¡Que no descansen en paz!: decenas de miles de cuerpos sin identificar siguen esperando exhumación y justicia
El 17 de octubre de 2015, el Gobierno y las FARC emitieron en La Habana el comunicado Conjunto No. 62. Era un avance en medio de las negociaciones de paz que establecía unas “primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno”. Estas medidas no iban a tener que esperar a la firma del acuerdo ni a su implementación por eso, este martes 6 de marzo, el senador Iván Cepeda Castro, el Representante Alirio Uribe, junto con las diversas organizaciones de Derechos Humanos han presentado un informe desalentador que muestra duplicidades, ineficacia y nula intención de esclarecer los hechos en la tarea de búsqueda de las personas desaparecidas en los cementerios del país.
Tres instituciones han estado en ello y ninguna ha logrado grandes éxitos. Son la Fiscalía General, que ha exhumado un total de 8.969 cuerpos, el Instituto de Medicina Legal, que buscó y exhumó 461 cuerpos en los cementerios de Bocas de Satinga, Cimitarra, La Plata Huila, Florencia, Puente Nacional, Yarumal y Bojayá, y el Ministerio del Interior, que se ha gastado 9.000 millones de pesos en hacer un diagnostico parcial y deficiente de la realidad de 426 cementerios, en los que censa 26.395 personas inhumadas sin identificar. Al tiempo, la poca información que ha facilitado el Ejército Nacional se refiere a cinco de sus estructuras en Meta (4) y en Guaviare (1) que suman 1.674 personas no identificadas que fueron reportados como guerrilleros muertos en combate.
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Esas cifras escandalosas, que siguen siendo parciales, se reducen a decenas cuando se trata de cuerpos identificados y de cuerpos entregados a las familias. Por ejemplo, entre el año 2010 y 2015, la Fiscalía) y el Instituto Nacional de Medicina Legal entregaron 77 cuerpos de los cementerios de los Llanos Orientales. “En promedio se restituyeron 15 cuerpos por año, lo cual indica que, a este ritmo, hacen falta 144 años para entregar dignamente el total de los cuerpos inhumados tan sólo en estos cinco cementerios” explican los redactores del informe. Ahora, ya con la Dirección de Justicia Transicional creada en la Fiscalía se reporta un total de 8.969 cuerpos exhumados en tan solo 14 cementerios, de los que 899 han sido identificados y en 186 casos los restos mortales han sido entregados a las familias. En el caso de Medicina Legal, de los 461 cuerpos exhumados, sólo ha logrado identificar 29 y entregar 7.
Este universo de exhumaciones parece mínimo ante los datos que ha recogido la propia Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía. Ésta envió un cuestionario a los 1.114 municipios del país y recibió respuesta de 853. De esos, 454 alcaldías dijeron tener informes de 20.453 cuerpos inhumados sin identificar en sus cementerios. Ni una sóla cifra coincide, pero todas apuntan a un fenómeno brutal.
El informe presentado hoy concluye que “es de suma preocupación los escasos resultados reportados en cuanto a número de personas identificadas y entregadas. Esto evidencia la falta de una adecuada planeación e investigación preliminar que permita establecer con antelación a la intervención, hipótesis de posibles identidades, sustentada en la realización de acciones como recolección de información antemortem y toma de muestras a familiares. Una robusta investigación preliminar desarrollada con la activa participación de organizaciones de la sociedad civil a nivel territorial y nacional y de los familiares, garantiza una intervención mucho más dirigida hacia la identificación y no solo a la recuperación de los cuerpos”.
Los investigadores denuncian la falta de articulación entre las entidades, de éstas con las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, y la duplicidad en muchas de las tareas. Además, consideran que hay una “ausencia de una política clara de acompañamiento psicosocial para aquellas familias que fueron ubicadas en el marco de la intervención”.
También es grave para los redactores del informe que 31 meses después de la circular y de la teórica puesta en marcha de las medidas urgentes de búsqueda, prevalezca la impunidad frente a la desaparición forzada en el país “porque en el 80% de los casos reportados por la FGN no hay investigaciones activas en el estricto sentido sobre los hechos, en el 85% los casos han sido archivados, precluidos o cerrados con resolución inhibitoria y en el 99% no hay autores enjuiciados y condenados”. En ese contexto resulta paradójico que antes de la circular, en 2015, la Fiscalía reportara que tenía abiertas 90.663 investigaciones relacionadas con este tipo de casos y, al ser preguntada en febrero de 2018, dijo tener abiertas sólo 44.279, un 51% menos. Los relatores se preguntan: “¿Cuántas condenas hubo, cuántos archivados se presentaron y/o cuántos con expedición de autos inhibitorios se dieron con ocasión de los 46.384 procesos que hoy no aparecen en las cifras entregadas?”.
