Las voces que exigen reanudar diálogos con el ELN
Domingo Chalá es el enterrador que sepultó a la mayoría de víctimas después de la masacre de Bojayá. “Aquí tenemos los comentarios de que están los paramilitares, dentro del municipio”, asegura Chalá a los periodistas a mediados de noviembre mientras bebe una gaseosa en una tienda de Bellavista. “No sé si ustedes saben que así fue lo que sucedió el dos de mayo [de 2002]”, agrega. Su temor resume el de toda una comunidad que ahora se encuentra al borde de la zozobra por los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un conflicto que se ha escalado en el Chocó, y que en otras zonas del país involucra a diversos actores como las disidencias de las FARC o los grupos de narcotraficantes.
Y así, mientras todos los días se conocen noticias de masacres en el Cauca o Antioquia, de desplazamientos masivos en Córdoba, de asesinatos de líderes en Santander o Caqueta, de repente, las calles se llenaron con las impresionantes movilizaciones del paro nacional, una de cuyas consignas más claras consiste en exigirle al gobierno un compromiso genuino con la paz y la implementación de los acuerdos de La Habana. Es en tal contexto que resurge ante la opinión pública la necesidad de reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, congelados y empantanados desde el año pasado.
La primera semana de diciembre se ha conocido una carta pública en la que los obispos de varias diócesis católicas le piden a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, y más concretamente al frente de guerra occidental que opera en el Chocó, la liberación unilateral de tres secuestrados que se encuentran en su poder. El documento es suscrito por Darío Monsalve, Juan Carlos Barreto, Hugo Alberto Torres y Mario de Jesús Álvarez, obispos de Cali, Quibdó, Apartadó e Istmina, respectivamente.
«Este gesto de ustedes [la liberación de los secuestrados] lo consideramos apremiante para impulsar acuerdos de convivencia, tan necesarios en la región», dicen los jerarcas de la iglesia, quienes además se ofrecen como facilitadores. La carta se ha interpretado como un intento de destrabar los diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, que se suma también a los llamamientos hechos al gobierno nacional por reconocidos intelectuales y políticos extranjeros.
Estos llamamientos se suman a otra carta dirigida en julio al presidente Iván Duque por Federico Mayor Zaragoza, ex director de la UNESCO, quién instó al presidente a “suspender temporalmente las órdenes de captura contra las/os emisarios del ELN, para activar ya mismo la Mesa de conversaciones».
La llegada de Iván Duque a la presidencia el 7 de agosto de 2018 terminó de empantanar las negociaciones sostenidas primero en Quito y luego en La Habana, diálogos que iniciaron durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Duque no quiso enviar emisarios a Cuba y puso como condición que la guerrilla debía dejar de secuestrar antes de que cualquier funcionario de su gobierno se sentara con ellos a la mesa. Finalmente, el presidente aprovechó un atentado contra la escuela de cadetes de policía en Bogotá para dar por terminadas las negociaciones en enero de este año.
No obstante, la delegación de representantes de esa guerrilla sigue en Cuba y múltiples voces piden a ambos bandos que reinicien los diálogos, o por lo menos, que se respeten los protocolos pactados para su finalización, algo que Iván Duque no ha hecho, pues acusa a Cuba de albergar terroristas y solicita en extradición a la delegación de negociadores del ELN. Recientemente varios académicos e intelectuales, entre los que destacan el prestigioso lingüista norteamericano Noam Chomsky y el premio nobel de paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, pidieron a la Organización de las Naciones Unidas que se salvaguardara al gobierno cubano frente a los hostigamientos diplomáticos de que ha sido víctima desde Bogotá por negarse a extraditar a los negociadores del ELN que permanecen en ese país.
En medio de las tensiones y fricciones diplomáticas, dos declaraciones parecen indicar que hay un ambiente favorable para los diálogos. Una de ellas, la del embajador norteamericano en Colombia, Philip Goldberg, quien dijo en una entrevista con María Isabel Rueda que «en términos generales, sí apoyamos el proceso de paz en el país» y en relación con el ELN aseguró que la decisión estaba en manos del gobierno colombiano.
Aquello se interpretó como una clara postura de no entorpecer la negociación, por parte del gobierno de los Estados Unidos. La segunda declaración fue la del comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quién aseguró la primera semana de diciembre que las puertas al diálogo seguían abiertas y las conversaciones se reactivarían si el Ejército de Liberación Nacional dejaba en libertad los secuestrados que es justamente lo que ahora piden los obispos en su carta a la guerrilla. Además, el mismo presidente Duque ha reafirmado varias veces que la otra condición es poner fin a toda acción ilegal.
Hay que recordar que el comisionado Ceballos no suele honrar sus compromisos. Fuentes cercanas a la iglesia y las organizaciones sociales del Chocó le confirmaron a Colombia Plural que Miguel Ceballos ya se había comprometido a reactivar la mesa de diálogos en septiembre de 2018 si la guerrilla liberaba unilateralmente a tres policías, un soldado y dos contratistas civiles que fueron secuestrados en agosto de ese año en Chocó, cuando regresaban en bote de recoger unos equipos en el río Arquía.
Gracias a la facilitación de la iglesia y del obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, que acompañó personalmente la misión humanitaria, la guerrilla liberó unilateralmente a los uniformados, sin embargo, la mesa de diálogos nunca se activó como había prometido Ceballos.
“Se negocia para darle salida al conflicto que está afectando a la población civil, no para hacerle un favor al grupo armado”, sostiene Leyner Palacios, líder de las víctimas de Bojayá y secretario general de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico. “Ojalá se pueda retomar esta negociación con un compromiso muy alto de cada una de las partes, con la decisión de llegar a un acuerdo, a una solución completa, no para dilatar o hacer shows mediáticos. Se requiere voluntad. En el mismo marco de las negociaciones podemos lograr que la intensidad del conflicto disminuya en estos territorios, siempre lo he dicho, si no se dialoga con el ELN, las comunidades del Pacífico están condenadas a muerte”.
En la línea de estos planteamientos, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, que agrupa a un centenar de organizaciones sociales y étnicas de ese departamento, llamó en un comunicado público del 25 de noviembre a que se reactivara la mesa de diálogos con el ELN, condición imprescindible para aliviar la dura situación humanitaria de las comunidades de esa región del país. Los combates entre esa guerrilla y nuevas estructuras paramilitares en varias regiones del departamento han generado muertes, desplazamientos y confinamientos de comunidades enteras en regiones como el bajo San Juan y el medio y bajo Atrato.
No es la primera vez que actores sociales piden a ambos bandos reanudar las conversaciones, pues ya lo había hecho la minga social, campesina e indígena en las grandes movilizaciones que sacudieron al país durante marzo y abril. El país marginado clama porque se abra este diálogo, un paso necesario para avanzar en ese difícil camino de la paz completa y dar el tránsito a formas diferentes de ejercer la política sin la presión de las armas.
No obstante, algunos consideran que también son necesarios e imprescindibles los gestos del ELN que devuelvan la confianza de los colombianos. Además de la liberación de los secuestrados, algunos facilitadores han sugerido una tregua unilateral durante la navidad que se prolongue hasta la semana santa para que durante esos tres meses de distensión se exploren nuevos escenarios más eficaces de cómo reactivar los diálogos.
“Los obispos han planteado una ruta, que es la liberación de los secuestrados, ahora le corresponde al ELN demostrar que está en capacidad de responder a las expectativas de las mayorías de los colombianos que están pidiendo la paz en las calles”, asegura Jesús Flórez, antropólogo y acompañante de la Comisión Interétnica de la Verdad. “Es un gesto necesario para que se abran condiciones que permitan retomar la mesa, donde se pueda discutir todo lo necesario hacia un cese bilateral al fuego como punto de partida. Al gobierno no le interesa negociar, sólo está buscando la rendición de la guerrilla, pero ahora el escenario ha cambiado gracias a la movilización social. Colombia se volcó a las calles a pedir paz y ese clamor lo tienen que escuchar en la selva y en la Casa de Nariño”.
