes de Colombia y del exterior, ha pedido que se suspenda la operación de inundación hasta que el gobierno nacional haya diseñado un plan de búsqueda, exhumación, identificación y entrega de los cuerpos que están dispersos a lo largo de los 79 kilómetros que quedarán cubiertos por el agua si EPM sigue con sus planes.

La organización internacional Human Rights Everywhere, además, ha mapeado los principales hechos victimizantes y ha cartografiado el drama que han vivido los 12 municipios de la zona. Hay documentadas 62 masacres desde 1982, pero 44 de ellas se ha producido desde 1997, cuando Antioquia identificó la zona para la megarrepresa. En total, 372 víctimas de unas masacres que mayoritariamente se atribuyen a grupos paramilitares (el 69,35% de las masacres y el 71,2% de las víctimas), un 11% a la guerrilla de las FARC (con el 11% de las víctimas), otro 11% al Ejército (con el 9,9% de las víctimas) y el resto son atribuibles a actores armados desconocidos. Los municipios de Ituango y Valdivia han sido los más castigados.

Una vez más Ituango (con 59 víctimas) es el municipio con más asesinatos selectivos; seguido de Yarumal (47), Peque y Santa Fe (cada uno con 28 víctimas) y Briceño (24).

Las desapariciones forzadas, según los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica, también se han dado con más fuerza en Ituango (182), Valdivia (138) y Yarumal (102), seguidos de Santa Fe (67), Peque (47) y Briceño (41).

Muchas de las víctimas del conflicto fueron arrojadas al río Cauca desde el Puente Pescadero, ubicado a unos 40 minutos de donde se encuentra la finca La Carolina, en la jurisdicción de Yarumal. Allí nació y operó el grupo paramilitar «Los 12 Apóstoles» y en el escrito de acusación de la Fiscalía contra Santiago Uribe, dueño de la finca y hermano del senador Álvaro Uribe, como fundador y líder del grupo, se señala que en esa hacienda habrían sido asesinados al menos 533 personas.

Los hechos ocurridos en el puente cercano a La Carolina han sido comprobados por la Misión de Verificación que en su informe relata: “Los familiares y las personas del lugar señalan los tres puentes visitados -Pescadero, entre Ituango y Toledo; el puente la Garrucha, entre Sabanalarga y Peque; y el Puente viejo, en el corregimiento de Puerto Valdivia-, como lugares de tortura, ejecución y sacrificio de personas en donde tiraban los cuerpos al río Cauca para no ser encontrados. La Misión visitó estos tres sitios y escuchó las narraciones de las masacres y asesinatos que se han vivido en estos lugares que quedarán inundados por Hidroituango”.

Por eso, en la audiencia pública que ha comenzado este jueves 25 de enero en Santa Fe de Antioquia, unos 1.000 campesinos, barequeros y afectados por Hidroituango han vuelto a exigir a las autoridades la suspensión del proyecto hasta que no se recuperen todos los cuerpos y se haya dado un proceso de verdad, justicia y reparación a las miles de víctimas.