Burocracia a paso lento para los menores de edad de las FARC

El país parece haber olvidado todo lo que en otra coyuntura le ‘atormentaba’. En 2016, la presión sobre la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que desvinculara de sus tropas a los menores de edad era permanente. Tanto que el proceso de salida de menores se aceleró sin tener el diseño para su acogida.

Ya durante el tiempo de conversaciones en La Habana se emitió el Comunicado Conjunto N°70 el 15 de mayo de 2016 donde se establecía un acuerdo para la salida de los menores de los campamentos de las Farc-EP y se creaba una mesa técnica encargada de elaborar un protocolo de salida y atención. En el Comunicado Conjunto N°97 del 6 de septiembre de 2016 se estipulaba que a partir del 10 de septiembre comenzaba “un piloto con la salida de 13 jóvenes de los campamentos ubicados en Antioquia”, explica Juan Torres, asesor del componente Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). “No hubo un ajuste institucional para recibir a los jóvenes de la mejor manera, lo que se aplico fueron los procedimientos tradicionales que se desprenden del Código de Infancia y Adolescencia, en muchos casos viéndolos como jóvenes infractores”, recuerda.

La siguiente salida de los menores se proyectó para 12 de octubre de 2016, pero tras los resultados del Plebiscito se suspendió esa segunda entrega. En diciembre del 2016 se decreta la creación del Consejo Nacional de Reincorporación y allí se le otorga funciones para elaborar los lineamientos del programa integral especial para la restitución de los derechos de los menores desvinculados en el marco del Acuerdo. Para esta época “no estaba lo suficientemente claro cómo iba a funcionar y habían expectativas diferentes de los actores”, asegura el Comité Veedor.

El programa especial Camino Diferencial de Vida (CDV) para la restitución de derechos y el proceso de reincorporación de los menores de edad que hasta agosto de 2017 entregó las FARC-EP ha generado tensiones entre el Gobierno y las FARC, ha evidenciado las dificultades de seguimiento y veeduría a los recursos destinados de cooperación internacional para su desarrollo, y aún no ha resuelto cómo será su participación de los menores desvinculados en la Comisión de la Verdad.

“Esta es la primera vez que en Colombia, en el marco de un proceso de paz suscrito entre el Gobierno y un grupo armado ilegal, que se establecen obligaciones concretas para la salida y atención de los niños y niñas que se han visto vinculados al conflicto armado”, menciona Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos. Desde que en enero de 2017 la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos presentara un borrador del CDV hasta que se contó con los lineamientos del mismo pasó un año: febrero de 2018, 14 meses después de firmados los acuerdos y 16 meses después de la salida de los primeros trece menores. En esa etapa, “las FARC señalaron, y está contemplado en el Acuerdo, la necesidad de hacer ajustes normativos para que el Programa pudiera desempeñarse de la mejor manera y hasta el momento eso no se ha dado”, asegura Torres.

Aún con todas las carencias normativas y de logística, el 13 febrero de 2017 el CNR aprobó el protocolo de salida y en marzo de ese año, en 13 operaciones distintas, salen 75 jóvenes de forma voluntaria y fueron traslados a 9 lugares transitorios de acogida cerca de las zonas veredales. Es hasta el 14 de agosto, después de una interrupción por la sentencia de la Corte Constitucional que facultó al Congreso para modificar los acuerdos, que salieron 36 jóvenes más.

Ahora, en mayo de 2018 el balance es que un total de 124 jóvenes de las FARC-EP salieron según los protocolos aprobados en el punto 3.2.2.5 del Acuerdo Final y hacen parte del programa Camino Diferencial de Vida (CDV). Otros 11 jóvenes, estando en listados del gobierno, se presentaron directamente ante el ICBF.

El programa en el papel

El CDV se expide en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), está en la dirección de la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos que ejecuta los lineamientos a través del ICBF y tiene un comité veedor, conformado por organizaciones de la sociedad civil (COALICO, CONPAZ, ANZORC) Llamamiento de Ginebra y la Oficina del Representante Especial del Secretario General de la ONU, quienes vigilan los procesos, realizan observaciones y recomendaciones al CNR.

El programa contempla 4 procesos que pueden ocurrir de manera simultánea: 1) protocolo de salida y plan transitorio de acogida; 2) restablecimiento de derechos, en esta etapa los menores tienen la asignación de un defensor de familia; 3) reparación Integral donde realizan su declaración como víctimas (varios de ellos ya tienen constituido el encargo fiduciario, el cual es la indemnización que deben recibir de la Unidad de Víctimas); el 4) la reincorporación e inclusión social “una vez tienen la mayoría de edad se activa una ruta diferencial en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)”, indica Gaviria.

La Consejería de Presidencia asegura que todos los jóvenes del Programa cuentan actualmente “con documento de identificación, afiliación a salud, cupo pero no todos estudiando, porque algunos no quieren, otros que se matricularon pero se retiraron porque les quedaba lejos el colegio o situaciones familiares. Hay varios avanzando en educación flexible acelerada, la mayoría en dos años terminarían la secundaria”.

Los niños se hacen adultos

Las demoras en los tiempos de salida explican el bajo número de menores desvinculados. “Una de las cosas que se debe reconocer es que los niños crecen todos los días y todas las demoras que se hayan dado en el proceso iba en contravía que salieran. Muchas veces llegábamos a las salidas y acababan de cumplir los 18 hace dos días y ya no podían entrar al Programa, o entre hoy y mañana que estábamos haciendo la socialización tenían la mayoría de edad”, explican desde el Comité Veedor.

El entramado legal para esta desvinculación tampoco lo puso fácil. El 5 de febrero de 2018 se conocieron los lineamientos de un programa que había sido creado formalmente por el Decreto 671 de 2017, del 5 de diciembre, y que debía cobijar “a los menores de edad que hayan salido de los campamentos de las FARC-EP desde el inicio de las conversaciones de paz hasta la finalización del proceso de la dejación de armas”. Las Farc al 24 de febrero de 2017 entregaron los listados de los menores de edad para certificar su desvinculación por el Alto Comisionado. Aunque el corte sería hasta el 26 de junio de 2017, cuando se produjo la entrega de armas, el 14 de agosto del mismo año “el CNR aprobó un protocolo de salida abreviado, en virtud del cual 36 personas más, entre ellas tres mayores de edad, surtieron su proceso de salida de las FARC-EP”, explica la Consejería.

Los menores que después de esta fecha se desvincularan no podrán ser incluidos en el CDV y deberán recibir atención en el programa especializado del ICBF. “Nos preocupa que la misma política diga Camino Diferencial pero aplica sólo para los que salieron en la lista, los demás siguen la ruta ordinaria”, expresa José Campo, miembro del Consejo Nacional de Paz en representación de las organizaciones protectoras y en defensa de los derechos de los niños y niñas.

“El hecho es que se tardó casi un año para que comenzaran los operativos para la salida de los menores, para nosotros ellos no podían perder los derechos adquiridos porque hubo demoras burocráticas o en la logística y en ese período cumplieron los 18 años. Para esté tiempo estábamos hablando de 350 jóvenes a los cuales se les debía brindar el Programa, ya no la fase de restablecimiento de derechos pero si el reconocimiento como víctimas del conflicto armado. La cifra no es como lo reporta el gobierno de 124 menores”, defiende por su parte Torres.

La Consejería y el Comité Veedor sostienen que el Programa CDV tiene unos parámetros distintos al programa especializado del ICBF, dado que implicó para esta institución reajustar conceptos, protocolos, estándares y medidas contenidas en el programa especializado, “por ejemplo se tuvo que flexibilizar que la atención se pudiera dar en las zonas veredales, en lugares distintos del ICBF”, afirma Gaviria. Para José Campo, con el CDV “se terminó construyendo un Programa que tiene una literatura diferente, pero su aplicación es la misma estructura que tiene Bienestar Familiar”.

La postura de Campo es compartida por Juan Torres. “A nosotros nos resulta irrisorio que el Programa se denomine CDV y las tres primeras fases es como se venía haciendo antes en el ICBF” y señala la desarticulación institucional y los diferentes enfoques en la atención sicosocial para los menores en cada una de las fases según la entidad competente. “En restablecimiento de derechos veían al muchacho como criminal, en reparación trabajaban sobre su victimización y en reincorporación, su proyecto de vida. Para cada entidad es una cosa distinta”, determina Torres.

Sin transparencia

El Código de Infancia y adolescencia establece el “interés superior de los niños y niñas” como la obligación a todas las personas de garantizar los derechos de los menores. Bajo este principio jurídico tanto como el ICBF, la Consejería y el Comité Veedor protegen la identidad de los beneficiarios al Programa, impiden la comunicación directa con ellos o la disposición de información específica, lo que limita un seguimiento al CDV. “Yo creo que hay un uso equivocado del interés superior del niño (…) Durante todo el 2017 y lo que va del 2018, si bien el CNR tiene funciones de monitoreo, el componente FARC en esta instancia no tiene las capacidades de hacerle seguimiento porque ICBF opone una reserva a permitir la información de los menores”, cuenta Torres. “En nombre del interés superior del niño no puedes averiguar por los menores que tiene el ICBF (…) es una reserva (…) Pero uno mira el documento oficial que salió del CDV y está lleno de fotografías de primeros planos de niños y niñas, entonces se hace uso del interés superior del niño de acuerdo al interés de cada quien”, establece Campo.

En el CDV “se articulan alrededor de 20 instituciones gubernamentales”, explica Gaviria. En abril de este año, a través de la directiva presidencial N°3, Juan Manuel Santos ordenó priorizar los gastos de inversión para la atención a los menores desvinculados de las FARC a todas las entidades que participan del Presupuesto General de la Nación, pero en mayor proporción el programa funciona con recursos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Unicef por lo cual preocupa a largo plazo su sostenibilidad.

OIM y Unicef fueron quienes asumieron los costos de adecuación de los hogares transitorios. “Somos conscientes de la alta inversión de OIM y UNICEF (…) fueron lugares donde los muchachos pasaron máximo tres meses, su alquiler ascendió entre 80 a 100 millones de pesos para cumplir las exigencias del ICBF”, sostiene Torres. Los altos costos los explica Gaviria: “Encontrar una casa apta según los lineamientos del ICBF para los hogares transitorios, cerca de las zonas veredales fue muy difícil, y ¡claro! cuando el señor dueño de la finca veía las ganas nuestras y la necesidad el precio lo triplicaba (…): ‘ah se me olvidaba decirle que el arriendo no son 4 millones sino 8’… nos pasó mucho…”. Se adaptaron 11 hogares transitorios, funcionaron 9 y actualmente todos están cerrados.

En relación a la disposición de estos recursos, el asesor de las FARC menciona que “se observa un contraste muy grande entre lo que se había destinado para la adecuación de los lugares transitorios a lo que estaban recibiendo los muchachos en implementos de aseo y dotación de ropa que a la tercera puesta se dañaban”. En todo caso, tanto la Consejería como el componente FARC aseguran desconocer con precisión el dinero que fue destinado de la cooperación internacional para el CDV. “Lo único que nos queda es el reporte que nos entrega la Consejería, por lo cual hemos insistido en poder concluir una estrategia de monitoreo y evaluación del Programa”, asegura Torres. El Comité Veedor aduce que hace “seguimiento a los acuerdos, no a sus implementadores, no a la inversión de recursos”.

“Ni niños, ni adultos, son jóvenes”

A febrero de 2018 la Consejería reporta que en el CDV hay 56 hombres, 68 mujeres, siete de ellas se encuentran en gestación “dos de ellas están esperando su segundo hijo, 6 adolescentes son madres de niños en primera infancia”; 84 de estos adolescentes están con su familia, 25 están en hogar sustituto, 13 están en los Espacios Transitorios de Capacitación. Según proyecciones de Presidencia, a diciembre del 2018 todos serían ya mayores de edad.

Todos los jóvenes que se vincularon al CDV lo hicieron de manera voluntaria. “Al comienzo de las primeras entregas los muchachos nos decían que los infantilizaban, llegaban a atenderlos con un lenguaje como si no supieran nada… Ellos son rurales y dentro de la insurgencia el carácter se refuerza, no son niños, ni adultos a nuestro parecer son jóvenes con unas trayectorias propias marcadas por el conflicto armado”, explica Torres.

«Si no tienes la posibilidad de acompañarme en mi presente no preguntes por mi pasado»

A pesar que en la opinión pública y en los medios de comunicación se referencie las entregas de estos menores adscritos a las FARC-EP como la desvinculación de los niños y niñas de sus antiguas filas, estos menores en el ingreso al CDV no eran niños y si unos adolescentes o jóvenes que tomaron una decisión informada para adscribirse al Programa. La Consejería asegura que“45 ya cumplieron 18 y están en ruta con la ARN para la asignación mensual ya como adultos, el reto de la reparación administrativa como víctimas es cómo administrarán ese dinero”.

Las exigencias de las FARC-EP a que los hogares transitorios fueran cercanos a las zonas veredales y que la última fase del CDV tenga un énfasis en la reincorporación comunitaria parte de entender que su participación en el conflicto armado produjo una ruptura con el núcleo familiar y se constituyeron otros lazos. “Tenemos información que a muchos se les dificultó el regreso a sus familias porque estas viven en condiciones de pobreza”, menciona Torres.

Y también “así como hay niños que han ingresado forzadamente por violencia física, sicológica, hay niños que nacieron en los grupos armados y quizás es un prisma muy difícil de entender”, reflexiona Katherine López, relatora del informe sobre reclutamiento Una guerra sin edad del Centro Nacional de Memoria Histórica. Las FARC no reconocen la “desvinculación” como término en el contexto del Acuerdo y comprenden que la salida de los menores de los campamentos no impide su anexión al actual proyecto político. “No se sale de la misma forma cuando te volaste de un grupo armado que cuando sales en el marco de un Acuerdo”, expresa López.

Los jóvenes en la Comisión de la Verdad

Queda un asunto más pendiente: la participación de los menores de edad desvinculados en la Comisión de la Verdad como mecanismo extrajudicial y de esclarecimiento. Uno de los retos que se plantea es que mientras se implementa el CDV “se han aumentado los niveles de reclutamiento en el país”, afirma Campo, quien cree que “Colombia se especializo en sacar documentos novedosos, muchos funcionarios pagados para eso, pero uno va Filo Gringo, a la Gabarra, Buenaventura y se encuentra con otra realidad para los niños”.

Otro desafío circunda bajo una historia del conflicto armado donde los niños y niñas desvinculados han sido utilizados para obtener información militar por parte de las Fuerzas Militares, aunque desde el 2006 el Código de Infancia y Adolescencia establezca esto como ilegal. Al respecto Torres menciona: “Nosotros hablamos que la vinculación de menores al conflicto fue tanto de grupos armados legales e ilegales. Sabemos bien que la Policía, El Ejército uso a los menores en temas de inteligencia, los infiltraba. Hubo casos en el Caquetá de jovencitas entrenadas desde muy temprana edad para que se infiltrarán en las FARC. Allí hay temas muy complicados para la Comisión de la Verdad”.

También, hay dudas sobre si bajo el principio del interés superior del niño sus voces serán interpretadas como legitimas sin desmeritar su narración por la edad o en el tránsito a ser adultos. “Nosotros claramente en un acto de defensa de sus derechos a veces no escuchamos a los niños y de entrada les sostenemos nombres y apellidos y les permitimos la participación a partir de: desmovilizados, desvinculados, víctima, victimarios (…) no necesariamente corresponde a sus auto denominaciones”, señala Katherine López.

José Campo enfatiza que “una verdad que no dignifique la vida no sirve para nada (…) insistimos con una frase —Si no tienes la posibilidad de acompañarme en mi presente no preguntes por mi pasado—”.