Leyner Palacios le exige respeto a Duque y le pide, en nombre del Pacífico, un profundo compromiso de paz
Las amenazas recibidas por Leyner Palacios, líder afro del Pacífico de alta visibilidad, han hecho que el presidente de la República, Iván Duque, lo haya invitado a Bogotá para conversar con él, pero también para participar en la reunión prevista de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Palacios ha ido “no a hablar únicamente de mi situación personal y familiar por las amenazas de las fuerzas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, sino de la crisis humanitaria que padece el Chocó y todo el litoral del Pacífico”.
En una extensa carta que ha entregado a Duque, Leyner Palacios, como secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), le recrimina a Duque que no haya contestado a las anteriores misivas en las que las comunidades advertían al gobierno de que se estaban repitiendo las condiciones que provocaron la conocida como masacre de Bojayá en 2002. Además, le advierte que el copamiento paramilitar de los ríos y veredas del Pacífico se hace “en connivencia con la Fuerza Pública” y que también se ha extendió la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el minado por parte de la guerrilla de zonas de uso comunitario.
Defiende el líder afro que la grave situación que vive el municipio de Bojayá se multiplica en todo el Pacífico y le recrimina que la única variable que para el Gobierno explica esta crisis sea la del narcotráfico. Desde la CIVP se habla de minería, de agroindustria y de la pérdida de autonomía en la gestión del territorio por parte de las comunidades (en el Chocó, por ejemplo, el 96% de las tierras están tituladas comunitariamente).
Ante esta reunión, Palacios plantea, en nombre de las organizaciones étnico territoriales e, incluso, de la iglesia católica, que la solución pasa por respetar lo incluido en el acuerdo de paz firmado en 2016 y nombra la Reforma Rural Integral, las Circunscripciones Electorales Especiales, la reforma política, la sustitución de cultivos para usos ilícitos o la protección integral para comunidades y reincorporados.
Además, en la carta se pide reabrir el proceso de negociación con el ELN, que se generen las condiciones para el “acogimiento colectivo a la justicia por parte de las AGC”, desvincular a las niñas y niños del conflicto, investigar los nexos entre la Fuerza Pública y el paramilitarismo.
Las comunidades, a través de Leyner Palacios, piden un misión especial de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, acompañada por el Gobierno, la Procuraduría, la Defensoría, Naciones Unidas, organismos internacionales y organizaciones étnicoterritoriales a los siguientes municipios: Tumaco, Guapi, Buenaventura, Istmina, Quibdó, Apartadó, Riosucio, Bojayá y Bahía Solano.
Leyner Palacios termina la carta, que va acompañada de diferentes anexos que sustenta todas las afirmaciones, exigiendo respeto a los testimonios de las comunidades que se encuentran confinadas o asediadas, porque, según denuncia, esas voces han sido minimizadas o ninguneadas por el Ejército o por funcionarios del Gobierno.
