Escalada en el acoso a la JEP
El acoso a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no cesa. Ocurre desde el Congreso, desde algunos medios de comunicación y, ahora, en una escalada, inimaginable, desde la Fiscalía General de la Nación. Este sábado 6 de octubre, la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP denunciaba un acto de injerencia inaudito. Un policía judicial, con orden de la Fiscalía, intimidó a los funcionarios de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad e hizo efectiva una orden para copiar todo lo referente al Caso 001 –que trata 6.162 hechos de secuestros, homicidios y desapariciones contra 32 exjefes de las FARC- además de mostrar una citación a una entrevista ante la Fiscalía para la presidenta de la Sala, la magistrada Julieta Lemaitre.
La comparecencia pública de la magistrada Linares se conoce 24 horas después de que la Misión de Verificación de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia emitieran un comunicado conjunto alertando de las amenazas que vive la JEP y anunciando que velaran por el respeto de esta instancia angular en el proceso de paz. “Los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los participantes en la confrontación armada dependen entonces del estricto respeto de todos los poderes públicos a la independencia y autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz. Subrayamos la importancia de que la colaboración entre jurisdicciones sea armónica y plenamente respetuosa de sus respectivas competencias”.
Desde la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón cuestiono con dureza la actitud de la Fiscalía y pidió que la Procuraduría investigue al ministerio fiscal para esclarecer si esta “actividad se hizo en desarrollo de facultades legales, correctas o por el contrario fue un exceso y abuso de poder”.
Además de estos choques, la ONU, en su informe ante la Corte Constitucional, también criticó con dureza esta semana la intención de crear una jurisdicción especial para los militares lo que, según el Alto Comisionado para los DDHH, “condiciona la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a las decisiones individuales de los involucrados, creando un tratamiento diferenciado para las víctimas que carece de racionalidad y coherencia”.
La semana ha sido de extrema dureza para la instancia de justicia transicional diseñada en los acuerdos de La Habana y que, se supone, es el eje del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición que contemplaba este agonizante proceso de paz. La magistrada Linares ha explicado que el fiscal general de la Nación. Néstor Humberto Martínez, retiró la orden de inspección que ejecutó el pasado jueves el agente de la policía judicial y dijo sentirse “sorprendido e indignado”, aunque resulta difícil entender que el máximo responsable de la Fiscalía no supiera del procedimiento en marcha.
La Fiscalía, de hecho, ya ha anunciado que va a imputar cargos a Martha Lucia Zamora, directora administrativa de la JEP, y a July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo, contratistas funcionarios de la secretaría ejecutiva de la JEP, por, supuestamente, haber ocultado la salida de tres ex líderes guerrilleros -‘Romaña’, ‘El Paisa’ e Iván Márquez- de las zonas veredales.
El acoso va in crescendo y la agresividad de la Fiscalía parece crecer en paralelo al ataque del uribismo y de la bancada que respalda a Duque con cada aspecto recogido en los acuerdos de paz.
