Duque improvisa una visita a Bojayá y el Chocó le repite que las soluciones pasan por los acuerdos de paz

Una veintena de organizaciones de todo el Chocó se reunieron ayer en Quibdó para preparara la improvisada visita de Iván Duque a la cabecera de Bojayá (Bellavista) que ha comenzado este sábado a las 9 a.m. Para ellas, no era una buena noticia la visita del presidente de la República. Se hace sin agenda formal, se improvisa por la grave situación humanitaria del Chocó y no ha permitido el tiempo necesario para que los líderes y lideresas de todas las comunidades afectadas se puedan desplazar a explicar la situación de sus vecinos. De hecho, este viernes por la tarde, las comunidades pedían el acompañamiento de embajadores y representantes de organismos internacionales de derechos humanos y se disculpaban por lo precipitado de la petición por la premura con la que había avisado el Alto Comisionado de Paz.

Aún así, hoy se reúnen con Duque en Bellavista decenas de representantes del tejido social, no sólo del municipio de Bojayá, y le están entregando en mano una copia de la misma carta que recibió el pasado miércoles en Bogotá de manos de Leyner Palacios, secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP).

El mensaje es claro: no hacen falta más informes ni más denuncias, el Gobierno sabe lo que pasa, las comunidades lo han denunciado con pelos y señales y, si quiere ser legítimo ante estos pueblos, debe actuar con soluciones integrales en el marco de la paz.

Duque, que en la tarde estará en Quibdó para la toma de posesión de la ministra chocoana Mabel Torres –ese era el programa original-, recibirá esta carta de nuevo, pero suscrita por una veintena de organizaciones.

En este documento, se denuncia la situación de violencia y confinamiento que sufren las comunidades, se advierte de las conexiones entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, se describe el avance territorial del ELN y se recuerda que esta realidad se ha denunciado al Gobierno de forma reiterada sin obtener respuesta alguna. Por ello, se pide la implementación real de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016, la reapertura inmediata de las negociaciones congeladas con el ELN y la generación de las condiciones necesarias para el acogimiento a la ley de los miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

El protocolo de la visita

Duque, al llegar a Bojayá, con casi una hora de atraso, se ha dirigido a visitar un proyecto de tienda comunitaria a la entrada de Bellavista la nueva, donde se movió a toda la población en 2007, cinco años después de la masacre. Después ha visitado el mausoleo a las víctimas, abierto tras la entrega de los cuerpos identificados el pasado mes de noviembre, y se ha dedicado a visitar otras instalaciones (incluido el acueducto). Estaba previsto que se dirigiera a la capilla en Bellavista vieja, donde ocurrió la masacre en 2002, para un acto íntimo de homenaje y una oración dirigida por el sacerdote chocoano Sterling Londoño, vicario general de la diócesis de Quibdó, con la participación del grupo de mujeres Guayacán de Bellavista, quienes le entregarán a Duque una imagen del Cristo Mutilado.

Lo cierto es que hora y media después de haber arribado a Bellavista la nueva aún no se había desplazado a la capillas, por lo que el tiempo para el supuesto encuentro posterior con la comunidad en el auditorio cada vez se reduce más. Ahí era dónde la comunidad preveía poder contarle al presidente la situación que se vive en las diferentes comunidades.

Finalmente, Duque ha llegado a la capilla de Bellavista vieja sobre las 12 del mediodía y allí ha orado frente a la imagen del cristo mutilado y ante los nombres de las víctimas de la masacre tejidas por las mujeres de Guayacán.

Las comunidades han insistido en que el problema del Medio Atrato y del Bajo Atrato no es sólo el narcotráfico -cómo quiere posicionar el Gobierno- sino que se trata de una combinación de disputa territorial, abandono estatal y connivencia de la Fuerza Pública con los grupos ilegales. No parece que el mensaje haya calado de momento en el Estado. De hecho, ayer viernes el Ejército y representantes de la oficina del alto comisionado para la Paz escenificaron en Quibdó una reunión sobre un hipotético plan de desminado militar en las zonas rurales, en especial en la jurisdicción de Bellavista, que no es ni la única, ni la más afectada.

Al mismo tiempo que se realizaba esa reunión, el presidente Iván Duque, en lugar de hablar de paz, entregaba en Popayán «la bandera de guerra» al Comando Específico del Cauca (Cecau), la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) # 4 y la Brigada Liviana de Caballería (Blica). Y, claro, insistía en su discurso de las últimas semanas, que pasa por responsabilizar de todos los problemas de seguridad del país al narcotráfico y a las disidencias de las FARC:  «La más grande amenaza que tienen Colombia (…) reitero, es el narcotráfico. Porque el narcotráfico es devastador del medio ambiente, el narcotráfico vierte químicos, destruye la selva tropical, destruye el patrimonio natural de muchas comunidades. El narcotráfico busca corromper las estructuras de poder, las estructuras de administración y de justicia. Las estructuras del narcotráfico buscan distorsionar la economía local y nacional y buscan, sobre todo, intimidar con su capacidad asesina a los ciudadanos de bien (…) ha sido [el narcotráfico] amenazante de los líderes sociales y ha sido el culpable del asesinato de muchos de los que buscan todos los días convencer a la sociedad del camino correcto”.

Los obispos piden construcción de paz

En la misma línea de pedir soluciones integrales se mueve el comunicado conocido también este sábado en el que 10 obispos del Pacífico y del Suroccidente del país exigen al Gobierno que actúe ante la grave situación humanitaria “en Bojayá, Bajo Atrato y Urabá; así como las comunidades de las cuencas de los ríos San Juan y Baudó (Chocó), Raposo (Buenaventura) y en los municipios de Nuquí (Chocó), Magüí Payán, Olaya Herrera-Satinga (Nariño) y del departamento de Putumayo, principalmente del municipio de Puerto Guzmán”. Y los obispos creen que sólo hay solución en la construcción de paz. Igualmente, piden que se proteja adecuadamente a los líderes y lideresas amenazados y que el Ejecutivo atienda “las alertas por posibles situaciones de connivencia de integrantes de la Fuerza Pública con grupos ilegales, expresadas por organizaciones sociales y de derechos humanos, y por la Diócesis de Quibdó desde años anteriores, y reiteradas en los últimos dos años”.

“En el comienzo del nuevo año, en medio de la zozobra en la que viven tantos ciudadanos colombianos, reafirmamos la necesidad de encontrar salidas políticas y pacíficas al conflicto armado: con ELN para lograr un acuerdo de paz; y con las AGC y estructuras similares, para que se posibilite un acogimiento colectivo a la justicia. Esperamos la respuesta sincera de los diversos actores, mediante gestos concretos de verdadera voluntad de paz” dicen los obispos, que firman de su puño y letra el comunicado.

Los firmante son Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, Luis José Rueda Aparicio, obispo de Popayán, Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de Istmina-Tadó, Hugo Alberto Torres Marín, obispo de Apartadó, Luis Albeiro Maldonado Monsalve, obispo de Mocoa-Sibundoy, Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de Buenaventura, José Saúl Grisales Grisales, obispo de Ipiales, Orlando Olave, obispo de Tumaco, y Edgar de Jesús García Gil, obispo de Palmira.