“Las víctimas son manoseadas en la Justicia Transicional”

Las víctimas de los crímenes de Estado vieron una oportunidad en los acuerdos de La Habana con una visión más política de un proceso que buscaba por encima de todo la paz. Pero no son ingenuas y saben que para el Estado la participación de la víctimas es marginal, una herramienta para “legitimar sus decisiones”, saben que los acuerdos son un pacto de élites y advierten sobre las lagunas de la Justicia Transicional, en especial en lo relativo a la cadena de mando de las Fuerzas Armadas.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) vuelve a centrar este próximo 6 de marzo, Día por la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, en la participación, el desmonte del paramilitarismo (como garantías de no repetición) y la implementación de los acuerdos de La Habana. Y lo hace en un momento en el que el Congreso debate uno de los puntos clave de los acuerdos de La Habana, la Jurisdicción Especial de Paz que ha sembrado dudas sobre la responsabilidad de las fuerzas armadas y tratado de introducir cambios sobre lo acordado con las FARC. Lo hace en medio de una escalada de asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos (20 en los dos primeros meses del año) en una persecución de la protesta y la disensión. La alerta se incrementa por la presencia de grupos paramilitares en los territorios.

Diana Marcela Gómez plantea los retos y las incertidumbres de esta implementación y de los propios acuerdos, en especial sobre la Jurisdicción Especial de Paz, para las víctimas de los crímenes de Estado. En nombre del Movice, y como integrante y fundadora de HIJOS (Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad ), lamenta que hayan dejado fuera a las víctimas y se las haya convertido «en un discurso, en un recurso”. Reclama una reforma de la seguridad y la doctrina militar y cambios estructurales para Colombia. Su temor es que si no hay un vínculo entre el ejecutor de un crimen de estado y la cadena de mando, la verdad quede vacía.

No lo expresa directamente pero de sus palabras se desprende una cierta soledad en estas reclamaciones de las víctimas ante el Congreso, donde solo senadores como Iván Cepeda, Ángela María Robledo o Alirio Uribe han tomado el testigo de esta demanda y acompañan la voz de las víctimas.

Es hija del líder sindical, profesor universitario y asesor de la senadora Piedad Córdoba Jaime Gómez, desaparecido y asesinado hace once años. Para ella es importante que los movimientos sociales y de derechos humanos “puedan hacer un balance de coyuntura de más largo plazo”, no pegados exclusivamente a la zozobra política de los acuerdos de paz. “Estamos apagando incendios todo el tiempo y hay proyectos a más largo plazo que hay que reforzar”.

– La Jurisdicción Especial de Paz está a punto de entrar en el cuarto debate ¿Cómo ven su futuro desde el Movice?

Nos preocupa por el cambio de última hora que se introdujo en los acuerdos de La Habana relativo a la cadena de mando en el caso de las Fuerzas Armadas [se rompe el vínculo entre ejecutor y superior]. Es un nudo, y muy grande, para poder acceder a la verdad de los crímenes de Estado. Primero, porque si no se determina una relación directa de quienes ejecutaron con un alto mando, va a haber un vacío sobre la verdad, y segundo, porque si no va a existir ese vínculo, qué nos garantiza que esos mandos vayan a ir a la Comisión de la Verdad. No está clara esa idea sobre el Sistema Integral [de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición].

A las víctimas de los crímenes de Estado no se les puede tratar igual que a las víctimas de la guerrilla porque parten de una realidad distinta. Porque somos víctimas de una violencia del Estado y porque somos víctimas todo el tiempo y nuestros casos están cruzados por impunidades e invisibilidad, una invisibilidad por un trato asimétrico. Se reconoce a las víctimas de la guerrilla, pero no a las víctimas del Estado.

Estamos entre angustiados y realistas. Tenemos una visión crítica de la Justicia Transicional, porque esto ya lo veíamos venir hace años.

– ¿No cree que las víctimas de crímenes de Estado han pecado un poco de ingenuas en este proceso?

Son varias cosas. Hay una dosis de ingenuidad y otra, grande, de complejidad. Las víctimas de Estado tenemos una visión más política del conflicto y sabíamos que habría que avanzar hacia la paz aunque fuera tragando sapos… claro que otra cosa es cuando empiezas a tragarlos. Además, la coyuntura nos consume el día a día con procesos muy largos.

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El Movice es una suma de muchas fuerzas, asociaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos con una postura política clara que se apoya en el convencimiento de que buena parte de los crímenes cometidos contra el movimiento social tienen una intención “social, política, económica, e ideológica promovida por el Estado colombiano y sus agentes o permitida por este e implementada por grupos paramilitares”. El Estado dio por erradicado el paramilitarismo con la Ley de Justicia y Paz del año 2005 y desde entonces ha ‘creado’ varias denominaciones para referirse a ellos sin reconocer su existencia: las Bacrin (Bandas Armadas Criminales), los GAO (Grupos Armados Organizados)… Las acusaciones de las víctimas de crímenes de Estado se dirigen a que junto a este ‘paraestado’ los agentes públicos -fuerzas armadas, policía, servicios de inteligencia- son autores directos de muchos de esos crímenes por acción y/o por omisión. Insisten en la intención de esas acciones pero el Estado, aunque haya reconocido responsabilidades aisladas, siempre ha negado una sistematicidad o una intención organizada.

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– El Gobierno siempre niega una sistematicidad en los crímenes de Estado. ¿Cómo se puede probar esto?

Hacia esa negación van las declaraciones del Estado y la línea incluida en los acuerdos… que se trata de manzanas podridas, pero eso es gravísimo. El borrador de la ley de la jurisdicción especial de paz no contiene una exigibilidad real de acceso a los archivos de inteligencia militar y sin esos archivos es difícil comprobar esa sistematicidad y la relación directa, es difícil comprobar judicialmente que sí son crímenes de estado.

– En la Comisión de Búsqueda las víctimas estaban en minoría. ¿Van a cambiar las cosas ahora con la nueva Unidad de Búsqueda de Desaparecidos?

Al Estado colombiano lo que le interesa de la participación de las víctimas es legitimar sus decisiones. Pero la sociedad civil se juega su papel y su aportación. La Ley de Victimas terminó legitimando esta situación. Porque la participación colombiana es consultiva y no para tomar decisiones. No se la puede saltar, pero la pregunta es ¿Qué tipo de participación queremos?

– ¿Cuál debe ser la participación de la comunidad internacional en este proceso?

Debería estar presente y en diálogo con las asociaciones de víctimas. Debería estar en el monitoreo a la implementación y en el apoyo logístico y económico. Se dio un giro y toda la financiación internacional llega ahora al Estado y ahí las asociaciones van a perder fuerza. Esta es una cuestión que estamos planteando y que nos preocupa porque el Gobierno quiere que todo pase por sus manos.

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“Es bien curioso que este sea el único país donde la gente se resbala y aparece más de un mes después completamente desmembrada y con signos de tortura”, escribía Piedad Córdoba en una columna de opinión publicada ocho años después de la muerte de su colaborador y amigo Jaime Gómez. Apenas los forenses acababan de reconocer que su desaparición y muerte no fue un accidente sino un asesinato. Las denuncias de sus compañeros y las de su familia y las reclamaciones contra el Estado hicieron que Diana Gómez tuviera que salir del país amenazada. Cada año escribe a su padre reflexionando sobre la realidad de las víctimas y del país y trabaja desde HIJOS y desde el Movice por denunciar esos crímenes que el Estado no quiere reconocer o esconde.

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– ¿Y cómo se puede garantizar la no repetición?

El Movice y otras asociaciones llevamos propuestas a la comisión que trataba este asunto en La Habana. Necesariamente debe pasar por incluir una reforma de la noción de seguridad y de la doctrina militar, y eso no lo vemos por ningún lado. Al contrario, se está fortaleciendo la dimensión militar [en el postacuerdo].
También harían falta cambios estructurales. Esto no se le podía pedir a La Habana pero sí que acuerden que se permita ir avanzando en esos cambios.

– ¿Qué cambios estructurales son necesarios?

La distribución de la tierra; el modelo de desarrollo y ver con los diferentes actores sociales cómo lo entienden; que se conozca la verdad y que esa verdad conduzca a transformaciones en lo local y en una construcción del sujeto político, un sujeto político crítico; materializar los derechos de las víctimas que se resumen en verdad, justicia y reparación y, finalmente, transformaciones sociales y culturales.

– Para llegar ahí hay que dar los primeros pasos ¿Cómo interpretan los primeros pasos de la implementación?

Los primeros pasos han sido decepcionantes: el fast track, la incorporación a las zonas veredales… y, además, nos preocupa mucho la llegada de la época electoral, ya que este proceso podría ser objeto de clientelismo político.

– ¿Se ha sacado a las víctimas de los acuerdos, del proceso?

Yo tengo una visión muy crítica de la Justicia Transicional. En ella las víctimas terminan siendo lo menos importante. Se trata de una negociación entre élites, entre las élites del Gobierno, o entre las élites y la guerrilla, élites armadas. Las víctimas terminan siendo un discurso, un recurso. No creo que nunca hayan sido centrales. Estábamos en el origen porque tocaba, porque presionamos. La Justicia transicional ha seducido a ciertas víctimas, pero al final termina siendo un manoseo de las víctimas.

Nosotros no fuimos un sujeto pasivo y presionamos hasta donde pudimos, pero esta es una justicia transicional hegemónica, con un discurso dominante donde dicen que las víctimas son el centro, pero no lo son.

– ¿Y cuál es el papel de las élites de las FARC a la hora de situar a las víctimas?

Estaban en un momento muy complejo. Yo en La Habana vi [en las FARC] una convicción de paz y una necesidad de que se firmaran los acuerdos. Los cambios de última hora casi les tocó asumirlos. Cosas que se asumían en detrimento de las víctimas, pero era una negociación, lo que demuestra el acuerdo al final es que para ninguna de las partes las víctimas eran centrales. Si fuéramos centrales estaríamos en el fast track.

– ¿Qué opina del proceso de participación propuesto por el ENL? ¿Cree que va a ser diferente?

Es interesante el planteamiento del ELN, pero abordarlo conlleva grandes retos y al Gobierno no le interesa una participación con incidencia. Esa participación implica visiones distintas entre ambas partes.
Pero si es un proceso de paz la pregunta es ¿no será mejor terminar pronto -no en un mes o en un año- pero lograr bajar esa dimensión del conflicto armado para enfocarlo en una lucha más política y más democrática, sabiendo que hay otros grupos armados, los paramilitares, el asesinato de líderes sociales…?

– ¿Hay una intención en la forma de actuar de los paramilitares de forzar una negociación?

Puede ser, pero no tienen estatus para negociar, porque no está claro su origen, si se aclarará, quizá… Ellos ahora tratan de sacar provecho de estos escenarios de negociación.

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El lema principal de la convocatoria de este año del Movice para el 6 de marzo en la reclamación del desmonte del paramilitarismo. El Movimiento de Víctimas insiste en que ha quedado en evidencia que no solo «sus estructuras no han sido realmente desmontadas», sino que continúan actuando contra líderes sociales, sindicales y defensores y defensoras de derechos humanos. Las denuncias sobre presencia de hombres armados en los territorios, amenazas, hostigamientos, atentados y homicidios son una constante en el día a día de las comunidades. «La paz sigue siendo un sueño y un anhelo, que se posterga por la violencia sistemática de estos grupos armados que actúan con total impunidad», insisten.