Francia Márquez: “No puede haber argumentos para excluir a los afro del gobierno propio”

Francia Márquez creció en La Toma, una comunidad afro con cuatro siglos de permanencia en el territorio de Suárez (Cauca). Fue amenazada y desplazada de su territorio por liderar causas sociales y ambientales como el rechazo a la ampliación del embalse de La Salvajina y los grandes proyectos mega mineros de las multinacionales en la región. Con una lucha sostenida en el tiempo, Francia se ha convertido en una de las voces más importantes del movimiento afrocolombiano y aspira a llegar al Congreso de la República con una campaña independiente a la que no le han faltado tropiezos. Su liderazgo viene de atrás y se dio a conocer fuera del Cauca y de los entornos de la lucha afro con La Marcha de los Turbantes, que llevó las reivindicaciones de las mujeres afrocolombianas sobre la tierra desde La Toma hasta Bogotá.

– ¿Qué hay de cierto en que las curules que dispone la ley para los afrocolombianos han sido acaparadas por intereses politiqueros?

Así es, son unas curules de carácter nacional que nacieron como los dos espacios que tienen los afrodescendientes en el Congreso. Cualquier persona puede votar pero las reglas no están claras sobre quién puede ser candidato y con qué aval. En el último periodo terminaron ahí personas mestizas con intereses particulares y de las mafias, no de la comunidad. A raíz de todo eso, ha habido demandas y sentencias de la Corte que han ido saliendo y reglamentando la participación de la comunidad afro en términos de quién avala. En cuanto a las organizaciones, se han creado organizaciones ficticias para negociar con los derechos de la comunidad. Eso ha hecho que este último periodo una organización que supuestamente es afro terminó avalando a gente que ni pertenece al pueblo afrodescendiente, ni reivindica sus derechos. Ahora hay 42 listas, pero algunas de ellas tienen detrás gente con intereses desde su una lógica que consiste en ver esas curules como la posibilidad de hacer empresas electorales para beneficios particulares.

– Su candidatura fue demandada argumentando que estaba inscrita a nombre de un consejo comunitario del cual usted no hacía parte, sin embargo, la demanda no prosperó. ¿Cuál era el interés de los demandantes?

La mayoría de las listas fueron demandadas. Inicialmente, demandaron las que se habían inscrito por organizaciones o movimientos, posteriormente las que se inscribieron por consejos comunitarios. El argumento contra nosotros era que no pertenecíamos al consejo que nos dio el aval. Yo soy del Cauca y efectivamente me inscribí por un Consejo del río Yurumanguí, que queda en Buenaventura. Quien nos demandó no se hizo presente, fuimos a la audiencia en el Consejo Nacional Electoral y pudimos demostrar que la curul no pertenece a ningún Consejo Comunitario en especial, sino que es de la comunidad afro a nivel nacional, por tanto la ley no establece que los avalados tengan que pertenecer al Consejo que les dio el aval. Eso es una falacia que está limitando el derecho a la participación, porque una lista para la circunscripción afro está compuesta por tres miembros, si los tres se vieran obligados a pertenecer al consejo que les dio el aval entonces la curul no sería del pueblo afro sino del Consejo, y eso limitaría sustancialmente la participación. Hay muchos vacíos, los afrodescendientes somos el 30% de la población y sólo hay dos curules en la Cámara, en el Senado ni siquiera tenemos ese espacio. Nuestra lista no fue anulada, sigue vigente, es una lista empujada desde abajo y con mucha dignidad, con transparencia, que es vista como amenaza por aquellos que tienen intereses personales.

– La ley 70 fue un gran avance porque contemplaba mecanismos de participación, autonomía, reconocimiento político, pero faltaron –entre otras cosas- las transferencias. Ahora que se habla de luchar por transferencias… ¿algunos las frenan con el argumento de que podrían convertirse en un foco de corrupción y división al interior de las comunidades?

Para eso habría que hacer una reforma constitucional, pues la razón por la cual los indígenas reciben transferencias directas es porque son una autoridad étnica territorial y reciben recursos directos para el ejercicio de sus derechos.

No puede ser que bajo el pretexto de la corrupción institucional, o el pretexto que sea, la comunidad negra no tenga derecho a implementar su propio desarrollo. No creo que el tema sea: “Los negros son corruptos entonces no se les puede poner plata”. Creo que la comunidad negra debería ser también una autoridad étnica territorial, y bueno, que se creen todas las reglas necesarias para hacer control, porque no puede haber argumentos para excluir a la comunidad de ejercer gobierno propio en sus territorios, de ejercer autonomía, de poder desarrollarse. Nosotros para hacer desarrollo tenemos que esperar que el alcalde defina si invierte o no invierte, con todos los condicionamientos para poder invertir: que si somos de la línea del partido de él, que si votamos por él o no votamos por él…

Eso se ve reflejado en que hoy tengamos los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas en el país: no tenemos agua potable en muchos de los territorios, no tenemos condiciones adecuadas para la educación básica primaria, no tenemos acceso a una salud de calidad, como si la tienen los indígenas, que han ido mejorando su sistema de salud y educación. La ley 70 en el capítulo que tiene que ver con desarrollo no se ha reglamentado y eso se refleja en que no hayamos podido avanzar para satisfacer los derechos sociales, económicos y culturales de nuestras comunidades.

– La ley 70 logró una victoria importante con la titulación de territorios colectivos, pero muchas comunidades como las de Norte del Cauca o algunas del Valle no consiguieron este derecho. ¿Cuál es la propuesta para lograr el reconocimiento de los derechos sobre el territorio?

Si bien un inciso de la ley dice que se aplicará para el resto del país lo mismo que se hizo en el litoral Pacífico, aún no ha ocurrido ese proceso. En ese sentido, no hemos podido avanzar con la titulación colectiva en otros territorios, por ejemplo, en La Toma, la comunidad donde yo vivo en el Cauca, hemos planteado varias estrategias para que se avance con la titulación colectiva. El problema de los territorios que no están blindados con la titulación colectiva es que ya están concesionados a grandes empresas multinacionales, entonces nosotros que hemos estado allí desde tiempos ancestrales somos dizque “perturbadores de mala fe” y dizque una “amenaza para el desarrollo” de este país.

Hemos hecho una labor pedagógica con la gente y estamos dispuestos a ceder nuestros títulos y ocupaciones individuales para hacer un título colectivo y así dejar blindado el territorio. Eso no ha sido fácil porque en la misma comunidad hay gente que ve la titulación colectiva como una amenaza, dicen que no van a poder hacer créditos ni préstamos. Sin embargo, en el Norte del Cauca la gente negra llegó a tener tierra, propiedades privadas de la gente negra, que poco a poco fueron perdiendo porque los bancos se las quitaron cuando empezaron a hacer préstamos con la Caja Agraria, después fueron embargándole la tierra a la gente y acabaron perdiéndola. Entonces, precisamente la titulación colectiva lo que busca es que la comunidad pueda seguir en sus territorios, pueda seguir reafirmando sus formas de vida, pueda seguir siendo comunidad en esas tierras. Hay un desafío muy grande, no es sólo proteger los títulos, aun con seis millones de hectáreas la gente no ha podido ejercer su autonomía ni gobierno propio, porque han estado a disputados por grupos armados e intereses económicos. La gente está a merced de los que tienen el poder o los que tienen el arma.

– Hablemos de género. Hay una gran brecha en cuanto a la propiedad de la tierra: los hombres suelen ser los dueños y las mujeres carecen de derechos económicos. ¿Qué plantearía usted en ese sentido si resultara electa?

Efectivamente, la tierra es vista como un negocio y quienes manejan los negocios son los hombres, por eso la tierra siempre está en manos de los hombres. Creo que si la tierra estuviera en manos de las mujeres no se vería como un negocio sino como la posibilidad de generar condiciones de vida digna. Yo no tengo una respuesta de cómo hacerlo, pero uno de los puntos de nuestro proceso será la participación política de las mujeres para el ejercicio de sus derechos y eso necesariamente tendrá que ver con acceso al territorio. Pero no solamente es el problema de la tierra, sino que se cometen violaciones sistemáticas a los derechos de las mujeres. El feminicidio se ha incrementado exponencialmente en el país, aunque no siempre nos matan por ser mujeres sino por la intención de defender el territorio, de defender el medio ambiente, la vida. Por eso nos asesinan y nos desplazan. Yo salí desplazada del Cauca precisamente por defender la vida y oponerme a la minería ilegal y también a la gran minería multinacional, que para nosotros es inconstitucional.

– Usted ha sido una defensora de los procesos de paz ¿cómo ve la implementación de lo pactado en La Habana y el incierto proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional?

Creo que uno de los departamentos que más ha sufrido la confrontación armada es el Cauca. Nosotros hemos vivido la violencia en carne propia, hemos sufrido los bombardeos, las tomas guerrilleras, la presencia del paramilitarismo, los territorios minados, y por eso, porque no queremos que nuestros hijos sigan viviendo esa historia, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca estuvo ahí haciendo presencia y apoyando el proceso de paz. Yo estuve en La Habana en la quinta delegación de víctimas y cuando fui lo hice para hablar de cómo el conflicto armado había afectado a las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y, sobre todo, a las mujeres. Dijimos que se necesitaba una participación efectiva de los pueblos que habían vivido esos hechos victimizantes. Al principio, el Estado se negó diciendo que no teníamos por qué participar pues el acuerdo era un acuerdo general entre dos partes, olvidando que había una tercera parte que era la que había sufrido el conflicto, un conflicto que para nosotros como pueblos afro descendientes empezó hace quinientos años, desde entonces no ha parado la violencia. Debido a la presión y después de la movilización terminó saliendo un Capítulo Étnico a última hora de la firma del acuerdo de La Habana, que son tres páginas. Está en el papel y no se ha cumplido. Hoy tenemos que decir que la paz todavía no llega a los territorios, queremos que la paz llegue a los territorios, pero hemos visto que los politiqueros tradicionales han visto en ese proceso una amenaza para sus intereses particulares porque la guerra les ha significado enriquecerse a costa de ella. Con lo del ELN nos preocupa que siga la confrontación armada donde la gente siga desplazándose de sus territorios. Hay que hacer ese proceso ya, estamos cansados de tanta sangre derramada, estamos cansados de que se sigan asesinando líderes y lideresas en todo el país, por eso demandamos del gobierno garantías reales para proteger la vida.