Crear zozobra e incertidumbre
El asesinato de los líderes y lideresas sociales en Colombia, o genocidio prolongado, lamentablemente no es asunto del presente, pues llevamos décadas viendo caer aquí y allá a muchas personas en todas la regiones del país que ha pagado con su vida el precio de defender sus derechos, de hacer valer las reivindicaciones de sus comunidades.
Los diversos organismos defensores de Derechos Humanos, ya sean desde las iglesias, las universidades, organizaciones no gubernamentales u organizaciones sociales, al igual que las instancias internacionales como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, han registrado día a día los centenares de líderes comunitarios, hombre y mujeres, que han sido asesinados.
En muchos momentos se han hecho movilizaciones, plantones, vigilas y múltiples denuncias para que se detenga esta barbarie. Por ello, para finalizar tal masacre abierta, se ha visto que el proceso de paz presente es la puerta para poner punto final a este repudiable episodio histórico de la eliminación de los reclamantes de derechos. Para que eso fuera posible, el Estado, liderado por el Gobierno, tenía el compromiso de asumir el control del territorio una vez se hizo efectiva la dejación de armas de las FARC, justamente para garantizar la protección de sus pobladores, pero, como vemos, esto aún no ocurre.
En muchas zonas del país, es verificable que la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de paz, realizado entre la otrora guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional, trajo mucho alivio y se han podido reactivar los procesos de apropiación de los territorios. No obstante, simultáneamente, se constata, como la hecho Colombia Plural, que se ha ido incrementando el flagelo del asesinato del liderazgo social en lugares coincidentes con reclamación de tierras, denuncias de corrupción, o en áreas de implementación de puntos concretos de este Acuerdo de Paz, como es el de la sustitución de cultivos de uso ilícito, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las eventuales Circunscripciones Electorales de Paz, al tiempo que en escenarios de construcción de movimientos políticos alternativos, ya sea el nuevo partido fruto del referido pacto de paz, o de otras inspiraciones en el recién debate electoral realizado entre marzo y junio.
Algunos miembros del partido ganador del nuevo gobierno han salido a rechazar la “velatón” que se organizó en solidaridad con estas víctimas a nivel nacional e internacional el pasado 7 de julio, reiterando, como lo dice su máximo líder, que ese es el fruto de la “Paz de su socio Santos”, con lo cual demerita esta protesta y genera más daño en los familiares de las víctimas, pues diluye la discusión sobre los auténticos responsables y traslada de manera engañosa al proceso de paz la causa de esta violencia.
Indudablemente que hay diversidad de móviles en esta masacre prolongada de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, como se dijo antes, pero todos confluyen a generar ese escenario y sensación que el actual proceso de paz es un fraude, engaño y mentira, pues se incrementan estos asesinatos, con lo cual cabe a los órganos de justicia plantearse la hipótesis de la existencia de un plan organizado por diversas fuerzas y sectores tendiente a crear este ambiente que permita entonces legitimar toda acción, justificada en esta sangre inocente, contra el Acuerdo de Paz.
De igual manera puede pensarse que esas mismas autorías intelectuales de estos asesinatos estén intentando dar más argumentos a las disidencias de las FARC para que aumenten sus filas, o para que la guerrilla del ELN vea un mal espejo a seguir y opte por reafirmar la guerra, prolongando de esta manera una situación de conflicto que permita sostener la inveterada forma de hacer política y gobernar desde la justificación de la violencia.
Como toda hipótesis, debería ser comprobada mediante un hilo conductor de acciones materiales y de argucias planteadas de muchas formas en las redes sociales.
*Antropólogo, teólogo y doctor en Antropología. Exdirectivo de la UNICLARETIANA. Acompañante por más de 25 años a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en el Pacífico. En la actualidad Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y miembro del Comité Coordinador de la Coordinación Regional del Pacífico.
