Hay gestos que resumen una época. El domingo pasado, en la base aérea de Malambo, el presidente Abelardo de la Espriella no supervisó una operación militar: protagonizó una escena de guerra diseñada para ser consumida en pantallas. Firmó una bomba de grueso calibre con la frase “Bienvenidos a la patria Milagro”. El artefacto fue bendecido y, horas después, ya en redes, el Palacio difundió una recreación cinematográfica del bombardeo sobre Tibú que la prensa describió como “muy al estilo Hollywood”, con la explosión reventando el campamento enemigo “en las narices del presidente”. El propio mandatario —declarado como «no pato» para el servicio militar en 1994— se exhibió luego vestido de militar, con boina y armado, confrontando al detenido Jorge Luis Galvis Rodríguez, alias ‘Barba Chivo’, con un insulto directo: “¡Cobarde!” y aventurando que se «pudrirá» en la cárcel. Las imágenes también mostraban las bolsas blancas de cuatro víctimas mortales del bombardeo.
La secuencia completa, firma, bendición, video épico, uniforme, arma, insulto, no es un desborde improvisado. Es una gramática política deliberada y merece ser leída con tres lentes: el comunicacional, el jurídico y el institucional.
La guerra como performance
La teoría política lleva décadas estudiando la ‘espectacularización’ del poder pero lo que observamos en Colombia tiene una especificidad: no es el poder mostrándose en el desfile, sino el jefe del Estado ensayando el papel de combatiente. Firmar proyectiles es una práctica bélica vieja como la Segunda Guerra Mundial; la novedad aquí es la integración del gesto en un relato audiovisual completo, donde el presidente no ordena la guerra desde la distancia institucional sino que la encarna: escribe sobre el artefacto, se disfraza de soldado, humilla al prisionero ante las cámaras.
El objetivo comunicacional es claro y probablemente eficaz a corto plazo: consolidar la imagen de ‘mano dura’ que vendió en campaña —megacárceles, tiro a sospechosos, fin de la paz— y competir en el mercado global de líderes que convierten operaciones militares en contenido viral. Pero toda performance tiene costos y aquí son jurídicos.
El insulto al detenido no es un detalle: es un problema de derecho
Cuando un jefe de Estado humilla públicamente a una persona capturada y aún no juzgada ni condenada, el gesto vulnera un núcleo duro del derecho internacional de los derechos humanos: la presunción de inocencia y el derecho al trato digno de los detenidos (art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 5 de la Convención Americana, art. 29 de la Constitución colombiana). Un detenido no es un trofeo ni un interlocutor legítimo del enojo presidencial: es una persona bajo custodia del Estado y su exposición escarnecedora puede configurar trato cruel, inhumano o degradante, especialmente si se combina, como ocurre, con el mensaje de que al “primer cabecilla que sobrevive a uno de los bombardeos” no le irá mejor la próxima vez.
Además, la prensa ha señalado que las “películas” oficiales de estas operaciones no narran todo: quedan preguntas abiertas sobre cómo se produjeron las capturas y si los objetivos tuvieron oportunidad real de rendirse, algo que el derecho internacional humanitario exige en cualquier ataque.
La firma como evidencia: el punto que los abogados están subrayando
Aquí está el riesgo mayor para el propio presidente. Firmar la bomba, declarar públicamente “los bombardeos que he autorizado” y personificar el ataque no lo convierte en autor material de un crimen de guerra por el solo gesto. Colombia sigue en conflicto armado no internacional y un bombardeo contra un objetivo militar válido es lícito, pero su secuencia de actos documenta conocimiento, aprobación y personalización del mando en cada operación. Si algún ataque resultara desproporcionado, golpeara a civiles o ejecutara a personas fuera de combate, esa película, firmada, bendecida, uniformada e insultante, sería pieza de convicción ante una investigación por responsabilidad del mando (art. 28 del Estatuto de Roma).
El líder que convierte la guerra en espectáculo suele descubrir, tarde, que el espectáculo también es prueba. Mientras tanto, su proyecto de sacar a Colombia del Sistema Interamericano, donde hoy reposan 1.403 expedientes sobre el Estado colombiano, dejaría a las víctimas sin un horizonte de justicia externo.
La bomba de Malambo tenía una inscripción cuyo destinatario nadie explicó. La escena completa, en cambio, tiene un mensaje muy claro: una concepción del poder donde el presidente es a la vez comandante, actor y verdugo. La historia reciente de la región enseña que esa concepción suele terminar mal, y casi siempre ante un tribunal.
Fuentes citadas
- Semana: “Ver el bombazo en las narices del presidente con una recreación muy al estilo Hollywood… película de acción estadounidense”.
- Cambio: citas de la cuenta X de la Presidencia (“los bombardeos que he autorizado… primer cabecilla narcoterrorista que sobrevive”).
- Caracol Radio: “Así fue la operación Noah: la ‘película’ del desgobierno que no le cuenta todo a los colombianos… ¿cumplió con el Derecho Internacional Humanitario?”.
- Cambio (análisis CIDH): 1.403 expedientes relacionados con el Estado colombiano en el Sistema Interamericano.
